Alcaldesa de Antofagasta deberá asistir a clases de derechos fundamentales por «agresiones y hostigamientos» a funcionaria

La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó este 29 de febrero el fallo del Juzgado de Letras del Trabajo en contra del municipio de esa ciudad, en la que se le ordena indemnizar en $10 millones a la periodista Pricilla Manzano Morales por daño moral y a la alcaldesa Karen Rojo (Ind., ex RN) a asistir a clases de derechos fundamentales, además de pagar $2 millones por concepto de costas del juicio. Todo esto, en el contexto de una denuncia por «vulneración de derechos «presentada en octubre de 2015 por Manzano.

Los hechos denunciados por la periodista tienen que ver básicamente con hostigamientos en su contra ocurridos al interior del municipio y que en la práctica se tradujeron en un cambio en sus funciones y una serie de traslados injustificados y hostiles. Hasta el 8 de abril de 2014, Pricilla Manzano se desempeñaba como Directora de Seguridad Ciudadana sin mayores inconvenientes. Sin embargo, ese día fue trasladada mediante una resolución dictada por la alcaldesa Rojo a la dirección de Turismo y Cultura.

En la causa la periodista declaró que dicho traslado «no fue de manera consensuado» ni tampoco respondió «a razones de gestión y resultado», sino que «a la decisión caprichosa y arbitraria de la señora Alcaldesa». Lo anterior, asegura, ocurrió ante una «evidente» irregularidad en la que habría incurrido la edil a raíz de una licitación de servicios de seguridad y vehículos para seguridad ciudadana, área en donde Manzano se desempeñaba. El 2013, detalló la mujer, su unidad directiva había desarrollado un proyecto para contar con dicha infraestructura, «lo cual fue desechado por la Alcaldesa». Sin embargo, agrega, la autoridad decidió finalmente «entregar este contrato a una empresa privada para su administración por altísimas y desproporcionadas sumas de dinero».

La periodista acusa que desde el momento de su traslado «existió una evidente distancia de trato de la Alcaldesa hacia su persona», que no se le entregaron las directrices para ejecutar sus nuevas funciones y responsabilidades, exigiéndole por el contrario cuestiones que no eran propias de la dirección que ahora lideraba, como, por ejemplo, notas de prensa.

Sin embargo, el período más crítico vendría en noviembre de 2014, cuando se le informó que por decisión de la alcaldesa, la Dirección de Turismo y Cultura se trasladaría ahora a otras dependencias, ubicadas en el Parque Nicolás Tirado, las que «no contaban con los estándares mínimos para el desempeño de sus funciones», según detalló la periodista.

«Es posible establecer que las nuevas dependencias en la Casa de la Cultura, conforme las fotos incorporadas al proceso, se encuentran en condiciones deficitarias, en especial en relación a la techumbre y barandas, las que se aprecian claramente carcomidas por la polilla y el desgaste natural del tiempo de un edificio añoso, que sirvió de casa Consistorial hace más de quince años atrás, constituyendo incluso un riesgo a la integridad física de las personas que se encuentren trabajando o transitando por dichas dependencias», estableció el Juzgado de Letras de Antofagasta.

En resumen, el fallo contra la Municipalidad de Antofagasta confirmado por la Corte de Apelaciones establece que «la decisión alcaldicia de trasladar a la denunciante careciendo de justificación suficiente», junto con «la incongruencia sobre los traslados dispuestos con solo once días entre uno y otro y a diferentes dependencias» y «las condiciones deficitarias de las nuevas locaciones de la Dirección de la Casa de la Cultura», son considerados como «agresiones y hostigamientos dirigidos a menoscabar en su dignidad personal» a la periodista Pricilla Manzano, lo que -establece la resolución- produjo en la profesional «patologías depresivas».

El abogado de la municipalidad, Héctor Gómez, declaró a SoyAntofagasta respecto el fallo adverso que «la autoridad tiene la facultad de trasladar funcionarios y así lo reconoce el fallo, el problema fue que lamentablemente el procedimiento no fue bien llevado a cabo. Pero no es la alcaldesa la que ejecuta los procedimientos». Junto con esto, Gómez agregó que si bien existe la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema, la municipalidad no lo hará e implementará los planes de capacitación en derechos fundamentales exigidos por la justicia.

Orden de desalojo

La alcaldesa de Antofagasta ya se había visto envuelta en una polémica, cuando en septiembre de 2015 -a través de un oficio- solicitó el desalojo de 26 campamentos de la comuna, por supuestos problemas de seguridad y de afectación de la calidad de vida que habrían denunciado vecinos de estos lugares.

La impopular medida significó, entre otras críticas, la del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien calificó de «increíble» e «indecente» la decisión, planteando que «los va a tirar no sé a dónde, porque ella tampoco plantea una solución para esto». Un cuestionamiento compartido por la gobernadora de Antofagasta, Fabiola Rivero, quien definió la solicitud de la jefa comunal como «poco rigurosa», esto porque de los 35 campamentos existentes en la comuna, en 30 ellos el gobierno se encontraba trabajando.

El sacerdote Felipe Berríos también salió a denunciar la orden de desalojo de la alcaldesa Karen Rojo, debido a que uno de los campamentos afectados era el “Luz Divina” en La Chimba, en donde él desarrolla su labor social.  “¿Cómo sacas a esa gente? ¿Y a dónde los vas a tirar? ¿Al mar?”, señaló entonces el jesuita.

Por Daniel Labbé Yáñez.