Alicia Lira
Como «una inmensa indignación». Así describió en conversación con El Ciudadano TV la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, el sentir de las organizaciones de derechos humanos luego de las declaraciones entregadas este sábado a La Tercera por Hugo Dolmestch, presidente de la Corte Suprema, en donde se mostró a favor de conceder beneficios carcelarios a los violadores a los derechos humanos en Chile.
Junto con plantear que el derecho a la libertad condicional está establecida en la legislación actual, la máxima autoridad de la justicia del país plantea, a título personal, que «no debiera haber ninguna diferencia entre una persona condenada y otra».
Agrega Dolmestch: «La mayoría dice ‘es que son delitos de mucha gravedad, de lesa humanidad’. Y yo digo que no, yo creo que (los condenados por DD.HH.) tienen derecho a la libertad, pero esa es una opinión personal». E insiste: «La ley no debiera contener algún tipo de excepcionalidad. Debiera ser pareja para todos».
El presidente de la Corte Suprema argumenta en favor de los militares que «están siendo condenados a penas altas», que es «gente muy vieja, que está enferma y que tiene dificultades, incluso mentales y físicas». La autoridad judicial de hecho va más allá y plantea que el otorgar un beneficio como la libertad condicional «sería incluso una expresión de respeto a los derechos humanos». «El derecho humano de las víctimas se cumplió, fueron sentenciados, y ahora viene el derecho humano de los condenados», sostiene.
Hugo Dolmestch
Por último, Dolmestch postula que «el Poder Ejecutivo tiene la facultad de perdonar, porque es tan humano perdonar y el perdón tiene que tener un efecto».
«Su preocupación tiene que ver casi únicamente con un desenlace beneficioso para los criminales»
En representación de la Coordinación Nacional de Organizaciones de DD.HH y Sociales, que reúne a alrededor de 27 agrupaciones, Alicia Lira entregó esta mañana una carta al presidente de la Corte Suprema, en donde se manifiesta un «profundo malestar y desacuerdo» con sus declaraciones. «Es lamentable y un pésimo precedente que un presidente de la Corte Suprema entregue estas opiniones sobre las violaciones de los derechos humanos», señaló en conversación con El Ciudadano TV.
Junto con calificar sus palabras de «gravísimas», Lira recordó que es segunda vez que la máxima autoridad del Poder Judicial «tiene una postura que pro-violadores a los derechos humanos» y que el juez, quien tuvo a cargo emblemáticos casos como el de la Operación Albania (19787) y el del secuestro de cuatro profesionales como represalia por el atentado en contra de Augusto Pinochet (1986), «aplicó lamentablemente la política de la media prescripción».
Algo que le hicieron ver a Dolmestch en la misiva, en donde le plantean que «al parecer, su preocupación central respecto al desarrollo de causas sobre los derechos humanos tiene que ver casi únicamente con un desenlace beneficioso para los criminales, imponiendo penas leves, aplicando la doctrina de la media prescripción, y otorgando beneficios carcelarios como la libertad condicional e indultos».
«No sentimos violentados», señalan las agrupaciones, recordándole de paso que entre los militares condenados todavía persisten los pactos de silencio y que no ha habido colaboración efectiva con la verdad y la labor de la justicia. Esto, añaden, «ha mantenido la incertidumbre en cientos de casos de detenidos desaparecidos y prolongado los procesos judiciales hasta hacer perder el sentido de oportunidad que debiese tener la aplicación de justicia».
La tardanza en juicios de víctimas
Junto con cuestionar el que el presidente del máximo tribunal equipare a delincuentes comunes con los criminales que han cometido delitos de lesa humanidad a la hora del derecho a acceder a beneficios carcelarios, la AFEP sostiene: «Nos gustaría habernos enterado de esa misma preocupación por la enorme tardanza de los juicios en derechos humanos, donde numerosos familiares de las víctimas han fallecido, sin tener la oportunidad de ver en vida la justicia por la que tanto lucharon».
Por último, las agrupaciones firmantes hacen un llamado al presidente de la Corte Suprema «a que reformule sus dichos y de verdad cumpla el rol que corresponde en la gran tarea por hacer justicia en nuestra patria».
Daniel Labbé Yáñez
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