Agrupaciones de familiares de desaparecidos y ejecutados se unen para exigir renuncia de ministro y subsecretaria de Justicia

Definitivamente, el escenario del Covid-19 ha permitido un impensado uso político de la pandemia en favor de la impunidad para los criminales de la dictadura condenados por violaciones a los Derechos Humanos.

Algo que ha quedado en evidencia tras el apremio del Presidente Sebastián Piñera para que el Congreso apruebe su «Ley humanitaria», la que favorecería con el cumplimiento de sus condenas en sus hogares a delincuentes de Lesa Humanidad; el torpedeo del proyecto de «indulto conmutativo» por parte de Chile Vamos por no contemplar la iniciativa a genocidas como los de Punta Peuco, y la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de absolver y reducir las penas de 17 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Ante este escenario, las agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) a nivel nacional están denunciando «nuevas intentonas del gobierno de Sebastián Piñera, quien busca dejar libres a criminales de Lesa Humanidad, y en un acto vil busca sus argumentos en la pandemia que vive el país».

A juicio de las organizaciones, el público respaldo de Piñera al otorgamiento de este beneficio en favor de los criminales de la dictadura es «de máxima gravedad, ya que devela en forma clara sus intenciones». «Junto a su sector de la derecha, vuelven una vez más sobre sus promesas de entregar libertad a los violadores de Derechos Humanos», profundizan.

«Una vez más los familiares de los luchadores sociales quedamos sin justicia y verdad para nuestros deudos», apuntan respecto al repudiado fallo de la Corte de Apelaciones, añadiendo que a ello se suma el requerimiento de los parlamentarios de Chile Vamos al Tribunal Constitucional (TC) para que el «indulto conmutativo» se aplique también a esos agentes de la dictadura, «contraviniendo todos los tratados y convenios internacionales».

LA RENUNCIA DE LARRAÍN Y RECABARREN

En esa misma línea, la AFEP y la AFDD a nivel nacional denuncian que Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos, «ha iniciado causas y acciones que van en contra de la justicia y a favor de los victimarios», prohibiendo -según aseguran- a su institución «alegar y exponer en el Tribunal Constitucional en contra de los indultos que beneficiarán a los condenados de graves violaciones de Derechos Humanos». Algo que, agregan, Recabarren habría hecho en abril de 2019 en la causa de la víctima Patricio Manzano, debido a que el acusado en este caso de violaciones a los Derechos Humanos «era el ex director de Carabineros, Bruno Villalobos».

A la subsecretaria de Justicia las agrupaciones le atribuyen igualmente «haber retirado del Plan Nacional de Derechos Humanos, la Unidad de Búsqueda de los Detenidos Desaparecidos». «Es tal la precariedad en materia de Derechos Humanos, que se ha desmantelado constante y sistemáticamente todo órgano mandatado por ley para la búsqueda de nuestros familiares», advierten.

Es en este escenario entonces que la AFEP y la AFDD exigen «la renuncia del ministro de Justicia Hernán Larraín, quien fue cómplice de los crímenes de Colonia Dignidad y protector de Paul Schäfer (…), y la renuncia de Lorena Recabarren (…) -quien nunca se ha reunido con las agrupaciones de familiares de regiones, ni entregado la información de las causas judiciales de nuestros familiares-, por la complicidad de negación de justicia».