La Municipalidad de Santiago aplicó el llamado «rompe-paga» contra cinco apoderados de alumnos del Instituto Nacional, pertenecientes al Centro de Estudiantes, por los supuestos daños que se habrían ocasionado en la toma realizada durante el lunes y martes pasado.
Esto se tradujo en que el alcalde Felipe Alessandri interpuso una demanda de responsabilidad civil por indemnización de perjuicios, la que busca que los apoderados de quienes llamaron y organizaron la ocupación se hagan cargo de los destrozos que el jefe comunal acusa que ocurrieron durante la acción. Estos estarían avaluados en $400.000, de acuerdo a un informe del Departamento de Infraestructura de la Dirección de Educación del municipio capitalino.
Cabe destacar que Alessandri ha insistido en que la toma fue una «ocupación ilegal», desestimando el alcalde que en la votación participó el 69,1% de los estudiantes del emblemático establecimiento.
«La semana pasada, representantes del Centro de Estudiantes lideraron la ocupación ilegal del liceo, que de por sí es un acto violento, impidiendo que más de 4.000 alumnos pudieran asistir a clases. En ese periodo rompieron puertas, forzaron chapas y realizaron destrozos en las salas de inglés y matemática», declaró el jefe comunal.
Esta demanda se suma a las interpuestas los años 2017 y 2018 por supuestos destrozos ocurridos en los liceos Teresa Prat, Instituto Nacional, Confederación Suiza y Amunátegui. Actualmente todos estos procesos se encuentran en curso, y tanto apoderados como alumnos han debido comparecer ante la Justicia.