A punto de desmantelarse la Brigada de Derechos Humanos de la PDI

Con una manifestación frente al Palacio de La Moneda y la entrega de una carta a Sebastián Piñera, organizaciones defensoras de DDHH rechazan la posible desarticulación del área encargada de esclarecer los delitos de lesa humanidad en la Policía de Investigaciones.

Preocupadas y en alerta se encuentran diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos ante un posible desmantelamiento de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), producto de una serie de traslados de policías miembros de esta sección. Para las agrupaciones, el principal motivo de esta medida sería la “incomodidad” que su trabajo produciría en algunas de las actuales autoridades civiles y militares.

Las sospechas que despiertan estos traslados en las agrupaciones de derechos humanos aumentan, más aún cuando la información sobre estos procedimientos sólo se ha conocido por medio de la prensa y cuando la decisión ya se había tomado al interior de la institución. De ahí la indignación que causa entre los familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, que aún no logran dar cuenta de su molestia.

Entre los policías trasladados se cuentan el subprefecto Sandro Gaete, quien se desempeñaba al mando de la Brigada desde 2005, y el inspector Ricardo Luengo, quien dirigía el Análisis de la Jefatura de Derechos Humanos de la PDI, donde asumió casos como Colonia Dignidad, el crimen de Orlando Letelier, el asesinato de Tucapel Jiménez, la Caravana de la Muerte, y la detención de Manuel Contreras, entre otros.

Rafael Castillo, quien en 2007 se negó a recibir presiones sobre el informe referente al vínculo entre el general (R) Miguel Trincado y el retiro de restos de detenidos desaparecidos (Operación “Retiro de Televisores”), junto a otros subprefectos se encuentra en la lista de “trasladados”, conforman la lista de policías, todos ellos de impecable labor al interior de la brigada.

La versión de Investigaciones, según un comunicado de prensa, es que descarta que los traslados generen cualquier retraso o inconveniente en el trabajo de la Brigada de Derechos Humanos. Aunque el comunicado sólo se remite al traslado del subprefecto Sandro Gaete, quien será incorporado a la Brigada de Delitos Medioambientales en Puerto Aysén, la institución aclara que cuenta con el personal idóneo para continuar con el trabajo que venía realizando.

Cabe destacar, según la institución, que dichos cambios sólo “se enmarcan en el proceso normal del Plan Anual de Destinaciones de la PDI” el cual, según la fuente, involucró el movimiento de más de 1.500 funcionarios.

¿IMPUNIDAD ENCUBIERTA?

Sobre este asunto, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, manifiesta que no tienen “confianza en la Policía de Investigaciones como institución”, y agrega que su respeto “va solamente a la Brigada de Derechos Humanos”. Ello porque, según Pizarro, todavía observan “que la Policía de Investigaciones sigue teniendo actitudes represivas y violentas con la población”.

Pizarro explica que esta medida lo que provoca es un alejamiento de las causas que ellos han seguido y conocen en profundidad, entorpeciendo la labor que deben realizar como apoyo de la acción de la Justicia. En definitiva, según señala la activista, lo que se busca es “debilitar el avance de las causas”, porque este “traslado” no sería un hecho aislado sino que responde a una política de carácter global y oficial, según ella.

Por su parte, Hernán Vergara, presidente de Amnistía Internacional – Chile, calificó de “inapropiada e imprudente” la forma en que la PDI tomó esta decisión. “Obviamente nos llama la atención que también, en general, no rinda cuenta (la institución) ante la opinión pública”. Por lo demás, Vergara afirma que en materia de derechos humanos, el Gobierno ha actuado “con una cierta improvisación en su forma de hacer cumplir los compromisos suscritos por Chile frente a los organismos internacionales”, y pide que las autoridades pertinentes hagan saber a la población por qué se están tomando dichas decisiones.

Vergara coincide con la opinión de otros organismos de defensa de derechos humanos, al explicar que trasladar a profesionales que han trabajado y se han dedicado desde hace muchos años a los casos respectivos “puede llevar a que los casos se puedan dilatar o puede presentar cierto inconveniente” hasta, incluso, el cierre de la investigación.

POCO COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS

Esta acusación llega en un momento en que el Gobierno ha sido señalado por un ránking de Compromiso con los Derechos Humanos y la Democracia, realizado por el Observatorio Parlamentario, en donde los congresistas del Gobierno presentan un bajo compromiso con estos temas y  poca disposición para asumirlos.

En declaraciones a la prensa, Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas y Coordinadora del Observatorio Parlamentario, afirmó que, por parte de los representantes oficialistas de ambas cámaras “se ve muchas promesas y poca acción”, al momento de medir su grado de compromiso frente a iniciativas legales relacionadas con derechos humanos y profundización de la democracia, ya que si bien existe una disposición al momento de conversar sobre estos temas, a la hora de votar, dicho compromiso se diluye, señala la jurista.

Hernán Vergara coincide con esta mirada. “Uno nota un cierto desperfilamiento del Gobierno en temas de derechos humanos. Pareciera ser que el Gobierno hace una especie de tarea de desperfilar los derechos humanos a un segundo plano”, sin asumir los compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Chile.

La explicación de Lorena Pizarro para este tópico es que estos hechos corresponden a una política general de impunidad del Gobierno. Critica que en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior se mantenga a la ex fiscal Rossy Lamas, quien había tenido contacto con violadores de derechos de las personas, y que a su vez se haya despedido recientemente a una gran cantidad de abogados que llevaban los casos. A eso hay que sumarle el número de causas que quedarían pendientes -cerca de 500 sólo relacionadas con desaparición forzada, a modo de ejemplo-.

Por Christian Armaza Benavides

El Ciudadano