África abre juicio contra sus tiranos

El ex presidente de Chad Hissène Habré (D) levanta su puño cuando sale de un tribunal de Dakar escoltado por un policía senegalés en esta foto de archivo del 25 de noviembre 2005./ REUTERS

Cuando el exdictador chadiano Hissène Habré comparezca este lunes ante el tribunal especial creado en Dakar para juzgarlo por crímenes contra la Humanidad, el continente abrirá la puerta a un nuevo capítulo en su Historia: el de la justicia panafricana. Será la primera vez que un tribunal africano procese a un líder político de otro país en el continente.

Desde 2002, los grandes criminales de la historia africana reciente han sido juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, creada para conocer los tres delitos más graves: genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad.

Habré no pudo ser llevado ante esta corte porque los crímenes que se le achacan -40.000 asesinatos y 200.000 casos de torturas- se remontan a la década de los 80 y la CPI no tiene jurisdicción sobre ellos.

Al solicitar Bélgica la extradición del conocido como «Pinochet africano», a instancias de víctimas refugiadas en el país europeo, la ONU y la Unión Africana (UA) acordaron la creación de un tribunal especial en Senegal, donde Habré permanecía bajo arresto desde 2005.

Senegal, que aplicará por primera vez los principios de la justicia internacional en suelo africano, también fue el primero en adherirse al Tratado de Roma que creó la CPI, cada vez más denostada en el continente.

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, ha acusado a la CPI de practicar «colonialismo»; Kenia ha vivido como una intromisión la causa contra su presidente, Uhuru Kenyatta, y la propia UA ha acusado al tribunal de practicar una «caza racial» contra los africanos.

Su argumento es que la CPI sólo ha juzgado a criminales africanos desde su creación: Libia, Sudán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Uganda, Costa de Marfil o Kenia.

«La CPI no puede ser vista como una institución anti-africana. Su mayor bloque de miembros -34 de sus 122 estados- es de África y fue central en las negociaciones del Tratado de Roma que creó el tribunal», puntualiza el director de Human Rights Watch, Kenneth Roth.

El analista abunda en que esos 34 estados representan una amplía mayoría en el continente y recuerda que la fiscal jefe de la CPI es una gambiana, Fatou Bensouda.

Sin embargo, cuando se abrió la causa contra Kenyatta por su supuesta participación en la ola de violencia posterior a las elecciones de 2007, gran parte de la sociedad civil keniana se movilizó en defensa de quien fue el primer líder en ejercicio en sentarse ante la CPI (antes de cerrar el caso por falta de pruebas).

El órdago que Kenia lanzó al plantear su salida de la CPI y las críticas que Sudáfrica recibió en junio por negarse a detener al presidente de Sudán, Omar Hasan al Bashir, han reavivado la idea de una justicia panafricana, acariciada desde 2009 en el continente.

La Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, creada en 1998, y la Corte de Justicia de la Unión Africana, en marcha desde 2003, se unirán en la futura Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos, el primer tribunal continental con jurisdicción sobre crímenes internacionales.

Antes de echar a andar, la corte deberá sortear escollos como la adhesión de todos los estados -solo lo han hecho 11 de 54- y sus limitaciones presupuestarias, menos de 7 millones de euros anuales frente a los 126 de la CPI.

La falta de integridad del tribunal, que dará inmunidad a los jefes de Estado y Gobierno por deseo expreso de los propios líderes de la UA, podría restarle apoyos entre la sociedad civil africana, cada vez más combativa frente a los abusos de sus líderes.

Estos todavía podrían ser juzgados por la CPI, pero, ¿qué pasará con los mandatarios de aquellos países que decidan abandonar La Haya?.

El juicio a Habré podría hacer recapacitar a una clase política que todavía se cree omnipotente y dar una lección a los críticos del sistema de justicia internacional. «Ya no podrán decir que es una herramienta al servicio de los intereses occidentales», defiende la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).