Aborto: el constante debate entre las organizaciones y el Estado

Conversamos con Daniela López, vocera del núcleo feminista de izquierda autónoma quien nos comentó que entregaron una postura política en la jornada y en particular los asesores de la ministra se encargaron del tema técnico de la viabilidad de las indicaciones.

“Fue una reunión técnica por parte del Sernam, hicimos la presentación de las indicaciones que estamos trabajando por parte del colegio de matronas, Fundación Miles, El Frente Izquierdo de revolución demócrata y el núcleo feminista de izquierda autónoma”.

“Nosotras como grupo de mujeres les demostramos que somos parte del grupo de mujeres y que evidentemente reunirnos con el departamento de reformas legales, en representación del Gobierno es porque evidentemente estamos esperando que se retome el debate público de este proyecto en los términos que el gobierno lo prometió en su programa y esa es la principal preocupación”. Manifestó López a El Ciudadano.

“Les entregamos nuestra postura política y en particular ellos se hicieron cargo más del tema técnico de la viabilidad o no de las indicaciones, sin embargo”.

Y en esa consideración, las organizaciones manifestaron que están efectivamente luchando para que este proyecto fuera realidad, “pero este proyecto será un avance siempre y cuando resguarde el derecho a las mujeres de poder decir que no a la violencia”, declaró la vocera de la organización.

Por esa razón las entidades creen que la causal de violación es tan relevante e hipotecable dentro de las transacciones que hace el mismo parlamento para la viabilidad del proyecto, al menos esa fue su postura política.

Las mujeres que hoy asistieron a la jornada no solamente quieren entrar a una asesoría técnica “porque ahí pueden haber muchos abogados que les hagan la pega”, sino que desde la sociedad civil, desde los movimientos políticos, desean representar una posición política para que este proyecto sea una realidad, pero una realidad para las mujeres y no para los sectores más conservadores “y termine siendo absolutamente cercenado en el parlamento”, manifestó López.

Además aclaró que su postura fue esa indudablemente y lamentan que como la reunión fue con el departamento de reformas ellos no manifestaron mayormente una postura política, “nos dijeron que teníamos que recurrir a la ministra para poder tener una respuesta política pero aún así nosotras manifestamos nuestra voluntad de avanzar en esto”.

Y aunque tengan la voluntad de avanzar en el proyecto, están conscientes de no sacrificar ninguna causal y que deben poner mucha importancia a la autonomía de la mujer en la causal de violación para que se retome el debate público como el Estado prometió en su programa, ya que es inconcebible que una colisión de gobierno haya en su programa el proyecto de interrupción legal del embarazo y hoy en día exista un partido político que le niegue la posibilidad de discusión, “osea ni siquiera hemos tenido la oportunidad de votar la idea de  legislar”, aclaró la vocera.

Sobre el contenido en las indicaciones que entregaron a los representantes de la ministra en la reunión, daniela nos dijo que las más relevantes tienen que ver con agregar la causal de salud, ya que solamente aparece el peligro de vida de la mujer, entonces incorporar el tema de la causal de salud, “es porque la salud no solamente recae en lo físico sino que también en lo psíquico”.

Por otro lado, ampliaron los plazos en la causal de violación para poder resguardar los derechos de las niñas violentadas, el interés superior de las niñas que principalmente no denuncian porque los abusos  están siendo dentro sus hogares y en la mayoría provocados por sus mismos familiares, lo que conlleva que el delito sale a la luz pública una vez que el embarazo está muy avanzado.

Al respecto, Daniela manifestó que un plazo de 12 semanas iba a ser absolutamente estéril para un proyecto que tiene que instalarse en la realidad que viven día a día niñas violentadas dentro de sus familias, en ese caso los plazos se ampliarán entre 18 y 22 semanas, según el criterio de la Organización Mundial de la Salud.

“Hacíamos mucho hincapié en diferencias de la objeción de personal con la objeción de contingencia institucional, es decir, no existe objeción de contingencia institucional y más allá de que en un  establecimiento todos los medios quieran alegar objeción de conciencia de cada institución, esto es un derecho garantizado por el Estado que tiene la obligación de entregar el servicio de Arica a Punta Arenas a todas las mujeres que lo requieran”.

