Puebla, 28 de septiembre de 2021. La IBERO Puebla dio inicio a la edición Otoño 2021 de la Cátedra Cossío, esfuerzo de los programas académicos de Derecho de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) por situar la disciplina en temas de urgencia nacional e internacional.
Las 13 universidades participantes analizan los impactos de la pandemia en temas de migración, desaparición de personas, educación y derechos sociales.
Todo con el Derecho
Mario Patrón, rector de la IBERO Puebla, aseguró durante la inauguración del evento que, en el contexto de una crisis institucional generalizada, es imprescindible abrir espacios de análisis crítico para acompañar las problemáticas de la realidad.
Con el aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa como contexto, Patrón exhortó a los participantes a conformar un saber jurídico que pueda ser puesto al servicio de los demás:
“El Derecho debe ser un instrumento que traduzca las exigencias de la realidad a procesos que conduzcan a construir pautas de acción que mejoren la administración de la justicia”
José Ramón Cossío, ministro en retiro, agregó que la Cátedra que lleva su nombre fue creada con la intención de sumar habilidades pragmáticas al ejercicio jurídico, al tiempo que la abogacía asume sus responsabilidades frente a las grandes problemáticas que aquejan al país y al mundo.
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Por su parte, Lilia Vélez indicó que temas relacionados con los derechos humanos suelen quedar relegados en las agendas públicas, por lo que su análisis debe trascender a las prácticas legales para encontrar nuevos caminos hacia la justicia.
“Debemos considerar al Derecho como una herramienta para derribar las barreras de un mundo injusto”, aseguró la directora general Académica.
Migrar, un derecho humano
Las múltiples mesas de trabajo contarán con diferentes perspectivas de México y América Latina; Juan Luis Hernández, rector de la IBERO Torreón, recordó que las universidades jesuitas impulsan el aprendizaje movilizado en el contacto directo con la realidad.
Esta pedagogía del servicio fue reiterada por David Fernández, quien llamó a los juristas a transitar del formalismo jurídico al fortalecimiento del Estado de derecho y de la justicia social.
En 2015, la ONU incluyó la migración entre los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En dicho eje se establece que los países deben asegurar un sistema migratorio regular; y seguro para los 272 millones de personas que han abandonado sus lugares de origen.
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México es el tercer país con el mayor número de emigrantes en el mundo (12 millones), pero también es una zona con amplio flujo migratorio en donde las personas en tránsito son vulnerables al tráfico y la trata de personas. Para que los gobiernos puedan actuar para erradicar estos delitos es necesario terminar con el discurso que entiende la migración como un problema.
Xavier Carrancá, de la IBERO Ciudad de México, afirmó que desde el Derecho hay una obligación de erradicar el punitivismo y el discurso antiinmigrante albergado en las propias políticas públicas. “Nuestras leyes tienen institucionalizada la discriminación, la xenofobia y la criminalización de la migración”, sentenció.