Los defensores y defensoras de los derechos humanos en El Salvador carecen de reconocimiento y protección institucional, a despecho de los reclamos de mecanismos internacionales como el Examen Periódico de Naciones Unidas, dijo la abogada y activista Loyda Robles.
«No hay en El Salvador ninguna ley o política que reconozca y proteja a los defensores de los derechos humanos en el país: para las instituciones del Estado son invisibles», denunció Robles, coordinadora del Programa de Transparencia y Anticorrupción de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
Robles señaló que organizaciones de la sociedad civil, incluso, presentaron un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa (Parlamento) para que los diputados tomen conciencia sobre la necesidad de normas que reconozcan y protejan a los defensores de los derechos humanos.
La experta también criticó la ausencia de un registro de violaciones de los derechos humanos en las instituciones que, en teoría, deberían estar más al tanto de la situación, como la Policía Nacional Civil, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República o el Instituto para el Desarrollo de la Mujer.
«El Estado no ha hecho caso a las recomendaciones que llegan desde el sistema universal y el interamericano sobre la necesidad de legislar garantías para quienes velan por la defensa de los derechos humanos», acotó Robles.
A propósito de un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Fespad emitió un comunicado en el que denunció que en El Salvador se atenta contra «el derecho a defender derechos».
Según el texto, tal situación favorece el abuso, persecución, intolerancia, discriminación, acoso, criminalización, judicialización, muerte e impunidad, debido a la ausencia de una normativa que responda a los requerimientos internacionales.
«En el país no existe una política pública, ni mecanismos nacionales de seguridad y protección a la integridad del defensor de los derechos humanos, a la de sus familias y sus organizaciones, dejándoles en total indefensión frente a un aparato estatal que les criminaliza, y frente a una sociedad que aún no dimensiona y comprende la importancia de su labor», agrega el comunicado.
Los defensores de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bi, trans e intersexuales) sufren una doble vulnerabilidad, y están más expuestos a sufrir agresiones, como evidenció una reciente ola de crímenes de odio, que el Estado no reconoce como tal.
Cortesía de Sputnik
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