La denuncia realizada por la familia de la comunera mapuche Lorenza Cayuhan -que fue obligada a dar a luz engrillada de los pies y ante la presencia de Gendarmes- sigue generando reacciones de rechazo, tanto desde el sector político como desde las instituciones y especialistas que han denunciado durante años los abusos que vive cotidianamente el pueblo mapuche.
«Estuve con grilletes a la camilla. Y de ahí estuve con grilletes hasta el día del parto en la tarde… después me sacaron los grilettes, cuando la guagua ya había nacido«, relató la mujer, en una conversación registrada por el senador Alejandro Navarro. Esto, después de que Gendarmería negara inicialmente su versión.
En conversación con El Ciudadano, la abogada y co directora del Observatorio Ciudadano, Nancy Yáñez, analizó los detalles del caso, estableciendo primero a Lorenza Cayuan como una condenada más en el marco de los procesos judiciales iniciados por el Estado chileno en contra de comunidades mapuches en recuperación de tierras.
«Nosotros no llevamos la representación legal de Lorenza ni de los comuneros asociados a esto, pero es importante decir que son casos vinculados a la recuperación de tierras en La Araucanía que están siendo invisibilizados. Ella está encarcelada por hechos que ocurren en el marco del conflicto histórico del Estado chileno con el pueblo mapuche«, señaló la especialista en Derechos Humanos y pueblos indígenas.
Yáñez recordó que la comunera mapuche no pudo acceder a beneficios carcelarios ni siquiera al encontrarse en concepción de embarazo. «Nosotros hemos conocido hechos gravísimos que involucran a diputados, senadores y altas autoridades de la República y rápidamente se les otorga diversos beneficios. Incluso hay violadores de derechos humanos a los que se les otorgan beneficios carcelarios. Entonces uno tiene que plantearse cuál es el actuar del Estado y del derecho penal en causas que involucran a miembros de los pueblos indígenas».
Respecto al protocolo de Gendarmería que permitió que la mujer privada de libertad tuviera que vivir el parto en dichas condiciones, la abogada recalcó que se trata de un atentado a la dignidad de las personas y un hecho de discriminación que aumenta su condena.
«El hecho de que estos delitos ocurran en el marco del conflicto indígena es lo que utiliza la autoridad para aumentar la penalidad. En el fondo ella es un caso paradigmático de criminalización», agregó, señalando que hay acusaciones de testigos protegidos y otras irregularidades en el juicio que permiten especular que ha tenido una sentencia injusta, pero además sin las condiciones de juicio y defensa necesarias en un país democrático.
UN ACTO BRUTAL A LA DIGNIDAD DE UNA MUJER
La co directora del Observatorio Ciudadano enfatizó que en el caso de Lorenza Cayuan se advierte una doble criminalización de parte del Estado chileno, donde se mezclan su identidad étnica y género, como motor de una vejación que incluso fue repudiada por el Colegio Médico.
«Ella es criminalizada por ser mapuche, pero además es discriminada por ser mujer. Como mujer no puede terminar con su embarazo de forma normal y es sometida a vejámenes: el dar a luz con grilletes en presencia de los carceleros varones, constituye el acto más brutal a la dignidad de una mujer. Es absolutamente intolerable», opinó Nancy Yáñez.
Además de ser apuntado como una expresión de violencia política, la calificación que el hecho merece desde la perspectiva de los Derechos Humanos es la de trato cruel, inhumano y degradante.
«A mí me parece que de los hechos de maltrato y discriminación que hemos conocido -que han sido múltiples a lo largo de la historia y en los últimos años- tienen un componente brutal de violencia estatal. Además, demuestra la naturalización de la violencia hacia los mapuches, tanto que todo el sistema hospitalario lo asume como irreversible. Uno se pregunta cómo el hospital permite que ingrese al quirófano una mujer a ser sometida a una cesárea en estas condiciones«, cuestionó.
El rechazo que provocó la noticia sobre la violencia que sufrió la comunera mapuche durante su parto ha despertado nuevamente la crítica hacia un Estado que parece concebir al mapuche como a un enemigo peligroso. «Y lo son todos, incluso una mujer que va a dar a luz y que está finalmente en un quirófano con anestesia, sin ninguna posibilidad de realizar ningún tipo de acto que justifique eso», añade.
La abogada recordó que las mujeres viven un contexto de discriminación estructural en Chile y que origina, entre otras cosas, la organización de una manifestación masiva para exigir el fin de la violencia de género durante esta tarde. En el caso de la mujer indígena, la situación no mejora: un caso emblemático en esta materia es el de Gabriela Blas, la pastora aymara que fue condenada a 12 años de cárcel por perder a su hijo mientras pastoreaba.
«Cuando ella era procesada, ni siquiera condenada aún, se da en adopción a su hija menor porque se estima que no tiene las capacidades parentales para hacerse cargo de su cuidado, en contra su voluntad. Eso es lo que está pasando en Chile y el caso de la lamngen muestra la brutalidad de la sociedad chilena. El llamado es que a la Presidenta reaccione y entregue un lineamiento que permita proteger los derechos de las mujeres en Chile, ejerciendo el liderazgo femenino que les corresponde», cerró.