Acusan red mafiosa al interior de la Policía de Investigaciones

“La Policía de Investigaciones (PDI) es garante del Estado de Derecho. No se concibe que en un régimen democrático una policía no esté alineada con las normas del país y que no respete las decisiones judiciales”, enfatizó el subprefecto Alfredo Espinoza, jefe nacional de Asuntos Públicos de la entidad, para responder que ante la acusación de corrupción e irregularidades administrativas al interior de su entidad, ellos acatarán el fallo de los Tribunales, cualquiera sea, una vez culmine la investigación de la que son objeto.

Una versión diferente tiene el ex subcomisario Héctor Guzmán Godoy, quien el año pasado denunció una red de pederastia y prostitución en Valparaíso, en que se encontraban involucrados algunos congresistas y otros funcionarios de la PDI, según afirma. El resultado, al igual que el de otros 10 funcionarios que han denunciado irregularidades de personas con poder, fue perder su trabajo.

Los diez policías dados de baja de la PDI, presentaron una querella por supuestas irregularidades en sus despidos. Guzmán Godoy, denuncia que tanto él como sus compañeros fueron destituidos mediante un sumario que acusan de ilegal: “Funcionan como una mafia, porque en lugar de defender a las personas con más problemas, se dedican a tapar y evitar que se sepa la verdad cuando afecta a los poderosos, como diputados o empresarios”, señaló el ex agente, quien además dice que sin previo aviso dejó de recibir su sueldo y se quedaron sin ingresos, afectando a sus familias, los cuales además han sido amedrentados de diversas maneras para que no sigan adelante con sus reclamos, enfatiza.

Los ex policías acusan que los despidos coinciden con que todos ellos estaban denunciando e investigando casos de corrupción de personas que cuentan con algún tipo de poder, pero además que los sumarios y procedimientos mediante los cuales fueron destituidos de sus puestos no se acogen a derecho y son ilegales. Ese es parte del argumento de la querella presentada por el abogado de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Rubén Jerez, en dónde además se denuncia una red criminal que funciona como una mafia en la PDI.

Puntualmente, la querella denuncia “Asociación Ilícita – Organización Criminal al Interior de la Policía de Investigaciones de Chile” y versa en su contenido que al interior de la PDI hay un “siniestro mecanismo de control de sus funcionarios…, la PDI organiza Juntas Calificadoras de Oficiales Superiores y Jefes, dentro del proceso calificatorio en un contexto de clandestinidad propio de la Cosa Nostra”.

También se hace referencia a un oficio de la Contraloría General de la República que habría ordenado restituir a varios de estos funcionarios que ha sido desoído por meses, con recursos legalistas que buscan doblarle la mano a las decisiones del ente estatal.

El subprefecto Espinoza responde que “no es concebible en una democracia que no se respeten las decisiones judiciales” o de la institucionalidad, y agregó que “para eso es la policía, para hacer cumplir la ley y no para eludirla”. Y aunque no conoce el detalle de la querella, insiste en que ahora resta esperar qué es lo que decide la Justicia y que conforme con el resultado de las investigaciones se tomarán las medidas que correspondan, si corresponden.

La querella, que además es adherida por María Eugenia Puelma, encargada del Departamento de Derechos Humanos de la CUT, y Eduardo Morris Barrios, coordinador de la Asamblea Nacional de Paz y Derechos Humanos, señala que las irregularidades para el tratamiento de estas situaciones son múltiples, y van desde falsear la página Web de la institución para encubrir la irregularidad de los protocolos, atentar contra el derecho de los trabajadores, hasta el encubrimiento de delitos y que esto está ocurriendo por lo menos desde hace cuatro años.

“Ello debe llamar la atención sobre este deplorable mecanismo de control sobre nuestras policías destinado a pervertir sus lealtades dirigiéndolas, quizás, a intereses alejados a la justicia y probidad, principios que deben sustentar la defensa del régimen republicano y democrático que impone el artículo 4 de la Constitución”, señala Jerez en el documento entregado y aceptado en el 7º Juzgado de Garantía.

El Ciudadano