De diciembre hasta junio, temporada de frutos rojos, Huelva atrae a unas 100.000 personas para trabajar en el campo. Muchos proceden de la propia provincia, en el extremo suroeste de España. Otros, de países de Europa oriental —como Bulgaria o Rumanía— o de África (principalmente, Marruecos).
Cada año, esta peregrinación laboral ocupa titulares sobre el estado de los empleados. Los horarios, el sueldo o las condiciones de vida copan denuncias de sindicatos o de representantes políticos. En 2020, con la pandemia de COVID-19, estas voces han alegado, además, la poca seguridad sanitaria que sufrían.
«Esto es esclavitud. Te tratan como si fueras ganado. Bueno, los caballos que tienen los terratenientes están mejor», cuenta Laura, nombre ficticio de una trabajadora de 26 años que lleva tres campañas en un pueblo de Huelva. Laura suele incorporarse a las fincas de invernaderos para recoger fresas, frambuesas, moras o arándanos, donde está ahora. «Entras a trabajar y no sabes ni cuántas horas ni cuántos meses va a ser. Depende del producto», explica.
A veces, analiza, la jornada es tan corta que no sale ni rentable. «Por convenio, está a unos seis euros la hora. Y si tienes que pagar gasolina, niñera o comida, no te da ni para pipas», resuelve. Además, a Laura le sorprende cómo hay sitios «que no quieren españoles». «En la primera finca éramos poquísimos. La mayoría no sabía ni hablar español. Y estaban en una nave con literas, hacinados y sin agua potable», describe de cuando empezó el pasado diciembre, indicando que la preferencia por extranjeros se debe a la posibilidad de pagarles menos y no recibir quejas.
«Durante la recogida de la fresa nos pagaban unos 38,5 euros al día por seis horas y media. No podías ni llevarte agua. Y en los invernaderos son 10 grados más que fuera», señala la jornalera.
Con el coronavirus incluso les sugirieron que no podían tomar nada. «No teníamos ni guantes, ni desinfectantes, ni nada para lavarnos. Y se inventaron lo de comer, diciendo que eran directrices del gobierno. Y, como hay mucha gente que no puede protestar, intentan que cuele», lamenta. A favor de los empresarios juega la vulnerabilidad de los empleados: la tasa de paro en Huelva se sitúa en torno al 24% (unas 58.300 personas), según la Encuesta de Población Activa de finales de 2019, que la coloca como la cuarta provincia española con más desempleo.
Este sector, por tanto, supone un salvavidas para muchos residentes. Los únicos ingresos anuales. A pesar de que se tenga la idea de que la mayoría de recolectores son de fuera (se calcula que, en realidad, es la mitad). Y eso hace que reine un silencio autoimpuesto. Como Laura, casi nadie quiere declara públicamente el malestar. Se escudan en que cualquier postura más o menos reivindicativa conlleva el despido. «Si te quejas o te pasa cualquier cosa, eres la primera en echar cuando se va acabando la producción», apunta Laura.
Ana Pinto, sin embargo, sí que da la cara. Después de 17 años en el campo ha sido vetada en varias fincas por su activismo. Fue una de las impulsoras de Jornaleras de Huelva en Lucha, una colectivo que denuncia los «abusos» de los invernaderos. «No se cumplen los convenios», asegura por teléfono, «y estamos totalmente desprovistas de sindicatos o de la Administración».
Incumplimiento del Salario Mínimo Interprofesional
Según narra esta mujer de 33 años, que ahora forma parte de una cooperativa de abogados, los gobiernos suelen apoyar a los agricultores y dar la espalda a trabajadores. «Y somos la causa de su beneficio», esgrime. Las quejas de esta temporada se han centrado en la seguridad con respecto a la propagación del coronavirus: «No se ha cumplido la normativa y se exigía el mismo rendimiento. Algo que ha puesto en peligro a los trabajadores y a sus familias», apostilla después de 27.940 muertes y 233.047 contagios registrado en todo el país a día 21 de mayo.
Pinto afirma que las personas empleadas en la huerta con «herramientas de usar y tirar» y critica que, a pesar de alardear de una subida del Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros mensuales, los contratistas siguen pagando menos. «Cada finca hace lo que le parece, sin ningún control», suspira. Emilio Terrón, secretario sectorial Agrario y de Manipulado Hortofrutícola del sindicato UGT FICA, aprovechó el pasado 1 de mayo para recordar que los empresarios no cumplen con el salario mínimo. «Debería ser de 45,98 euros la jornada y se cobran unos cuatro euros menos al día, entre 39 y 42 euros», cifró.
Insistió el líder sindical en señalar la «precariedad» del gremio y anotó que «ha tenido que llegar la pandemia para que se visualice la labor de los hombres y mujeres trabajadores agrarios». Entre ellos, los que ni siquiera salen en registros. Amadou Doumbia, del Colectivo de Trabajadores Africanos, envió el pasado mes de marzo una carta a los Ministerios de Interior, Agricultura y Seguridad Social e Inmigracion solicitando la regularización masiva de miles de sin papeles que sobreviven en los alrededores de los campos de fruto rojo de Huelva. «Las condiciones son pésimas», subrayaba.
«No nos llega mucha información porque no tenemos internet y para cargar el móvil tenemos que ir al pueblo. La gente sigue con su vida normal pero claro no hay nada, ni guantes, ni mascarillas, ni comida. Lo de quedarnos en nuestra casa es difícil porque no podemos pasarnos todo un día debajo de un plástico sin electricidad ni agua. Aquí no hay ningún tipo de protección, el día que caiga uno de nosotros con coronavirus, caemos todos», declaraba en el diario La Voz del Sur a finales de marzo.
La epidemia, por aquel entonces, ya arrasaba con virulencia en la geografía nacional. Y eso produjo que se extremaran las precauciones o que se cancelaran muchos vuelos con trabajadoras de Marruecos. Una situación que, tal y como expresaba la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), estaba volviéndose «insostenible» a causa de la «indeterminación de las normas fijadas dentro del Decreto de Alarma». «Es un sector esencial y esto puede tener lamentables consecuencias», advertían.
De momento, el trabajo ha continuado. Las condiciones siguen en entredicho y existen protestas por la falta de inspecciones de trabajo. La visita más reciente que descubrió internacionalmente esta realidad fue la de Philip Alston, relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la pobreza extrema y los derechos humanos. Su balance fue negativo: en una rueda de prensa declaró sentirse «pasmado» por las condiciones de los recolectores de frutos rojos en Huelva.
«Viven como animales mientras grandes empresas ganan millones de euros», concluyó, instando al Gobierno a atajar esta situación. «Me ha quedado claro que hay dos Españas, yo he estado de visita muchas veces aquí y he sido testigo de la prosperidad, pero esta vez he visto el otro rostro, una España que es el hogar de un porcentaje muy alto de personas que están viviendo al borde de sus posibilidades», zanjó Alston.
Cortesía de Sputnik
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