A fines de abril, durante un enfrentamiento en Caquetá entre unidades del Ejército y el Frente 15 de las Farc-EP, fue capturado el periodista francés Roméo Langlois, el cual acompañaba al Ejército en su calidad de profesional. Su captura y posterior retención pusieron nuevamente sobre el tapete, a los ojos de la comunidad internacional, el siempre ocultado conflicto armado que se vive en Colombia. Los insurgentes, luego de despejar sospechas iniciales (creían en un primer momento que Langlois podría ser uno de los agentes israelíes o norteamericanos que acompañan y asesoran al ejército colombiano[1]), sacaron un comunicado el que decía: “Romeo Langlois vestía prendas militares del Ejército regular en medio de un combate. Creemos que lo mínimo que puede esperarse para la recuperación de su plena movilidad es la apertura de un amplio debate nacional e internacional sobre la libertad de informar.”[2]
La respuesta de los medios colombianos a la propuesta de la insurgencia fue típica: El editorial de El Espectador la llamó una “condición descabellada”, insistiendo que no debatirían nada por la fuerza[3]. A su vez, El Tiempo la trató de ser una “exigencia inaceptable” que debía ser rechazada enérgicamente y que las Farc-EP no eran quienes para dar lecciones de principios periodísticos a nadie[4]. Estas respuestas no son sino la variante mediática de la posición que, desde las instituciones, se tiene respecto a la insurgencia: no hay nada que negociar sino su desmovilización. Las puertas a cualquier forma de diálogo están cerradas pues no se discute, ni siquiera se habla, con “terroristas”[5].
En una perspicaz columna, Carlos Cortés Castillo, describía la respuesta de los medios en los siguientes términos:
“Las Farc condicionan la liberación de Rómeo Langlois a un ‘amplio debate nacional e internacional sobre la libertad de informar’ y, como era de esperarse, todo nos indignamos: los periodistas (con el adjetivo incesante de Darío Arizmendi), las organizaciones de libertad de prensa y nosotros, los ciudadanos. Cada cual compite por el calificativo más duro contra esa guerrilla y, después de decirlo, cada cual se siente mejor (…) Hoy en día a la guerrilla la cubre el periodismo de indignación (…) la guerrilla es asesina, secuestradora, ladrona. La respuesta de los directores de medios es similar: las Farc no van a venir a decirnos cómo hacer periodismo. Ni más faltaba. Se apagan los micrófonos y esa es toda la información que nos queda.
Alguien decía hace poco en un foro que el legado que nos dejó el gobierno de Álvaro Uribe es, sobre todo, mental. Estoy de acuerdo. Ahora vemos la realidad en un televisor a blanco y negro. En el caso de la guerrilla, aprendimos a autocensurarnos y a repetir el libreto oficial de la lucha terrorista hasta el punto de que nos vigilamos a nosotros mismos –la privatización de la censura de la que habla Coetzee– y sospechamos del que abandona el redil.”[6]
Finalmente Langlois fue liberado el 30 de mayo, y muy a pesar del bloqueo que los medios intentaron imponer sobre un debate en torno a su rol en el conflicto, el debate se ha comenzado a dar. Pese a que al mismo Langlois le haya parecido la propuesta “descarada” y “provocadora”[7], lo cierto es que, lamentablemente, el debate que está teniendo lugar sobre el rol de los medios, difícilmente se habría dado de no ser por su captura y retención. Y ha sido el mismo Langlois quien, con declaraciones sobre el conflicto que se salen por fuera del libreto oficial que reproducen de manera uniforme los medios colombianos, ha sido puntal para que ese debate comience a darse, aunque sólo sea tímidamente.
FALTA DE LIBERTAD INFORMATIVA Y CENSURA INFORMAL
Una mirada más atenta a la situación del periodismo en Colombia demuestra que tal debate ni es “descabellado” ni es “inaceptable”. Colombia, mal que mal, es un país en el que, en el período 1979-2009, más de 130 periodistas han sido asesinados (98 de ellos asesinados en el período 1992-2006); un país que ocupa, según el informe del 2011 de Reporteros Sin Fronteras, el lugar 143 entre 179 países en términos de libertad informativa[8]. En el informe del 2009 de esta organización, Colombia ocupaba el puesto 126 en el ránking de falta de libertad informativa de un total de 175 países analizados –lo cual significa que, lejos de mejorar, existe un deterioro pronunciado[9].
Y no es que se maten demasiados periodistas. El terror paramilitar y oficial, así como la campaña sistemática de ataques, amenazas y estigmatización a periodistas independientes durante las tres últimas décadas ya han logrado su objetivo: silenciar al periodismo. Según Hollman Morris, uno de los pocos reporteros del conflicto que trabajan en las zonas de conflicto y cuestionan críticamente los discursos oficiales, él mismo víctima de una brutal persecución por su labor investigativa: “El gobierno colombiano dice con orgullo que bajo esta administración ha disminuido el número de periodistas asesinados, lo que es cierto, pero no porque en Colombia haya más democracia, o seamos más tolerantes al pensamiento disidente, o a la crítica, sino que simplemente esto ocurre porque los periodistas se autocensuran (…) los periodistas colombianos están dejando de recorrer las zonas de conflicto, ya que el gobierno reiteradamente ha señalado a los periodistas que recorren estas zonas de estar ‘vinculados al terrorismo’. (…) La censura no es por lo general de frente, no es algo que se hace público, no es el cierre de las emisoras, de los medios, pero es la estigmatización, la amenaza que llega a tu correo, a tu casa, a tus trabajadores, o la estigmatización pública de boca del propio presidente hacia ti, hacia tu trabajo, pero también la estigmatización del gobierno a ciertos temas.”[10]
Esta “autocensura”, que no es sino un tipo de censura informal, mediante el terror y la amenaza en lugar del decreto, es graficada claramente cuando un anónimo periodista afirmaba, el 2001, que “Cuando escribo algo, me pregunto cómo va a reaccionar Castaño [ie., un extinto jefe narcoparamilitar]”[11]. Desde esa época, particularmente desde el término del fallido proceso de paz del Caguán y el inicio del régimen de “Seguridad Democrática” de Álvaro Uribe Vélez, los periodistas han sido forzados a callar o a repetir dócilmente el discurso oficial; han sido forzados por medios oficiales y paraoficiales, así como por la fuerza del mercado laboral, controlado por un par de grupos económicos ligados al bloque en el poder.
El propio presidente Uribe, quien durante su mandato se caracterizó por proferir múltiples amenazas y temerarias acusaciones contra detractores, críticos o periodistas intentando hacer su labor profesional, impuso claramente los límites al ejercicio del periodismo en un discurso pronunciado en Tres Esquinas, el 31 de enero del 2003: “Los periodistas van a tener que ayudar al pueblo colombiano, autolimitándose, evitando su temeridad, comprendiendo que primero está el derecho del pueblo colombiano a rescatar su seguridad, que el afán de la chiva periodística”[12]. El periodismo investigativo se convertía, entonces, en una “chiva”, y el periodismo “serio” debía supeditarse a la estrategia militar (ie., de “seguridad”) del gobierno. Este punto fue también enunciado por el conservador Juan Gómez, entonces senador (y ex director del periódico El Colombiano), quien dijo el 2004 que: “Un punto importante es saber qué hacer en caso de recibir avisos de ataques o tomas guerrilleras; no perseguir solamente la chiva, la exclusividad y por ello atentar sin querer, contra la democracia. Hay que saber que la prudencia, en algunos casos, es más importante que la verdad.”[13]
El general Mario Montoya fue un poco más allá al exponer claramente la manera en que los medios debían servir de propaganda para las Fuerzas Militares y Policíacas del Estado: “También necesitamos que se reconozca más nuestra labor, pues en muchos casos se magnifica más la violencia que las labores de inteligencia y las operaciones del Ejército, la Policía, la Fiscalía, el CTI, el DAS y la Procuraduría. Nos duele que se desconozca lo que hacemos con mucho esfuerzo y que se le de otra connotación, simplemente buscando una noticia. Nos duele, que se magnifique algo que es mínimo y que se desconozcan los verdaderos trabajos que estamos haciendo. Eso daña nuestras relaciones.”[14]. Las alianzas del Ejército con el paramilitarismo, que en dos décadas se cobraron 175.000 víctimas reconocidas son, en opinión de Montoya, algo mínimo. También lo deberían ser los más de 3.000 muchachos ejecutados extrajudicialmente en los llamados “falsos positivos”[15]. Y también la brutal persecución del DAS contra la oposición, organismos de derechos humanos y contra periodistas demasiado “entrometidos” (como el citado Morris), deberían ser considerados hechos menores y no crímenes monstruosos[16].
