El informe citado por ‘The New York Times‘ contiene correos electrónicos y otros documentos que revelan la coordinación de dicha organización con la CIA, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia con el fin de crear una política sobre los interrogatorios vinculada a la seguridad nacional que «correspondiera a las directivas secretas que autorizaban el programa de torturas de la CIA».
Las acciones de la APA coincidían con los esfuerzos del Gobierno para salvar el programa de interrogatorios, luego que salieran a luz en el 2004 las fotos de abusos contra prisioneros perpetrados por militares estadounidenses en la cárcel iraquí de Abu Ghraib.
El documento señala que la involucración de profesionales de la APA permitió al Departamento de Justicia defender la legalidad de los interrogatorios y argumentar que no constituían torturas, dado que eran monitoreados por profesionales de la salud.
El programa fue clausurado desde aquellas revelaciones. En 2014 el Senado emitió un informe que calificó el programa de «ineficaz y abusivo», detallando los métodos crueles utilizados por la CIA contra los sospechosos de terrorismo, incluido el ahogamiento simulado y la alimentación vía rectal entre otros.
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