A 41 años del golpe aún hay 1.045 causas abiertas

En una situación inédita el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior dio a conocer las cifras estadísticas referentes a los juicios y condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura. El balance que transparenta la situación jurídica en la cual se encuentran los procesados por haber contribuido al régimen represor están publicados con nombre y apellidos en las listas que el ministerio público.En estos documentos se constata la situación actual de las miles de causas que denuncian los vejámenes cometidos por la dictadura y sus agentes de Estado y las condiciones en las que estos han cumplido sus condenas en centros penitenciarios muy distintos a las cárceles públicas, como son el penal de Punta Peuco.

La presentación de este informe fue presentado por Francisco Ugás, Secretario Ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. El balance arroja la cifra de causas que aun permanecen abiertas asignándole un total de 1.045. Además de que el programa figura como querellante en 903 causas por detenidos desaparecidos y ejecutados calificados, cifra que corresponde a 1.759 víctimas.

En cuanto a las 93 causas que se les aplicó el Decreto Le de Amnistía en 1978, el programa informa que 92 ya se encuentran reabiertas favoreciendo a 362 víctimas. Al 15 de diciembre de 2014, 1.073 ex agentes de la dictadura se encuentran procesados, acusados y condenados. Mientras que 281 de estos procesados se encuentran condenados por la Corte Suprema de Justicia. De esta última cifra, 75 procesados se encuentran cumpliendo su sentencia mientras que 206 de ellos están cumpliendo con libertad vigilada, lo que significa que recibieron condenas menores a 5 años y un día.

Mireya García -Vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos AFDD- señaló que “la cantidad de personas que esta cumpliendo con condena efectiva tampoco se corresponde con la cantidad de condenados”. Además, García se refirió a los beneficios que tienen estas personas procesadas por crímenes a los derechos humanos e indico que deben ser tratados como el resto de la comunidad penal.

En cuanto a la media prescripción –que rebaja la pena a la mitad por el tiempo transcurrido desde los crímenes- tanto el gobierno y los familiares de las víctimas han rechazado la aplicación de esta medida. En relación a esto, Ugás dijo que: «Nuestro planteamiento -y ha sido un criterio de actuación de resta repartición- ha sido siempre oponerse a la aplicación de la media prescripción”. Además, explicó que según las normas internacionales este tipo de delitos son imprescriptibles e inadmistiables, por lo que están obligados a tomar esta postura jurídica. Además,  la aplicación de la media prescripción “implica que se pongan sanciones tan bajas, que vulnera el principio de proporcionalidad”.

Ugás se refirió al caso de Cristián Labbé, quién acusó persecución política luego de la investigación por su participación en crímenes contra los derechos humanos. Ante ello Ugás contestó que en el caso Tejas Verdes, Labbé “era uno más” de los militares solicitados para procesar. Pero más allá de casos particulares, Ugás agregó que: “Nuestro Estado tiene que hacer todos los esfuerzos humanamente posibles por encontrar los cuerpos de las víctimas desaparecidas. Yo esperaría que los victimarios que han participado en los crímenes que motivaron la desaparición de numerosas personas en nuestro país, puedan entregar esa información como ocurrió en Argentina. Precisamente los pactos de silencio han sido obstáculos consistentes y extremadamente importantes para limitar el establecimiento de la verdad”.

En tanto, Lorena Pizarro –Presidenta de la AFDD- señaló que este gesto del gobierno es positivo pero deja en evidencia la impunidad. Dijo que “Ninguno de ellos tiene cadena perpetua, pese a que se repiten en una y otra causa”. Pizarro exigió al estado terminar con beneficias y reabrir más causas. Después de casi medio siglo de ocurrido el golpe de estado y la instalación de la dictadura, para la dirigente y víctima “ya no queda tiempo”.

En cuanto a los proyectos memoriales el documento detalla las gestiones realizadas, donde destacan construcciones de memoriales y testimoniales, investigaciones y archivos recuperados y elaborados para contribuir al registro de las atrocidades cometidas en dictadura. Además se publicó el presupuesto que engloba el desarrollo de todos estas reparaciones simbólicas, el cual corresponde a 103.523.868.En materias sociales, el programa ha ayudado a 1.607 familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados calificados. Además de 232 ex prisioneros políticos sometidos a torturas. Por otra parte 80 familias han sido ayudadas para la entrega de restos de sus víctimas.

Para revisar el balance y los documentos que detallan los agentes de la dictadura procesados haz click aquí.