Las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos junto a los Sitios de Memoria de las Victimas de la Dictadura Cívico Militar, exigen en conjunto, las renuncias del ministro de Justicia, Hernán Larraín y la subsecretaria de la misma cartera, Lorena Recabarren.
Estas agrupaciones ligadas históricamente a la defensa de los Derechos Humanos, atribuyen a los líderes de esta cartera, entre otras cosas, la responsabilidad “ante la grave situación en que se encuentran los niños y las niñas bajo tutela del Estado en el Servicio Nacional de Menores (SENAME)”.
En su declaración pública, las organizaciones de la sociedad civil señalan que el pasado sábado martes 9 habría fallecido un menor de 13 años contagiado de coronavirus, quien vivía en una residencia de discapacidad severa administrada por el SENAME en la comuna de Lampa (Hogar San Ricardo), la cual se habría informado recién el sábado 13 de junio.
En cuanto a los intentos del Ministerio de Justicia por “buscar la impunidad de los criminales de lesa humanidad condenados a penas de cárcel por sus crímenes a través del proyecto de ley humanitaria”, estas organizaciones denuncian que Hernán Larraín, en la discusión parlamentaria del proyecto de ley humanitaria, justificó la libertad a estas personas, bajo el argumento que:
‘El Derecho Humanitario Internacional nos da el marco de referencia para avanzar en este tipo de políticas. Las personas condenadas por crímenes de Lesa Humanidad pueden bajo ciertos requisitos acceder a beneficios. Por razones humanitarias se busca sustitución de pena, arresto domiciliario, porque la situación en que se encuentra ofrece un cuadro humanitario más digno. Lo que estamos presentando se enmarca en el Derecho Humanitario Internacional’, lo cual indignó a las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y a los Sitios de Memoria.
“Nos indigna que en su presentación, el ministro no haga mención alguna a que los violadores de derechos humanos -los pocos que están presos- lo están como resultado de la larga lucha que familiares, junto a los abogados de derechos humanos, han dado. Tampoco menciona que fue a través de nuestras querellas que se logró avanzar en verdad y justicia, a pesar de que los criminales, sus cómplices y sus encubridores, nunca entregaron información en las causas investigadas, no se han arrepentido de sus abominables crímenes, y que han sido favorecidos con bajas penas, las que no se condicen con la gravedad de sus crímenes”, señalan.
Por último, expresaron: “también queremos denunciar que el ministro Hernán Larraín desarmó la Unidad de Búsqueda de los Detenidos Desaparecidos y Detenidas Desaparecidas, uno de los equipos fundamentales del Programa de Derechos Humanos, y única entidad que tiene la responsabilidad de encontrar los restos de más de 900 personas detenidas desaparecidas, para que sus familiares pudieran por fin cerrar su duelo”, enfatizaron.
Además, se manifiestan que se encuentran en contra de “la inacción y silencio cómplice de la subsecretaria Recabarren frente a las masivas y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos contra manifestantes, cometidas por Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y Ejército, acontecidas en el contexto de estallido y protesta social a fines del año pasado”.