Ni dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Así fue la respuesta de la Presidenta Michelle Bachelet al ser consultada por el cierre del Penal Punta Peuco, recinto penitenciario creado en 1995 para albergar a los condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar.
En entrevista con CNN Chile, la mandataria fue consultada acerca de las declaraciones de Carmen Gloria Quintana, víctima sobreviviente del Caso Quemados, que terminó con la vida del fotógrafo Rodrigo Rojas De Negri.
En 2015, Quintana se reunió con Bachelet y contó que la jefa de Estado se habría comprometido a cerrar Punta Peuco en septiembre de ese año. La respuesta de Bachelet llegó el pasado jueves en el programa CNN Íntimo. «Yo voy a cumplir con todas las promesas que he hecho y que esté en mis manos hacer», afirmó.
Para el abogado de derechos humanos, Cristián Cruz, no hay «ninguna duda que el compromiso está, la Presidenta lo dijo: Punta Peuco se cierra. Aquí no hay dos lecturas y lo otro es entender que la Presidenta se estaría burlando de nosotros».
«Aunque al Gobierno le quede un día, es fundamental que el penal de Punta Peuco se cierre. Ciertamente que con atraso, que ya lleva décadas, por cuanto este penal nunca se debió crear», agregó en conversación con El Ciudadano.
El abogado argumenta que ya existen penales comunes que alojan a violadores a los derechos humanos y que desde el Gobierno ya han avanzado en los planes de traslado de la población penal de Punta Peuco.
«Tenemos documentos que dan cuenta que en la administración de la ministra Blanco, ya estaban dadas las condiciones en el penal de Colina para que los violadores a los derechos humanos cumpliesen en ese recinto penitenciario. Esto demora un par de horas. Esperar es solo dilatar y seguir manteniendo la situación de privilegio a los violadores a los derechos humanos», aseguró.
Uno de los puntos levantados por la derecha para oponerse al cierre de Punta Peuco es el hacinamiento carcelario. «Las cárceles están hacinadas», dijo la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe en conferencia de prensa.
Para Cristián Cruz, esa justificación no representa problema. «Nosotros sabemos que hay segregación, que es lo que corresponde, como a todos los reclusos. Esperamos que esa segregación también vaya para el resto de la población penal común, es decir, que dé garantías a cualquier ciudadano chileno o extranjero, que el día de mañana ingrese a nuestras cárceles, para el resguardo de su integridad física», afirmó a este medio.
Indultos
En CNN Chile, la Presidenta Bachelet también se refirió a la posibilidad de indultar a violadores a los derechos humanos aquejados de enfermedades terminales. Sin embargo, tampoco emitió una respuesta que despeje las dudas acerca de su definición.
«Ya no existe el indulto presidencial, a mí ninguno de estos casos me llega, le llega al ministro de Justicia», explicó, aunque luego aclaró que «no está cerrada la puerta, pero también exige de parte de las personas que están en esas condiciones de, primero que nada, estar arrepentidos hoy y contribuir a la verdad».
«Me parece impresentable. Se coloca a la par del candidato Piñera, que ha dicho que si llega (a la Presidencia) va a buscar soluciones para los militares violadores a los derechos humanos y es parte, justamente, del discurso de los grupos de presión que defienden a estos criminales», comentó el abogado Cristián Cruz.
«Yo espero que una Presidenta de la República, que además es militante socialista, no proceda a cruzar la vereda y ponerse al lado de los criminales», aseveró el abogado de derechos humanos.
La derecha cerrando el Penal Cordillera: «Un contrasentido»
En septiembre de 2013, al cumplirse 40 años del golpe militar que terminó con el gobierno de la Unidad Popular, la administración de Sebastián Piñera concretó el cierre del Penal Cordillera, el otro recinto para ex militares condenados.
Cristián Cruz piensa que entre esa medida y lo anunciado por Bachelet existen diferencias, porque «fue un gobierno de derecha el que cerró el Penal Cordillera. Ambos penales abiertos en gobiernos democráticos, con participación de socialistas y, por lo tanto, parece un contrasentido que la derecha haya cerrado Cordillera y el gobierno de la Concertación o Nueva Mayoría haya estirado lo más posible el cierre del Penal Punta Peuco».
En su análisis, el abogado apuntó a la conducción del Partido Socialista, por las inversiones en activos de Soquimich, la empresa que pasó a manos de Julio Ponce Lerou, entonces yerno del dictador Augusto Pinochet.
«Es decir, la misma empresa donde hay detenidos desaparecidos y ejecutados que son militantes socialistas y donde no se hizo nada, no se solicitó querella, no se accionó en nombre de esas víctimas, pero sí se buscó lucrar con la sangre que derramaron aquellos ciudadanos de las empresas estatales y terminaron financiando a la familia Pinochet y al entorno dictatorial», expresó Cruz.