Quizás donde sea más fácil constatar esta camisa de fuerza con la cual se desenvuelve la actividad periodística en Colombia es en la ausencia de humor político en ese país. El humor político requiere de visión crítica, agudeza, rebeldía e irreverencia. Todas cualidades de las que se carece en los medios colombianos, donde (salvo muy honrosas excepciones) reina la lambonería, el servilismo y el culto a las autoridades. Nos dice Morris que “Yo creo que el asesinato de Jaime Garzón fue un mensaje al periodismo crítico en Colombia. Que no nos metiéramos con ciertos poderes de la sociedad colombiana, para mí ese fue el mensaje. A partir del asesinato de Jaime Garzón desaparece la crítica política en televisión, desaparece el humor político en televisión, y hasta el día de hoy, diez años después de su asesinato no existe humor político en la televisión colombiana.”[17] No hay comparación posible entre la genialidad de un personaje como Heriberto de la Calle, interpretado por Jaime Garzón, el lustrabotas que entrevista y puya a personalidades políticas, con las increíbles genuflexiones ante el poder de un William Calderón en “La Barbería”: semejante lambonería, semejante servilismo, semejante culto a la personalidad (propio de una dictadura) como el que se aprecia en su vergonzosa “entrevista” a Uribe Vélez (2010), amen de su abismante falta de talento, creatividad y genio, son prueba del “embrujo autoritario” en los medios que repite el libreto “oficial” al pie de la letra[18].
EL ESTADO CONTRA EL PERIODISMO INVESTIGATIVO
En el caso de las amenazas y ataques contra periodistas en Colombia, el rol del Estado fue más allá de las amenazas televizadas o del sicario eventual contratado por algún “funcionario de Estado corrupto”. En Colombia se puso en movimiento una estrategia deliberada desde el Estado, a través del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la cual dependía directamente del Ejecutivo, para acallar a los periodistas, desinformar a las masas, manipular información, desprestigiar a sus críticos. Esta estrategia, conocida como el escándalo de la DASpolítica, fue llamada por el periodista Juan Gossaín en un famoso editorial por RCN Radio, como un “plan para destruir al país”[19]. Hollman Morris matiza un poco esta posición “Este no fue un plan contra todo el país: el Partido de la U, por ejemplo, no fue tocado. Plinio Apuleyo Mendoza no sufrió ninguna persecución, ni tampoco Ernesto Yamhure, ni los directores de los grandes medios de comunicación tampoco fueron víctimas (…) Todo aquel que expresó alguna opinión contraria a este gobierno fue objeto de una persecución criminal, esos son miles sino millones de personas. Esto es una práctica propia de las más terribles dictaduras del mundo.”[20] Esta estrategia no podría haber sido implementada sin la participación activa de varios periodistas y presentadores, muchos de ellos enquistados en programas estelares en horario prime -“hay periodistas que recibieron pagos del DAS y colaboraron en las campañas de desprestigio en contra de sus víctimas”[21].
Hollman Morris fue acusado en varias ocasiones directamente por el entonces presidente Uribe de ser un auxiliador de la “guerrilla” por su trabajo de periodista; también el actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa, acusó a Morris de hacer apología al delito por cubrir al conflicto y cometer la “herejía” de entrevistar guerrilleros el 2009[22]. La ironía de que el gobierno de Santos pusiera el grito en el cielo cuando los insurgentes retuvieron a Langlois en medio de un combate, cuando el Estado ha perseguido y criminalizado a otros periodistas no podía pasar por alto para un columnista agudo como Alfredo Molano: “Ahora cuando ha pasado tanta agua bajo el puente, es oportuno recordar que el 2 de febrero de 2009, en el mismo municipio de Unión Peneya donde fue el combate en que se perdió Langlois, el batallón Héroes de Guapi retuvo a los periodistas Hollman Morris, Leonardo Acevedo y Camilo Raigozo, y los acusó de apologistas del delito y propagandistas de las Farc que cubrían de civil la entrega de secuestrados a Piedad Córdoba y a Daniel Samper Pizano.”[23]. Hollman Morris tenía un archivo personal en la oficina del DAS y la persecución en su contra fue denominada por los “policías políticos” con el código “Operación Puerto Asís”[24].
Pero Morris no fue el único periodista con quien se ensañó el Estado[25]. Según el columnista Ramiro Bejarano, “muchos comunicadores han intentado ejercer su oficio rastreando el conflicto de muy diversas maneras y a cambio han recibido estigmatizaciones y amenazas de todo orden, hasta de altos dignatarios del Estado.”[26] Existe un listado de al menos 15 periodistas que durante los últimos años de la década pasada fueron sometidos a un minucioso espionaje por el DAS[27]. Otro caso emblemático fue el del periodista de Noticias UNO y columnista de Semana, Daniel Coronell, quien tuvo que salir del país el 2005 cuando comenzó a recibir una serie de amenazas por sus investigaciones sobre la corrupción del régimen de Uribe y los vínculos de su familia con el narcotráfico y la delincuencia organizada: estas amenazas consistían en llamadas amenazantes, correos electrónicos de igual índole, coronas fúnebres con su nombre, con el de su esposa o el de su hija, y cartas en las cuales le explicaban cómo le devolverían a su pequeña hija cortada en pedacitos[28].
Que estas fueron prácticas sistemáticas normadas por el DAS lo demuestra el “manual de amenazas” que salió a la luz pública durante las investigaciones de la Fiscalía a ese organismo. En él se dan instrucciones muy precisas sobre cómo amenazar a la periodista Claudia Julieta Duque. En él se ordena:
“- Hacer la llamada en cercanía a las instalaciones de Inteligencia de la Policía.
– No tartamudear, ni durar en la llamada más de 49 segundos.
– Llamar preferiblemente desde un teléfono de ETB de tarjeta, en caso de que inmediatamente devuelva la llamada.
– Constatar que en el perímetro no haya cámaras de seguridad. Así sean de tránsito.
– Quien realice la llamada la debe hacer solo y desplazarse en bus hasta el sitio.
– Extremar las medidas preventivas dado que Claudia Julieta avisará inmediatamente de la llamada al coronel Novoa de la Policía Nacional (mismo que en otras oportunidades nos ha afectado institucionalmente)»[29].
Y luego, en este documento oficial, se da un instructivo sobre cómo debería ser una llamada de amenaza “tipo”:
«Saludo: Buenos días (tardes). Por favor la doctora Claudia Julieta Duque se encuentra?
Mensaje: Señora, es usted la mamá de María Alejandra (esperar contestación) Pues le cuento que no nos dejó otra salida, se le dijo de todas la formas y usted no quiso hacer caso, ahora ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir. Nos tocó meternos con lo que más quiere, eso le pasa por perra y por meterse en lo que no le importa vieja gonorrea hijueputa….»[30].
