Luego que la Corte Suprema declarara inadmisible un recurso interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado para borrar con el codo la decisión del Juzgado del Trabajo de Rancagua que ordenó indemnizar al ex soldado de la Brigada de Aviación de Ejército, César Iluffi Olivares, por los actos arbitrarios e indignos que recibió al interior de la institución, el máximo tribunal del país colocó una lápida a los intentos que habían existido para desconocer el derecho de funcionarios públicos a recurrir de tutela en casos que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas.
Como publicó El Ciudadano en el mes de abril, la jueza María Loreto Reyes Gamboa acogió la demanda laboral presentada por el ex suboficial de la Región de O’Higgins tras acreditar que militares de alto rango vulneraron su integridad psíquica y honra al desconocer «su calidad de instructor de larga trayectoria y asignarle funciones que a vista de sus pares constituyen una humillación o castigo».
El fallo de la magistrado hizo un claro llamado a la Comandancia en Jefe del Ejército en orden a respetar los derechos fundamentales de sus funcionarios, ya que no protegerlos, indicó, «significaría admitir que hay ciudadanos de primera y segunda clase… lo cual es inaceptable desde todo punto de vista, pues no hay que olvidar las Fuerzas Armadas forman parte del Estado”, y por ende, están obligadas a respetar la Constitución.
Para el abogado Marcelo Figueroa, quien patrocinó la acción de Iluffi, la victoria del ex mecánico de helicópteros de la BAVE representa «un caso emblemático de lo nuevo que se viene»: más funcionarios que optarán por la vía de la tutela para denunciar desvinculaciones injustificadas. Desde ya se hace cargo de sus dichos cuando plantea que muy pronto se darán a conocer situaciones de clara «esclavitud» entre oficiales y suboficiales, y no tan solo en el Ejército sino en la Armada, a la cual caracteriza negativamente por su «clasismo».
«Esto ha sido una pequeña revolución judicial que cambia el rumbo de los derechos humanos dentro de las FFAA, incluyendo a Gendarmería, Carabineros y la PDI. Ahora (los DDHH) entraron definitivamente para quedarse en las FFAA», subrayó el jurista.
En los alegatos del caso Iluffi llamó profundamente la atención la postura tenaz adoptada por el CDE, con desconocimiento de la jurisprudencia que ya sentó la Suprema en similares procesos que tuvieron como protagonistas a empleados regidos por el Estatuto Administrativo y normas especiales. En tales casos, la justicia, a diferencia de lo argumentado por los rabiosos guardianes de las arcas fiscales, reconoció que los tribunales del trabajo eran instancias válidas para discutir sobre abusos laborales en la administración pública.
Figueroa opina que la posición tomada por el CDE «ratifica la frase de que el Estado es el peor empleador y es tan cínico en su actuar que por una parte nos da todo un listado de derechos y garantías en el Artículo 19 de la Constitución, y por otro lado vemos que a personas que trabajan a honorarios en las distintas reparticiones públicas no les reconocen los fueros maternales. Aquí el Estado chileno viola los derechos humanos a cada rato».
Agrega que «el Consejo de Defensa del Estado está dando sus últimos manotazos, porque presenta reposiciones que rayan en lo absurdo. Presentaron un escrito solicitando una unificación de jurisprudencia, pero no acompañaron un documento que decían que iban a acompañar. Lo acompañaron en forma tardía. Después llegó a la Suprema, que lo declaró inadmisible, y posteriormente presentaron una reposición».
Aunque eso está vigente, el abogado estima que «es difícil que la Suprema cambie su decisión (sobre Iluffi), ya que fue unánime».
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