El Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia resolvió esta mañana por unanimidad absolver al comunero mapuche Cristian García Quintul, acusado por la Fiscalía de autoría por el incendio intencional que tuvo lugar en el fundo Pisu Pisué el pasado 9 de Enero de 2013, en Río Bueno, área de Ranco, sector cercano a la frontera entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos, del que no resultaron heridos.
Top Valdivia absuelve a Cristian Garcia Quintul
— Centro Sur CIDSUR (@CIDSUR) marzo 18, 2015
García Quintul, para quien se pedían 10 años de cárcel fue declarado inocente ante la debilidad del conjunto probatorio presentado por la fiscalía, que incluía además pruebas presentadas por la ANI, figura restringida a procedimientos dirigidos contra grupos terroristas, conflictos de estado o narcotráfico y cuya solicitud de intervención es prerrogativa exclusiva del Fiscal Nacional y no del regional, como fue el caso. El conjunto probatorio fue excluido por el Tribunal de Río Bueno por lo aquí expuesto, pero incluido nuevamente por la Corte de Apelaciones de Valdivia.
Cabe recordar que por la misma causa y tras un proceso investigativo altamente cuestionado, se juzgó durante los meses de octubre y noviembre a los Machi Tito Cañulef Neipán y Millaray Huichalaf y a los comuneros Alex Bahamondes y Fénix Delgado, quedando absueltos todos ellos con excepción de Huichalaf, que fue condenada a 61 días de presidio remitido por encubrimiento, y que a pesar de que la pena ya había sido abonada su defensa procedió a interponer un recurso de nulidad que fue rechazado por la justicia.
La sentencia de ahora viene a ratificar la persecución política y el simbolismo adherido (la criminalización de la vocería de la defensa del Pilmaiken) a la condena impuesta contra la machi por «encubrimiento» de un delito que, hasta el momento, sigue sin tener autores, habiendo resultado absueltos 2 de los 3 acusados, en tanto que el restante, Facundo Jones Huala, sigue en paradero desconocido.
Defensa del Pilamikén
Cabe recordar que las comunidades mapuche williche se mantienen desde hace años en pie de guerra contra el proyecto hidroeléctrico Osorno, propiedad de la empresa Pilmaiken S.A -parte de la transnacional AES Gener- cuya instalación en las aguas del río Pilamiken supondría la inundación del Ngen Kintuante, espacio sagrado para las comunidades aledaño al cementerio Mahiue (vea mapa), donde están enterrados los ancestros de las familias.
La digna lucha ha sido criminalizada por la Fiscalía, que ha iniciado una clara persecución política contra aquellos comuneros involucrados en la defensa, habiendo sido el Caso Pisu Pisué el símbolo de esta, pero existiendo muchas más aristas sobre la mesa que apuntan a ello, como la imputación por presunto homicidio frustrado del comunero Jaime Uribe, quien, en el marco del desalojo que tuvo lugar el pasado mes de Enero en el Fundo Lumaco Bajo y que ameritó dos recursos de amparo -acogidos- por la violencia ejercida contra los comuneros presentes, fue detenido por presuntamente haber disparado contra uno de los efectivos, quien sin embargo no revistió daños de ninguna gravedad gracias al chaleco antibalas, según lo señalado por la institución.
Caso Pisu Pisué
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