Duque recibió la llamada en noviembre del 2004, la cual se ajustó a las instrucciones. “El agresor de Duque, además de lo previsto en el libreto, agregó que iban a violar y asesinar a su hija de 10 años. En uno de los apartes dijo: ‘Su hija va a sufrir, la vamos a quemar viva, le vamos a esparcir los dedos por la casa’. Ante esta situación, la periodista no tuvo más opción que irse del país.”[31]
Estas amenazas y agresiones, a veces por medios paraestatales, a veces por medios estatales, son los que han arrinconado y aniquilado prácticamente al periodismo investigativo en Colombia, reduciendo el rol del periodista ante el conflicto al de correa de transmisión entre el público y el Ministerio de Defensa. Esto, mientras el Estado invierte sumas millonarias en propaganda al servicio de sus políticas, fundamentalmente, en el área del conflicto: el 2007, se sabe que se gastaron $12.800.000.000 en propaganda a favor del gobierno -de esta suma, el 42% fue a favor del Ministerio de Defensa[32]. Así hemos llegado a la situación en la cual el periodismo colombiano, lejos de informar y analizar la realidad del conflicto, reproduce el discurso oficial a la vez que reduce la crudeza de la guerra a una especie de “Reality Show” predecible y maniqueísta. Según la periodista María Teresa Herrán: “La guerra, en términos audiovisuales, se describe como una serie de sucesivos ‘golpes’ (…) a partir de los videos suministrados por el Ministerio de Defensa, el DAS y la Policía. Los espacios de opinión están relegados a la estratosfera de la medianoche. (…) Eso la convierte en un «Reality Show», en el que no importa tanto lo que se diga o se haga, sino lo que se aparenta.”[33]
CONTROL MONOPÓLICO DE LOS MEDIOS
En la edición electrónica de la Revista Insurrección, del ELN, se dice que los tres grandes temas que cruzan el tratamiento que desde los medios de comunicación se da al conflicto, son: (a) la negación del conflicto armado, salvo cuando se le acepta por situaciones coyunturales; (b) el entrelazamiento profundo existente entre los medios de información y el monopolio de la propiedad en Colombia; (c) y el cruce de intereses entre los monopolios económicos, medios de información y gobernantes[34].
Sobre el primer elemento, no hay mucho que decir, ya que los medios se unieron dogmáticamente al coro que ha reducido el conflicto social y armado colombiano a una caricatura salida de un manual para principiantes sobre “lucha anti-terrorista” –al cual solamente aceptan a regañadientes por conveniencia, sea para evitar juicios en la Corte Penal Internacional (sin conflicto, los ataques del Ejército serían contra “civiles”, no contra “combatientes” con todas las implicancias que esto conlleva), sea para acotar el alcance de iniciativas como la Ley de Víctimas. Al respecto, dice Rubén Darío Zapata, del periódico alternativo Periferia: “los medios masivos de comunicación asumieron las máximas del discurso uribista: en Colombia no hay conflicto y las guerrillas apenas sí son un grupo de facinerosos que aterrorizan a la población civil.”[35]
Respecto a los otros dos puntos, éstos están estrechamente ligados. Para nadie es un misterio que las cuatro familias que controlan Colombia controlan también sus más grandes medios. Caracol Televisión y el diario El Espectador son propiedad del grupo Santo Domingo; El Tiempo es propiedad del grupo de Sarmiento Angulo; RCN pertenece al grupo de Ardila Lulle; y la multinacional Prisa es dueña de Caracol Radio y Radio W. Y para nadie es un misterio el rol de la familia del presidente Juan Manuel Santos en los medios colombianos: su familia es una importante accionista del diario El Tiempo, a la vez que su hermano Enrique Santos fue director de este periódico; Francisco Santos, primo hermano del presidente, es director de RCN Noticias.
¿Puede pensarse que con semejante control de los medios y con semejante cruce de éstos con las élites gobernantes, los medios pueden ejercer un rol crítico, fiscalizador de la labor de los gobernantes? Un caso en el que se demuestra este cruce de intereses entre gobernantes y grupos económicos que controlan los medios, ocurrió a mediados de octubre del 2009, cuando Claudia López, una de las pocas voces críticas en el diario oficialista El Tiempo, fue despedida sin previo aviso, a raíz de una columna en la que cuestionaba la parcialidad de este diario en relación con las aspiraciones presidenciales de Juan Manuel Santos[36]. Bastó una columna en la que se cuestionara la cobertura noticiosa del periódico, así como su favoritismo político claro con uno de los miembros del clan Santos, para que el periódico haya “entendido” esta columna como una “carta de renuncia”, la cual “aceptaron” de “forma inmediata” (sic). Rara vez el cinismo para justificar un despido arbitrario y un acto de censura tan descarado han llegado a semejante extremo.
De la misma manera, es impensable que estos medios, en manos de poderosos sectores económicos, con múltiples intereses en juego en el conflicto[37], y estrechamente aliados a un gobierno comprometido con una solución militarista, vaya a observar un rol crítico, imparcial o siquiera neutral ante el conflicto social y armado colombiano. Esto fue reconocido, en un excepcional momento de franqueza, por el periodista de Caracol Radio Héctor Rincón: “Damos unos contenidos pobrísimos, (…) tenemos un lenguaje que no pertenece al rigor periodístico, que no cumple funciones de neutralidad”[38]. Huelga decir que desde que hiciera esta autocrítica, el 2004, la situación, lejos de mejorar, ha empeorado ostensiblemente. La lambonería y la mediocridad son premiadas, mientras la investigación y la crítica son perseguidas y atacadas.
¡TODOS CONTRA LAS FARC!
Obviamente, los medios no son imparciales o neutrales en el conflicto colombiano, sino que lo cubren desde una histeria en la cual cualquier cosa que se diga de las guerrillas, siempre y cuando sea negativa, tiene credibilidad, aún las historias más increíblemente absurdas. Como cuando el 2008 los medios, para intentar convencer al mundo de que las Farc-EP son una “amenaza global” armaron una fábula según la cual los guerrilleros planeaban conseguir Uranio para elaborar “armas de destrucción masiva” –lo cual habría estado “corroborado” en unos 30 kilos de uranio que se “encontraron” en Bogotá y en información sacada del sombrero de mago que fueron los computadores del extinto comandante Raúl Reyes (del cual montaron otras fábulas no por burdas, menos creativas)[39]. Que incluso ciudadanos medianamente educados e inteligentes hayan creído semejante disparate, demuestra el nivel de adoctrinamiento al que están sometidos los colombianos, a los cuales incesantemente los medios les machacan esta clase de absurdos. Desde luego, esta “noticia-ficción” finalmente quedó en nada, pero el mensaje subliminal de unas “guerrillas perversas” dispuestas a cualquier acto diabólico es el que queda en el “disco duro” del ciudadano promedio, de clase media, que vive en las grandes ciudades y que sólo conoce el conflicto a través de los noticieros.
En los medios, se reproducen una serie de lugares comunes que jamás se contrastan con la realidad, que hacen parte de la propaganda de guerra contrainsurgente oficial: las guerrillas, y principalmente las Farc-EP, serían organizaciones, no revolucionarias o insurgentes, sino “narcoterroristas”[40] (afirmación que nunca demuestran con evidencia seria que las guerrillas efectivamente trafiquen, más allá del impuesto que cobran, “a la brava”, a los narcos –los cuales sí tienen muchos amigos en el parlamento y en los grandes grupos económicos- al igual que el que cobran a otras actividades económicas en sus áreas de influencia[41]), que no operan, sino “delinquen”[42], en determinadas “zonas marginales” del país (aún cuando estén en el centro geográfico del país como Tolima, Huila, Valle, etc.), y sus acciones militares, aún cuando se ajusten plenamente a las normas de la guerra moderna, son siempre “actos terroristas” y no ataques.
El mismo presidente Juan Manuel Santos declaró, recientemente a través de su tweeter que “Se han desmovilizado 417 terroristas de las Farc, 60 del ELN y se han capturado 1.723 miembros de las Bacrim en 2012”[43]. O sea, terroristas son los guerrilleros; los paramilitares no.