Desde el Sernam manifestaron estar de acuerdo con las indicaciones señaladas y dentro de ellas también se agrega el delito de estupro, además López señaló que la indicación que a priori dijeron que no pueden prestarles apoyo tiene que ver con la despenalización, la diferencia de penalización con la despenalización siendo este el último artículo del proyecto.

“Legalizar el aborto en toda circunstancia es penalizar la pobreza entonces consideramos que es un avance considerable legalizar, partir legalizando por esas tres causales este proyecto de indicaciones pero sí despenalización total, porque consideramos que es inconcebible que pueda ser legítimo perseguir a una mujer y criminalizarla, entonces  ellos (Sernam) dijeron que eso se escapaba del proyecto y que no podían apoyarnos en ese sentido pero que encontraban absolutamente legítimo la postura que nosotros planteamos”.

En términos generales la voluntad estuvo en recibir indicaciones y hacerse cargo de ellas pero también reconociendo que tienen límites “y nosotras dijimos bueno lo entendemos pero por parte del movimiento de mujeres nosotras vamos a velar porque se respete efectivamente la integridad de las niñas y la autonomía de la mujer”.

Sobre las mismas indicaciones apuntaron principalmente a reforzar el proyecto pero desde el punto de vista de una garantía real para las mujeres en el ejercicio de sus derechos y en eso se abocan también en el tema de acompañamiento que ha sido una herramienta muy utilizada por la oposición y por los sectores conservadores de la misma nueva mayoría.

“No estamos en contra del acompañamiento, las consejerías a las mujeres que lo deseen voluntariamente, pero ese acompañamiento tiene que ser un resguardo estatal, público, laico y que no signifique tener a todas las organizaciones provida intentando inducir a las mujeres a que no puedan ejercer su derecho a decidir y eso fue principalmente”.

Según la representante del organismo feminista, “el ministerio tiene un vacío en ese tema (acompañamiento), porque el proyecto efectivamente contempla un acompañamiento pero no señala qué tipo y eso es lo que nosotros encontramos peligroso y se lo hicimos ver (asesores de la ministra) respecto a un vacío importante que tiene la ley porque por ejemplo si fuese así cualquier institución ‘provida’ que quiera influenciar la voluntad de la mujer podría meterse  a programas públicos a ofrecer supuestos acompañamientos que al fin y al cabo es no entregar información real a las mujeres”.

Efectivamente un servicio garantizado por el Estado es que fuera un acompañamiento que entregue información pública y estatal en la cual efectivamente la mujer tenga todo el derecho a acceder a mecanismos que puedan recurrir y al mismo tiempo el acompañamiento sólo pudiese ocurrir cuando la mujer así lo deseara.

“Si hay mujeres que están absolutamente seguras y quieren ejecutarse un aborto y no tienen ningún problema con su decisión, no tendrían porque obligarlas a tener un acompañamiento, de todos modos si hubiera alguien que le gustaría tener, bienvenido sea”. Recalcó la joven.

El Estado debe acompañar a las mujeres, pero debe acompañarla en términos que los derechos humanos y de la OMS lo hayan determinado y no en términos de inducir o reemplazar la decisión de la mujer.

Finalmente, Daniela López nos relató la experiencia de trabajar en conjunto con otras organizaciones que luchan por el bienestar y cumplimiento de los derechos de la mujer, y señaló que “ha sido un trabajo súper interesante de las organizaciones, que dentro de sus propias diferencias igual tenemos convergencia en el punto de vista de mujeres que pertenecen al movimiento de mujeres feministas y que buscan al fin y al cabo un hito después de 25 años y en ese sentido ha sido un trabajo bastante fructífero”.

Además agregó que han podido trabajar en indicaciones que han recibido el punto de vista de organizaciones de diferentes orígenes, hay algunas de la sociedad civil que trabajan transversalmente con los partidos políticos y organizaciones como revolución democrática que sí establecen su domicilio político claro, “entonces ha sido un trabajo de bastante democratización del debate pero a la vez llegando a puntos comunes que nos reúnen como movimiento de mujeres feministas en el sentido de resguardar que exista efectivamente una ley que le otorgue o que consagre derechos humanos porque estamos hablando de un piso mínimo ético”.

El derecho a la salud y el derecho a la vida de la mujer debe consagrar derechos humanos dentro del marco de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer para que pueda ser una puerta de entrada a un campo cultural y podamos empezar  a conceder a la mujer como sujeto político y no como objeto a disposición del Estado, de la sociedad, de la criminalización y del cuestionamiento social.