California está haciendo la diferencia en todo Estados Unidos. Autoridades de Los Ángeles están haciendo efecto la ley de california que prohíbe que empresas privadas manejen centros de detención.
Recientemente un proyecto en el valle de san Fernando paro su construcción ya que la ciudad de los Ángeles introdujo una moción en el concejo que prohíbe estas cárceles privadas.
Líderes pro inmigrantes aplauden esta decisión, como es el caso de María Chávez defensora de derechos humanos que asegura que los centros de detención son un negocio muy lucrativo para empresas privadas que reciben cuantiosas sumas por parte del Estado.
Nury Martínez concejal de Los Ángeles dijo en comunicado de prensa que no permitirá que las compañías se enriquezcan con la angustia y el sufrimiento de los niños migrantes por la construcción de un centro de detención, y dijo claramente que era in humano el trato a los migrantes por el gobierno federal. Esta experta en inmigración también dio su versión de lo que ha visto en estas cárceles para indocumentados.
En un comunicado, el Servicio de Inmigración y Control de aduanas asegura que los detenidos tienen acceso a cuidado médico de emergencia 24 horas al día y pueden reportar diariamente si están enfermos; también argumentan que gastan más de 269 millones de dólares en servicios de salud para los migrantes cada año.
La activista y abogada Luisa Beristaín denuncia también el negocio de empresas privadas al construir y gestionar centros de detención para migrantes y señala las condiciones deplorables en las que se encuentran las personas en estos sitios.
Cabe señalar que el gobierno de Donald Trump nada puede hacer para que california siga prohibiendo a compañías privadas frente a los centros de detención.
Cortesía de Rosie Orbaach HispanTV
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