La guerrilla carecería de ideología, según los medios: “No sólo las Farc carecen de jefes como Arenas y Marulanda, sino que tampoco tienen un discurso político que seduzca, excepto a los criminales, narcotraficantes y delincuentes de toda laya (…) Ya las Farc no son la guerrilla de convicción ideológica férrea que se movía hábilmente de noche, con un gran conocimiento del terreno y con una capacidad enorme para la sorpresa en sus combates con el Ejército. Son una agrupación criminal, contra la que se enfrentan no sólo las Fuerzas Militares y de Policía, sino el país entero, cansado de sus mentiras e infamias.”[44]. El Tiempo también estaría de acuerdo con estas expresiones, ya que las Farc estarían, según ellos, viciadas por el narcotráfico, sin ya ninguna ideología[45]. En el mejor de los casos, la insurgencia disfrazaría de ideología su “terquedad”[46]. Pero curiosamente, la izquierda es frecuentemente acusada de ser una fachada del movimiento guerrillero, y frecuentemente caen “ideólogos” de la guerrilla[47]. Nadie en los medios puede explicar entonces por qué una guerrilla sin “ideología” buscaría lazos con la izquierda o por qué un cartel de supuestos narcotraficantes se molestaría en tener “ideólogos” –cosa que los paramilitares jamás necesitaron. En realidad, jamás la oligarquía colombiana ha aceptado la naturaleza política del movimiento insurgente en Colombia: antes les llamaban “bandidos”, “chusmeros”, luego “comunistas” (no para hacer hincapié en lo ideológico, sino que en el supuesto carácter de agitadores en el “idílico” campo colombiano, al servicio de una potencia extranjera en el contexto de la Guerra Fría, enemigos del orden y la moral) y ahora “narcoterroristas”. En realidad jamás los poderosos han aceptado la legitimidad política de quienes los interpelan y en todos los tiempos y en todas las tierras, los han desacreditado en términos semejantes a los que utiliza la oligarquía colombiana[48].
Cada vez que hay algún atentado o cae algún civil asesinado, los medios, sin preocuparse de contrastar la evidencia o investigar lo sucedido en el terreno, culpan inmediatamente a las Farc-EP, repitiendo de manera servil y acrítica la información (interesada, parcial y propagandística) de fuentes militares o del gobierno. Culpar a las Farc-EP de todo cuanto ocurre en el país es una actitud refleja de los medios, que se muestra muy funcional a la estrategia de propaganda del gobierno, más no así a la formación de una ciudadanía crítica y pensante.
En muchos casos se ha culpado a las Farc-EP de crímenes que finalmente han sido realizados por paramilitares o el ejército: tal ha sido el caso de las bombas del Barrio Gaitán para la re-elección de Uribe, la masacre de Jamundí, la bomba de Ituango, la masacre de San José de Apartadó, etc. Lo mismo puede decirse de toda la confusión que están montando alrededor del caso de la masacre de los niños de Tame, Arauca, donde está claramente implicado el ejército[49]. Rubén Darío Zapata ilustra esta situación y aclara la actitud adoptada por los medios cuando se ha descubierto que estos crímenes no son responsabilidad del movimiento insurgente: “Cuando se conoció que alguno de esos crímenes eran responsabilidad de bandas de delincuencia común, los medios igual insistieron en su versión, no se sintieron obligados a rectificar”, ilustrando esta afirmación con el emblemático caso del “collar bomba”: “El 15 de mayo del año 2000, por ejemplo, dos delincuentes colocaron un collar bomba a una señora, Elvia Cortés, exigiéndole a su marido una suma de 15 millones de pesos. Esta imagen dio la vuelta al mundo por la televisión y se estampó en muchísimos periódicos. Tan famosa fue la historia que luego la recreó para televisión la productora Huella Latente, lo que sirvió para desprestigiar a las Farc y al proceso de paz (…) Pero no hicieron el mismo esfuerzo de difusión cuando se comprobó que los autores del collar bomba eran delincuentes comunes y no integrantes de las Farc.”[50].
Hasta el día de hoy, converso con personas que siguen creyendo que el “collar bomba” fue obra de las Farc-EP, prueba irrefutable de su “más absoluta degradación”. Cuando les comento que ese acto fue obra de delincuentes comunes se sorprenden: “¿Y por qué El Tiempo no dijo nada?”… a lo cual uno no puede responder sino con una sonrisa…
EXAGERACIÓN DE LAS VIOLACIONES INSURGENTES, MINIMIZACIÓN DE LAS VIOLACIONES DEL ESTADO Y DEL PARAMILITIRISMO
La parcialidad de los medios es cuantificable. Desconozco si se ha realizado algún estudio cuantitativo sobre los medios y el conflicto en la prensa colombiana, pero un análisis cuantitativo hecho por el periodista canadiense Garry Leech sobre la cobertura a las violaciones de los distintos “actores armados” colombianos en el New York Times, es ilustrativo. Según cifras del Cinep, hacia fines del primer gobierno de Uribe Vélez, la fuerza pública era:
“responsable del 56% de los abusos (…) Mientras que los paramilitares y las Farc eran responsables del 29% y del 10%, respectivamente, de los abusos.
Estas estadísticas están frecuentemente en aguda contradicción con el panorama presentado por los medios, en los cuales una interminable lista de declaraciones de representantes del gobierno colombiano y de EEUU se refieren frecuentemente a la ‘brutalidad’ de los ‘terroristas’ de las Farc, sin mencionar, salvo en raras ocasiones, las violaciones de paramilitares y militares. Por ejemplo, cada vez que algún civil es asesinado, personeros del gobierno colombiano acusan inmediatamente a las Farc. Los medios masivos obedientemente reproducen las acusaciones sin realizar sus propias investigaciones sobre el crimen. Y en aquellas ocasiones en que finalmente hay suficiente evidencia como para concluir que fueron en realidad los paramilitares o el ejército los responsables del crimen, la falta de interés del gobierno en esta nueva evidencia hace que los medios masivos no revelen la información corregida, dejando en consecuencia la impresión de que las Farc fueron las culpables.
(…) Un estudio sobre civiles asesinados claramente demuestra este abismo entre la realidad en el terreno y la manera en que la presentan los medios. Durante el primer período del presidente Uribe (2002-2006), el New York Times publicó 21 notas que se referían específicamente al asesinato de civiles en Colombia. 17 de los artículos culpaban de los asesinatos a la guerrilla, mientras que en dos artículos se responsabilizaba al paramilitarismo y en uno al ejército, y tanto a los rebeldes como a paramilitares en el resto. En cada uno de los 17 artículos en que se culpaba a la guerrilla, las únicas fuentes consultadas fueron oficiales del ejército o el gobierno colombiano.
Sin embargo, según el informe de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) de 2007, las guerrillas fueron responsables del 25% de los asesinatos de civiles durante el primer período del presidente Uribe en el gobierno. En tanto, los paramilitares fueron responsables del 61% de los asesinatos y el ejército colombiano del 14% restante. Estas estadísticas difieren dramáticamente del panorama presentado por por el New York Times, que da la impresión de que las guerrillas son responsables del 80% y no del 25% de los asesinatos. A su vez, el New York Times da la impresión de que los paramilitares eran tan sólo responsables del 10% de los asesinatos y el ejército de un mero 5%”. [51]
Este estudio demuestra, de manera irrefutable, el papel de los medios en promover una percepción distorsionada del conflicto en personas que no tienen experiencia directa con él (sea en Colombia o fuera de ella). No creo que los resultados que arroje un estudio semejante sobre los medios en Colombia sean muy diferentes. Y si son diferentes en algo, no me extrañaría que los medios colombianos fueran aún más parciales que los de EEUU[52].
