Un sector cada vez más radical del movimiento antiaborto en Estados Unidos impulsa leyes para criminalizar a las mujeres que abortan, una postura que incluso enfrenta a líderes tradicionales del movimiento como Kristan Hawkins, quien ahora necesita seguridad privada para sus actos públicos.
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Kristan Hawkins, presidenta del grupo nacional antiabortista Students for Life, está acostumbrada a lidiar con activistas a favor del derecho al aborto durante sus visitas a universidades. Sin embargo, en los últimos meses, ha comenzado a enfrentar un tipo diferente de oposición: otros activistas antiaborto que, bajo el nombre de «abolicionistas del aborto», la acusan públicamente de ser cómplice del crimen que aseguran combatir.
“Estoy bastante segura de que protestan más contra mí que contra Planned Parenthood”, relató Hawkins en entrevista con la agencia AP. Su situación se ha vuelto tan tensa que ha tenido que invertir en perros detectores de bombas y pedir apoyo financiero a sus donantes para reforzar su seguridad personal.
Estos «abolicionistas del aborto» defienden una postura extrema: consideran el aborto un homicidio y abogan por que las mujeres que lo practican enfrenten cargos penales, incluyendo posibles penas de prisión e incluso la pena de muerte. Su influencia ha crecido con fuerza tras la anulación del fallo Roe vs. Wade por parte de la Corte Suprema en 2022, y ha sido impulsada aún más por el regreso del presidente Donald Trump y el control republicano del Congreso.
En al menos 12 estados, incluidos Alabama, Texas y Oklahoma, se han presentado proyectos de ley que permitirían a los fiscales acusar de asesinato a las mujeres que se sometan a abortos. Aunque estas propuestas suelen fracasar, su mera presentación demuestra el impacto del ala más radical del movimiento.
La postura de los abolicionistas ha generado divisiones profundas dentro del movimiento antiaborto. Mientras los grupos tradicionales han evitado durante años penalizar a las mujeres y centrado sus esfuerzos en los proveedores de servicios, los abolicionistas insisten en que la igualdad legal del feto exige aplicar la ley penal a todos los involucrados.
Expertos como Rachel Rebouche, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Temple, consideran que el movimiento ha sido galvanizado por el nuevo contexto legal. “La caída de Roe ha acercado a los abolicionistas del aborto un paso más a lo que quieren: prohibir el aborto a nivel nacional”, explicó.
Pero la postura extrema también ha generado rechazo dentro del propio movimiento. En Dakota del Norte, por ejemplo, más de 70 organizaciones provida se opusieron a un proyecto que buscaba criminalizar a las mujeres. Incluso legisladores conservadores han pedido mesura para no afectar la imagen del movimiento ante la opinión pública.
Kristan Hawkins, quien se identifica con una postura intermedia que por ahora rechaza enjuiciar a las pacientes, advirtió: “Si quieren que más demócratas proaborto ganen futuras elecciones, sigan hablando de meter a las mujeres en la cárcel”.
Una encuesta de KFF reveló que casi ocho de cada diez estadounidenses se oponen a castigar a las mujeres que abortan, reflejando una desconexión entre la opinión pública y el discurso cada vez más extremo de ciertos sectores del movimiento antiaborto.
Foto: X
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