Las más importantes redes de organizaciones defensoras de los derechos humanos de México condenaron al gobierno del presidente Adrés Manuel López Obrador por la masiva detención de migrantes realizada durante la tarde en la zona de la frontera sur con Guatemala.
«Las organizaciones, redes y personas defensoras de los derechos humanos condenamos la actuación de la Guardia Nacional, el Ejército mexicano, los cuerpos policíacos y del Instituto Nacional de Migración (INM) por las acciones de contención y detención este jueves 23 de enero en el municipio Suchiate de Chiapas (suereste de México)», dijeron en un comunicado las redes que aglutinan a decenas de organizaciones civiles.
Cuatro redes que aglutinan a las principales organizaciones que realizan una misión conjunta de observación en el terreno, exigieron al Gobierno de México, «respetar los derechos humanos de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional».
Además, exigen que las autoridades mexicanas garanticen a los indocumentados, entre ellos familias con niños y niñas «el derecho a la justicia y al debido proceso en el proceso administrativo migratorio».
El severo posicionamiento colectivo exige también a la administración de López Obrador «congruencia con una política migratoria que privilegie la seguridad humana».
El comunicado lo firman el Grupo de trabajo sobre política migratoria, el Colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos en el sureste mexicano, el Grupo de impulsor contra la detención migratoria y la tortura, la Red jesuita con migrantes, y la Red mexicana de derechos humanos «Todos los derechos para todos y todas», esta última la más antigua, con casi un centenar de organizaciones de todo el país.
Defensores de esa organización y del Servicio Jesuita a Refugiados dijeron a Sputnik que la Guardia Nacional «acorraló» por tarde al grupo de la caravana que cruzó la frontera por la mañana del 23 de enero, venían unas 1.600 a 2.000 personas, y los agentes «procedieron de manera violenta, rociando gas pimienta a todas las personas», para arrestarlas, subirlas en autobuses y llevarlas a centros de detención migratoria, son cientos de personas detenidas, incluidas mujeres, niñas, niños.
El 23 de enero el Centro de DD.HH. «Fray Matías de Córdova» denunció que las autoridades migratorias del INM le denegaron la autorización de acceso a la Estación Migratoria «Siglo XXI» de Tapachula «en un contexto de crisis humanitaria en la frontera sur».
El centro de detención migratoria de Tapachula presentó un balance especialmente problemático en 2019, en materia de «hacinamiento, conflictividad y violaciones de derechos», en las estaciones migratorias donde están encerradas las personas detenidas, que el Gobierno reporta como «rescatadas», adjetivo que los defensores de derechos humanos califican como un «eufemismo» para ocultar los arrestos.
El organismo de la iglesia católica que lleva más de 20 años monitoreando centros de detención migratoria «demandó judicialmente al INM, y junto a las redes y organizaciones firmantes le exigen respeto a la sociedad civil a su derecho a defender derechos humanos», dijo en un comunicado respaldado por cientos de organizaciones humanitarias.
La revocación de la autorización de acceso del equipo de ese centro humanitario, para verificar las condiciones de los detenidos en ese centro de detención «supone una grave limitación para su trabajo de defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, más aún de aquellas que se encuentran ingresadas en un lugar de privación de libertad», dice la denuncia.
Las autoridades federales mexicanas no presentaron un informe oficial de los hechos y fuentes oficiosas de la cancillería remitieron a los corresponsales extranjeros a preguntar al INM, que mantiene hermetismo sobre los eventos.
Cortesía de Sputnik
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