LAS FUENTES “OFICIALES” SON INCUESTIONABLES
Hemos dicho que, en general, la prensa y los medios colombianos, funcionan como eficaces portavoces de las clases dominantes. Esto no es una exageración y ha sido reconocido, por ejemplo, por el Proyecto Antonio Nariño, establecido el 2001 para determinar el grado de libertad de expresión en Colombia. En un análisis hecho el 2003 en trece periódicos de Colombia sobre el cubrimiento del conflicto armado los resultados fueron consistentes con esta opinión, además de revelar la mediocridad del periodismo colombiano en general: “El 47% de la información está construida con una sola fuente mientras el 21% no cita ninguna fuente. De las informaciones que son construidas con más de una fuente, que equivale al 31%, el 88% no contrasta la información, o sea, sólo maneja una visión, no hay contraste. La mayoría de la información proviene de fuentes oficiales, lo cual debería ser una garantía de transparencia de la información. Pero infortunadamente no es así, hemos encontrado muchos casos en los que no es así, obviamente, por ser un Estado en guerra”[53].
Dice Rubén Darío Zapata que “una de las características de los medios masivos de comunicación que se profundizó en estos ocho años de gobierno de Uribe tiene que ver con la adopción de las fuentes oficiales como única fuente y el discurso oficial como manual de estilo.”[54]. Digamos que con la llegada de Santos al poder la situación no ha cambiado en absoluto.
Según Ramiro Bejarano “la mayoría de los colombianos sabemos de esta guerra son apenas los datos que los medios reproducen de los boletines militares o del gobierno, que obviamente son parte interesada”[55]. En su opinión, por consiguiente, la presencia de periodistas extranjeros, y que por lo mismo deberían tener una cierta “distancia” y mayor objetividad, sería esencial para comprender mejor el conflicto. En otra columna, Daniel Pacheco también resalta la necesidad de periodistas extranjeros para cubrir el conflicto, ya que éste, a las buenas o a las malas (cooptación o amenaza), se ha convertido en terreno minado para los colombianos: “dos periodistas extranjeros, Karl Penhaul y Carlos Villalón, un inglés y un chileno, fueron hasta la zona del secuestro (sic) y trajeron de vuelta un video en el que un jefe de cuadrilla de la guerrilla leía el comunicado donde la guerrilla reconocía que tenía a Roméo en su poder. En Bogotá no corrió esa desazón fría de cuando se pierde una exclusiva, parecía haber una aceptación tácita de que era una tarea fuera de límites para los colombianos. Y sin escozor los periodistas extranjeros se convirtieron en fuente de medios colombianos.”[56]
Tan naturalizada está la tendencia a aceptar a las fuentes oficiales como las únicas legítimas, que incluso alguien como Jaime Abello, director de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, puede plantearse una pregunta extraordinariamente retórica con la cual se demuestra que el periodismo en Colombia se hace al estilo del “mundo al revés”:
“¿se ha preguntado el Estado colombiano y se han preguntado las Fuerzas Armadas su papel, o sea su responsabilidad social y legal, como productores de información, como una fuente principalísima de todo lo que está ocurriendo en el conflicto armado de nuestro país? Yo quisiera saber por ejemplo, ¿qué clase de cuestionamiento, de revisiones, le hacen las Fuerzas Armadas a los Comandantes de Brigadas que inventan o que hacen montajes, porque sabemos que esos montajes existen, mostrando que hay veinte muertos, que resulta que les cambian la foto o yo no sé qué y no se sabe si son guerrilleros o son paramilitares, o si son personas inocentes y dicen: ‘ahí están los guerrilleros a los que les dimos de baja’; ¿qué clase de reflexión, por qué el país no ha abierto un debate sobre la responsabilidad jurídica, social, legal de las Fuerzas Armadas Colombianas como productores de información institucional? Entonces ahí hay otro papel, el de las fuentes.
Los medios trabajan muy cerca de las fuentes, y no nos engañemos, cuando hablamos de fuentes casi que podemos hablar de poderes; poderes económicos, poderes empresariales, poderes políticos, que son los que ocupan el 80% del espacio noticiable de los medios y que son los mayores generadores de información”[57].
Si esto es el “nuevo periodismo iberoamericano”, tenemos realmente un grave problema. No solamente se acepta a los poderes económicos, políticos y empresariales como fuentes privilegiadas, sino que se acepta que la fuente “principalísima” de información sobre el conflicto colombiano son las Fuerzas Armadas, es decir, una de las partes del conflicto. Sin ninguna vergüenza, por tanto, el periodismo se pone del lado de una de las partes del conflicto y luego se le cuestiona por si hacen “montajes” o “mienten”. El Estado siempre miente; el Ejército siempre hará propaganda favorable a sí mismo e intentará mentir sobre su adversario, la insurgencia. El problema no es ese, sino que el periodismo sea incapaz de contrastar fuentes, de investigar, de cuestionar, de ir más allá de las cifras oficiales. Que nos podamos limitar sencillamente a exigir al Estado ser una “fuente de información más fiable” es prueba de la bancarrota del periodismo colombiano. Un periodismo que en poco se diferencia de la irresponsabilidad del periodismo estadounidense en la cobertura de la agresión a Irak –Judith Miller, una periodista del New York Times que durante meses escribió artículos sobre las “armas de destrucción masiva de Hussein”, repitiendo como guacamaya las declaraciones del gobierno de Bush, y que preparó así el terreno para la invasión a Irak, haciendo ambiente entre la opinión pública norteamericana para la aventura bélica, se justificó cuando salió a luz que sus artículos estaban llenos de mentiras de la manera más cínica: “Mi trabajo no consiste en evaluar la información del gobierno ni en ser una analista de inteligencia independiente. Mi trabajo consiste en contar a los lectores del New York Times lo que el gobierno creía respecto al arsenal de Irak”[58]. De esta manera se construye un periodismo al servicio de los poderosos y de las políticas de los gobiernos de turno, no al servicio de la verdad, de la crítica o de la formación de una opinión pública informada y consciente.
LANGLOIS PONE EL DEDO EN LA LLAGA DEL PERIODISMO DEL CONFLICTO COLOMBIANO: EL CONFLICTO
Apenas liberado, Roméo Langlois comenzó a hacer una serie de declaraciones respecto al conflicto y al rol que él entiende los periodistas debían tener ante éste: “Digo yo, como periodista, que hay que seguir cubriendo el conflicto desde todos los lados (…) Ojalá que el ejército siga llevando gente a las zonas de conflicto (…) Ojalá haya personas que también van con la guerrilla a mostrar el diario vivir de los combatientes”[59]. Criticando la invisibilización de las zonas de conflicto en los medios colombianos, Langlois expresó “Me parece triste que haya que retener gente para que la gente venga a esta zona”[60]. Como es lógico, sus opiniones causaron escozor en la mayoría de los medios, mientras se le acusó de sufrir del síndrome de Estocolmo, de tener relaciones con la insurgencia y otras cosas que siempre se dicen cuando alguien se sale del libreto oficial de que la insurgencia son la personificación de Satanás y las únicas responsables de todas las desgracias de Colombia y el mundo[61]. Antes que Langlois, el ex gobernador del Meta, Alan Jara, había producido reacciones igualmente hostiles cuando dio su opinión objetiva y con perspectiva sobre su cautiverio de varios años en manos de las Farc-EP sin sumarse al coro histérico del libreto oficial[62]. De “pobre víctima”, Langlois pasó a ser un “extranjero entrometido” para los arrodillados al régimen.
Uno a uno, los prejuicios y lugares comunes que imperan en los medios colombianos:
-A diferencia de quienes aseguran que la insurgencia carece de “ideología” o que sus fines son “delincuenciales” y no políticos, Langlois dio su opinión de que los guerrilleros le “parecieron aún más politizados que antes”[63].
-Ante los que hablan de la “amenaza terrorista”, como si en Colombia no hubiera conflicto, o a los que solamente lo informan desde la perspectiva del Estado, Langlois afirmó de manera inequívoca que «el conflicto se ha vuelto invisible; tenemos que pensar cómo cubrirlo (…) el Gobierno vendió la idea de que el conflicto acabó, y así no es»[64]; «Nosotros nos vamos y este conflicto va a seguir. Los campesinos van a seguir sin carreteras»[65].
-Frente a los que hablaron de una guerrilla inhumana y secuestradora, Langlois afirmó del trato de los insurgentes: “no me puedo quejar, he sido tratado creo que como cualquier combatiente de la guerrilla aguerrido, o sea, a las duras, con pocas cosas, con lo que había, pero nunca me han tenido amarrado (…) siempre me han tratado como un invitado, más bien, me han dado buena comida con lo poco que hacían y siempre han sido muy respetuosos, de eso no me puedo quejar”[66], “El jefe del Frente me escribió y para él yo soy un invitado de honor”[67], «fueron respetuosas, de eso no me puedo quejar»[68].
-Frente a la naturaleza del operativo militar en el que fueron supuestamente destruidos laboratorios para procesar cientos de toneladas de cocaína (y en el que fue capturado el periodista galo), Langlois dijo que apenas “era un modesto laboratorio como muchos que se destruyen de manera repetida… era un modesto laboratorio de un campesino que contaba con esto para sobrevivir… alrededor de todo eso se han dicho muchas cosas que son inexactas”[69]. También dijo en otra declaración que se trataba de “un laboratorio bastante pequeño, casero, artesanal… lo que sí puedo decir es que yo escuché miembros del comando diciendo que esto había 400 kilos de coca líquida en esto, otro dijo pero no hay tanto, otro dijo pero vamos a quemar, a quien le importa… realmente parece, y eso lo sabía antes de presenciar esto, que hay una gran manipulación de cifras, manipulación de hechos, de factos (sic) en esta supuesta guerra contra el narcotráfico, que es un gran fracaso.”[70]
-Frente a los medios que dicen que a la insurgencia no le interesa la paz, porque ha convertido la guerra en su “negocio”, o que si le interesa, es solamente por estar “acorralada” y “debilitada”, Langlois fue también claro “[la insurgencia] quiere una solución negociada al conflicto interno donde participen otros países (…) ellos quieren la paz, pero a ellos no se les va a comprar con entreguen las armas y les dan una platica (…) están preparadas para seguir la guerra 50 años más. Quieren una paz negociada pero no confían en el Gobierno ni en el Ejército»[71]; “mi impresión sobre lo sucedido es que las Farc quieren la paz, pero no cualquier paz. Pueden seguir dando plomo 50 años más (…) la gente de más alto nivel dentro de la insurgencia piensa en la paz, pero más que todo, lo que tienen claro es que están muy fuertes.”[72]
No es difícil, entonces, entender por qué las declaraciones de Langlois fueron tan molestas para los medios. Más aún cuando fue bastante crítico de los medios colombianos, haciéndose eco de las protestas que los mismos campesinos tienen sobre el trato que se da al conflicto en los medios:
«Uno va allá y es otro mundo porque los campesinos dicen cosas que no se ven en la televisión, dicen que el Ejército es terrorista (…) Los campesinos me increparon y me dijeron ustedes los medios no dicen la verdad, digan la verdad, aquí llega el Ejército nos ponen prendas militares y nos matan (…) Cuando uno llega como periodista internacional la gente cuenta todo lo que no pueden contar porque los matan»[73].
“La gente en el campo es la que siempre se queja y dice ‘las cosas no es como las pintan los medios’ o sea, ellos están bravos cuando llegan periodistas, les dicen ‘ustedes dicen cosas que no son, la vida nuestra no es la que pintan, la cosa es compleja, la cosa es difícil, déjennos explicar qué es’”[74]
Sobre el maniqueísmo con el que los medios simplifican el conflicto, Langlois fue bastante ácido: “Todavía en Colombia mucha gente piensa que la guerrilla son terroristas inmundos que comen niños y es un poco más compleja la realidad. Ellos cometen muchos actos de terrorismo, pero la guerrilla también son personas, y lo que decía ahorita, no hay buenos ni malos, es un conflicto supremamente complejo… lo que pasa es que las voces un poco alternativas acá las han callado muchísimas veces”[75].
Langlois tuvo oportunidad, gracias a la atención internacional que recibió su caso, de dar a conocer la realidad de un conflicto que lleva años investigando como muy pocos periodistas colombianos se atreven: a lomo de burro, por trochas intransitables, en el sur de Bolívar, en el Bajo Cauca Antioqueño, en Cauca, en Caquetá, etc. En sus declaraciones, no dice nada que no haya dicho ya en sus documentales. Esas opiniones, que le han valido ganarse el odio del ex presidente Uribe, quien no perdió ocasión para fustigar a Langlois en sus insufribles trinos por tweeter[76], muestran una visión más compleja del conflicto, donde el Ejército no son “héroes”, sino que son vistos como “terroristas” en muchos lugares, y donde los “terroristas” de la guerrilla son vistos en muchas partes como un “gobierno paralelo” o como un verdadero “ejército del pueblo”. Esto fue evidenciado por declaraciones de algunos campesinos de la zona de San Isidro que decían, el día de la liberación, “El Gobierno sólo viene a echarnos veneno (glifosato) y plomo, no han hecho las carreteras ni las arreglan, nos están matando de hambre. Nuestro gobierno es la guerrilla.”[77] Esta faceta del conflicto, deliberadamente ocultada por los medios, nos ayuda a entender mejor por qué la persistencia de la lucha guerrillera tras décadas de guerra sucia y programas de guerra total financiados desde EEUU. En una entrevista al programa Hora 20, de Radio Caracol, Langlois entregó una visión del conflicto que jamás se entrega en los medios oficiales, pero que es la realidad de las llamadas “zonas rojas”, las áreas del conflicto donde la insurgencia tiene hondas raíces:
“Los guerrilleros son colombianos también y este es un conflicto donde no hay buenos ni hay malos, creo que hay gente pobre que por razones determinadas empuñan las armas y todos creen que están haciendo lo justo (…) yo creo que los guerrilleros tienen mucho que aportarle al país, de muchas maneras (…) creo que realmente uno viaja al campo, a las ‘zonas rojas’ y uno ve que la cosa es muy distinta y lo que digo yo es una preocupación que tienen los campesinos, yo ahí no hablo de la guerrilla, sino que me hago portavoz de los campesinos… siempre dicen a los periodistas que iban a las zonas de ellos es que las cosas son mucho más complicadas que lo que ustedes la prensa en general está pintando… para ellos todavía hay un apoyo a la guerrilla, es algo tenaz, pero es algo que hay que reconocer, y para ellos no quieren al Estado todavía, lo ven como una fuerza de ocupación muchas veces (…) creo que es muy importante que el país sepa la verdad, que el país sepa lo que está pasando y lo que sienten los campesinos que nadie les da un micrófono… o sea, qué piensa un hombre que tiene un pequeño chongo[78] cuando llegan las fuerzas especiales y le quema el chongo… o sea, la guerrilla les dispara al helicóptero y la gente se pone feliz, eso es triste, es duro, pero así es”[79]
También Langlois cuestionó la visión de una guerrilla desesperada, al borde de la derrota militar, sin convicciones, que los medios han alimentado por casi una década, con columnistas mediocres, elitistas e ignorantes de la realidad del conflicto, como Héctor Abad Faciolince (un “socialbacano” pasado a la derecha “progre” santista), diciendo cosas tan absurdas, como que el apoyo a las Farc “está más cerca del cero que del 3%”[80]. Difícil explicar, entonces, cómo un grupo de “terroristas” aislados, sin base social de apoyo, puedan tener en jaque, en muchas regiones del país, al ejército más poderoso de Sudamérica[81]. Pero estas mentiras, repetidas hasta el cansancio y sin asomo de vergüenza por los medios y los apologistas del régimen más desigual del continente (aunque se disfracen de “progres”), se convierten en lugares comunes en el subconciente de los ciudadanos que, en las grandes ciudades colombianas, viven ajenos a un conflicto que sólo conocen por los noticieros. Langlois, una de esas voces marginadas de los noticieros estelares, entrega una visión diferente desde su experiencia en el terreno del conflicto y desde su visión crítica, no comprometida con la defensa del status quo del que gente como Faciolince lucran obscenamente. Nos dice Langlois que la “guerrilla”:
“Está muy, muy fuerte, estos ocho años de Plan Patriota, Plan Colombia, ellos dicen ‘eso fue el mejor entrenamiento que nunca hemos tenido’… o sea ellos tienen la confianza, aman a las Farc, aman a su organización, son orgullosos de ellos. Todo el mundo los tilda de terroristas y ellos son orgullosos de su ejército popular como le dicen. Llevan cuarenta años intentando de matarlos y acabarlos y nadie lo ha podido. Los campesinos los siguen queriendo (…) como han perdido terreno militar, han perdido gente, están intentando volver a coger aún más audiencia entre la población… mueven estructuras políticas (…) es más que un grupo armado, es también hasta un gobierno paralelo en muchas zonas del campo colombiano (…) la guerrilla es una cosa muy fuerte, que se quiere mucho, ellos aman a su organización (…) es otra cara que hay que ver. Ellos son orgullosos, dicen que van a morir. Hay deserciones, claro, pero uno se dice, ¿cómo es que no hay más deserciones? Deserciones hay muy poquitas, se dieron mucho en la época del Caguán y dicen, ‘eso fue muy bueno, eso depuró a la guerrilla, ahorita es calidad, ya no cantidad’ (…) volvieron a la guerrilla móvil, están listos para dar golpes, se retiran, han cambiado mucho… y, o sea, lo que dice uno es cuando ve la vida que tienen es cómo esa gente no se desmoviliza, yo estuve ahí treinta y tres días y qué cosa más horrible, y ellos lo dicen ‘nuestra vida es tenaz, horrible, estamos mamados, en el barro todo el día, pero si toca treinta años más, toca treinta años más”[82].
Esta visión del conflicto y esa labor de entender críticamente lo que pasa más allá de las grandes ciudades y más allá de las oficinas de gobierno y los cuarteles, esa voluntad de hacer periodismo crítico y no servir de correa de transmisión del establecimiento, contrasta fuertemente con la actitud subordinada prevalente en los medios de comunicación tradicionales. Caracol Radio, por ejemplo, envió en septiembre del 2009 a 25 corresponsales a un programa titulado “Soldados por un Día”, realizado en Malambo (Departamento Atlántico) por el Batallón de Infantería No.4, “Antonio Nariño”, con el fin de “estrechar lazos” e “integrar la institución con los medios de comunicación [para que] apoyen en la difusión de la campaña de desmovilización”. En este “instructivo” y “lúdico” programa, se les dieron charlas de indoctrinamiento, se les enseñó orden cerrado, a marchar y a obedecer la voz de mando. También se les enseñaron otras bellezas de gran utilidad para la labor periodística como armar y desarmar un fusil Galil[83]. ¿Pueden, corresponsales que cultivan el compadrazgo con el ejército, ser periodistas ni siquiera imparciales, sino que críticos? ¿Pueden quienes obedecen la “voz de mando” del ejército tener ninguna clase de independencia? ¿Qué tiene que ver la labor periodística con el apoyo a estrategias militares como las que buscan la desmovilización? ¿Por qué los medios permiten el involucramiento activo de sus trabajadores (civiles) con una de las partes del conflicto? ¿Qué dirían esos mismos medios si algún medio alternativo hiciera un programa igualmente “lúdico” e “instructivo” titulado “guerrilleros por un día”?
MÁS ALLÁ DE LA CRÍTICA A LOS MEDIOS: LA DISPUTA POR EL ESPACIO INFORMATIVO
Más allá de lo mala, parcial, guerrerista, desinformativa, mediocre, perezosa y estrecha que sea la prensa colombiana, y más allá del rol extraordinario de ciertos periodistas extranjeros como Roméo Langlois, o de periodistas colombianos puntuales que trabajan para medios masivos como Hollman Morris, Alfredo Molano, Claudia Julieta Duque, Daniel Coronell, etc., lo cierto, es que es necesario avanzar en el debate de por qué los medios alternativos no logran disputar un espacio mayor a los medios oficiales. Desde luego que la represión, la amenaza y el asesinato juegan un rol importante. Ahí está Carlos Lozano, del periódico comunista “Voz” quien ha sufrido constantes amenazas contra su vida y que recientemente reveló un plan para asesinarlo para el cual se movilizaron recursos por el orden de U$200.000[84]. Historias de amenazas y ataques a radios comunitarias, a medios alternativos, abundan[85]. Pero también es cierto que es necesario dar intentos más ambiciosos, más serios, por construir una red poderosa de medios que desde abajo den a conocer la realidad del conflicto social y armado colombiano, que es mucho más que el enfrentamiento militar entre insurgencia y Estado.
Si nadie habla por los campesinos, por los marginados, es preciso que éstos saquen una voz fuerte para hacerse escuchar. Desde luego, hay atisbos de crítica y algunas experiencias interesantes en espacios en los medios oficiales que deben ser defendidos y apoyados. También es cierto que muchos de estos movimientos tienen canales de comunicación, los cuales, lamentablemente, son muy restringidos al círculo inmediato de influencia de ellos –sus barrios, sus comunidades, su oficio, etc. Es necesario dar un paso más allá, aunar voluntades y recursos, por limitados que estos sean, y contrarrestar el efecto nocivo que los medios de desinformación de masas juegan a favor de los intereses políticos, militares y económicos de una ínfima minoría de la sociedad colombiana –esa ínfima porción del país que se enriquece con la guerra y que ha convertido en el terror en su mecanismo privilegiado de control social en más de medio siglo de aplicar la guerra sucia contra el conjunto del pueblo. Es importante discutir mucho más cuál es el rol de los medios alternativos ¿qué se transmite? ¿cómo se transmite? ¿con qué fin? ¿a qué público? Depurar nuestra prensa crítica, alternativa, de discursos fáciles y fórmulas recalentadas, de excesivos adjetivos calificativos. Abandonar la retórica estéril en pos de la constatación de hechos y el análisis exhaustivo de la realidad. Abandonar lo visceral sin dejar de lado la necesaria indignación, y desarrollar una prensa cuyo objetivo no sea el adoctrinamiento, sino el desarrollo de las facultades críticas de las personas, adormecidas por el efecto embrutecedor de los medios oficialistas. Debemos retomar la denuncia basada en datos fuertes y creíbles, retomar la investigación abandonada por los periodistas al servicio del sistema, investigación que podemos hacer de manera óptima desde nuestros territorios, desde nuestras realidades, desde nuestro compromiso. Todos tenemos un granito de arena que aportar en esta tarea.
Por lo pronto, saludamos que el episodio de Langlois haya servido, al menos, para comenzar a evidenciar la parcialidad del discurso oficialista que se disfraza de “prensa” en Colombia. También saludamos que este episodio haya servido para mostrar a Colombia y al mundo esa otra Colombia que respira, vive y se desarrolla en los pueblos rurales que de hace medio siglo que enfrentan y resisten tanto la violencia del Estado, así como la voracidad de empresarios, latifundistas y multinacionales. Pero es importante que de la crítica avancemos a la construcción de alternativas, y esperamos que este episodio sea también un primer paso hacia la construcción de una trinchera informativa, periodística, investigativa, desde la cual dar a conocer la realidad desgarradora del conflicto social y armado como una contribución para su superación.
NOTAS
[1] http://cromos.com.co/
[2] http://www.rebelion.org/
[3] http://www.elespectador.
[4] http://www.eltiempo.com/
[5] Una versión particularmente patética de esta posición fue escrita algunos meses atrás por Héctor Abad Faciolince, quien desde su columna en El Espectador (en la cual, valga aclarar, no acepta comentarios de foristas) equipara entrevistar a guerrilleros a ser cómplice de ellos –de paso, atacando a Jorge Enrique Botero y a Piedad Córdoba con igual saña y de manera tan ruin como el uribista más trasnochado. Apenas hay que decir que desde esa columna se dedica a atacar de manera inmisericorde a la izquierda consecuente y a excusar a la ultraderecha, todo eso con un velo de retórica seudo progresista, y que este caso no fue la excepción. Esta columna es una vergonzosa defensa del periodismo “oficialista” y al servicio de la propaganda estatal. Su posición es perfectamente concordante con el ocultamiento del conflicto que permanentemente hacen los medios, y no es casual que se le llame, de mofa, “Facholince”. Ver http://www.elespectador.
[6] http://www.lasillavacia.
[7] http://www.elespectador.
[8] Ver informe anual 2011 de Reporteros Sin Fronteras, p.68. Hay que destacar que todas las violaciones a la libertad de prensa y a los periodistas en ese año fueron realizadas por paramilitares. Consultar informes en http://www.rsf-es.org/
[9] Ver informe de RSF del 2009.
[10] http://www.anarkismo.net/
[11] Taussig, Michael, “Law in a Lawless Land: Diary of a ‘Limpieza’ in Colombia”, Ed. New Press, 2003, p.9. La fuente es anónima por la necesidad de proteger la fuente en medio de una campaña de exterminio liderada por los paramilitares de las AUC en férrea alianza con el Ejército Nacional.
[12] http://www.presidencia.
[13] http://www.pnud.org.co/
[14] http://www.pnud.org.co/
[15] http://www.anarkismo.net/
[16] Para mayor información sobre el caso del DAS y la persecución política desatada desde este organismo del Estado, revisar http://www.anarkismo.
[17] http://www.anarkismo.net/
[18] http://www.youtube.com/
[19] http://www.anarkismo.net/
[20] http://www.anarkismo.net/
[21] http://www.elespectador.
[22] http://www.elespectador.
[23] http://www.elespectador.
[24] http://www.contravia.tv/
[25] Sobre el caso de Hollman Morris y los riesgos del trabajo periodístico en Colombia, se hizo un documental titulado “Testigo Indeseable” http://www.
[26] http://www.elespectador.
[27] http://www.derechos.org/
[28] http://www.flip.org.co/
[29] http://www.semana.com/
[30] Ibid
[31] Ibid. El caso de la periodista no termina ahí. Varios años después siguió recibiendo amenazas y ataques. Ver http://www.derechos.org/
[32] http://www.elespectador.
[33] http://res.uniandes.edu.
[34] http://www.eln-voces.com/
[35] http://www.
[36] http://www.anarkismo.net/
[37] Por ejemplo, Ardila Lulle es un poderoso agroindustrial.
[38] http://www.pnud.org.co/
[39] http://www.eltiempo.com/
[40] http://www.elespectador.
[41] No creo necesario insistir en que esta acusación es bastante cínica, proviniendo de funcionarios de un Estado íntimamente enredado con carteles y con el paramilitarismo, el cual se financiaba, según sus propios líderes, en un 70% del narcotráfico. Los recientes escándalos de la familia de Uribe con los narcos y de su ex jefe de seguridad, apenas son un recordatorio del carácter mafioso de este regímen, que fue apodado por los mismos EEUU en el gobierno de Samper como “narcodemocracia”.
[42] http://www.elespectador.
[43] http://www.eltiempo.com/
[44] http://www.eluniversal.
[45] http://m.eltiempo.com/
[46] http://www.elespectador.
[47] http://www.elespectador.
http://www.elespectador.com/
[48] Resulta interesante, por citar un ejempo de esto, que en 1876, el liberal Giovanni Nicotera, ministro del interior italiano, eliminó el delito político para emplear, contra los miembros de la sección italiana de la Internacional, organización fundamentalmente socialista libertaria y revolucionaria. Su justificación en el parlamento es similar a la que se utiliza en Colombia para criminalizar la rebelión y equipararla a delincuencia común hoy en día. Dijo Nicotera, con el mismo elitismo de los medios colombianos: “los principios amplios de la libertad no se aplican a los internacionalistas (…) entre los que no se encuentra ningún hombre de ideas políticas (…) la mayoría de los internacionalistas en Italia son casi analfabetos, no debería confundirse a esta gente con pensadores, científicos o propagandistas (…) siendo sólo una asociación de malhechores”. Citado en Nunzio Pernicone “Italian Anarchism, 1864-1892” AK Press 2009, p.133.
[49] Sobre las confusiones patrocinadas desde los medios sobre la masacre de Tame, Arauca, revisar http://www.
[50] http://www.
[51] Leech, Garry “The FARC –The Longest Insurgency”, Zed Books, 2011, pp.128-129. Es necesario precisar que aún en las cifras que manejan las organizaciones de DDHH las estadísticas de violaciones del paramilitarismo o del ejército son subvaloraciones, dado que mucha gente tiene miedo a denunciar la fuerza pública (o a sus aliados paramilitares) ante autoridades que creen, con justa razón, cómplices.
[52] Noam Chomsky ya trabajó, en la década de los ’70, con la parcialidad de los medios en la cobertura de las atrocidades cometidas por diversos gobiernos en el Tercer Mundo. Su conclusión es que, mientras más apoyara EEUU a ese régimen, más se invisibilizaban sus atrocidades. Ver el documental “Manufacturing Consent”http://www.youtube.
[53] http://www.pnud.org.co/
[54] http://www.
[55] http://www.elespectador.
[56] http://www.elespectador.
[57] http://www.pnud.org.co/
[58] http://www.guardian.co.
[59] http://www.bbc.co.uk/
[60] http://www.elespectador.
[61] Ver http://cnnespanol.cnn.com/
[62] Sus declaraciones pueden consultarse en http://www.elespectador.
[63] http://www.bbc.co.uk/
[64] http://www.elespectador.
[65] http://m.eltiempo.com/
[66] http://www.citytv.com.co/
[67] Ver video en el siguiente reportaje http://cromos.com.
[68] http://m.eltiempo.com/
[69] http://www.citytv.com.co/
[70] Ver video en la siguiente nota http://cromos.com.co/
[71] http://www.telesurtv.net/
[72] http://www.jornada.unam.
[73] http://www.telesurtv.net/
[74] http://www.youtube.com/
[75] http://www.youtube.com/
[76] http://www.rcnradio.com/
[77] http://cromos.com.co/
[78] Un “chongo”, es, al igual que la “cocina”, un laboratorio de tipo artesanal, de muy poca capacidad, para el procesamiento de la pasta base de cocaína.
[79] http://www.caracol.com.
[80] http://www.elespectador.
[81] El periodista Garry Leech, en su citado libro sobre las Farc-EP, describe la esquizofrenia de la derecha colombiana y los medios de comunicación, que por una parte plantean que las guerrillas no tienen nada de respaldo popular, pero por el otro, que casi todos los movimientos sociales están infiltrados por los guerrilleros, que las universidades son antros llenos de “terroristas”, que los sindicalistas y ONGs también son fachadas de la “guerrilla”, que las zonas rurales ocupadas por el ejército son áreas donde hay simpatías por las guerrillas, etc. Pero la realidad no es tan contradictoria –o la insurgencia tiene respaldo o no lo tiene: no es posible que tenga respaldo sólo cuando hay que justificar la represión, y que no lo tenga, cuando haya que justificar la negativa del establecimiento a la negociación política. Ver este debate en Leech, op. cit., pp.92-93.
[82] http://www.youtube.com/
[83] http://www.
[84] http://www.redglobe.org/
[85] También por Internet se acosa frecuentemente a Anncol y hasta se ha puesto en marcha el delito de opinión al perseguir a su colaborador Dick Emanuelsson y arrestar a su director Joaquín Pérez Becerra (arrestado en Venezuela y luego deportado ilegalmente a Colombia, sin ninguna prueba contundente más que sus opiniones políticas).
Por José Antonio Gutiérrez D.
22 de junio, 2012
El Ciudadano
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