Amedrentamiento, desgaste y efectismo comunicacional: Las 3 funciones de la prisión preventiva según una de sus víctimas

Las llamas que hicieron arder el templo evangélico en Padre Las Casas, Región de La Araucanía, parecieron alcanzar a los cuatro comuneros mapuche, ahora bajo la forma de una prisión preventiva facilitada por el recurso jurídico bajo el cual se les intentó procesar: la Ley Antiterrorista. El atentado, realizado en 2016, gatilló la persecución policial de Alfredo Tralcal, Benito, Pablo y Ariel Trangol. Detenidos en junio del mismo año, en el mismo mes del año siguiente comenzaron una huelga de hambre que sumó 114 días y que puso en jaque la estrategia judicial del gobierno. Los Presos Políticos Mapuche (PPM) persiguen que no se les aplique la prisión preventiva.

Una de las demandas fundamentales era dejar de utilizar como herramienta jurídica la Ley Antiterrorista, y los PPM no son los únicos que han librado batallas judiciales de similar calibre.

El abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, participó como defensor en el Caso Bombas. El proceso terminó con un fiscal -Alejandro Peña- fuertemente cuestionado y sin culpables, luego de que una serie de pruebas presentadas por la Fiscalía fuesen desconsideradas por carecer de contundencia en opinión de la Justicia. Lo mismo se pudo ver en el caso del imputado por la instalación de una bomba en una comisaría de la zona sur de Santiago, Víctor Montoya, quien estuvo un año y medio en prisión preventiva, para que las pruebas a partir de las que se le imputaba, fueran desestimadas.

Román conversó con El Ciudadano para explicar algunos de los vicios de la Ley Antiterrorista, en particular la prisión preventiva.

El abogado señala que hay una  línea de continuidad en los casos que ha seguido. Se trata de “un libreto fallido, pero fuertemente custodiado” por la Ley Antiterrorista, que a priori considera la culpabilidad de los acusados. Ésta “establece exigencias mayores para optar a la libertad”. Por ejemplo, cambia el parámetro de cómo se toma una decisión. Levantar la prisión preventiva “requiere de la exigencia de la unanimidad de los ministros en la corte”, señala.

Esta situación generó para los originarios encausados por el Caso Luchsinger-Mackay, la curiosa situación de la anuencia de dos de tres ministros de la corte, y perder. “Y todos van a salir declarados inocentes”, remarca Román.

El artículo 140 del Código Procesal Penal es el estatuto que regula la prisión preventiva. Allí se señalan que los supuestos que la autorizan son: que haya antecedentes de que el delito existe; que haya datos que hagan presumir que el imputado mantuvo alguna participación del mismo; y que haya información suficiente para pensar que la libertad del imputado podría dañar la investigación, resultar un peligro para la sociedad o darse a la fuga.

Román subraya que considera esta argumentación como “un cliché y parte del libreto fallido”, en el fondo, porque la Ley Antiterrorista “es una pena anticipada no regulada”. Y peor, esta pena “es más severa si los imputados son de mundo de la disidencia política. Los tribunales de garantías y las cortes de apelaciones son las más duras en sostener que habría necesaria cautela o peligro de fuga aun cuando estamos generalmente frente a casos de personas inocentes”, sostiene.

“No sueltan a un terrorista, sino a una persona inocente que estuvo 16 meses preso”

Víctor Montoya compartió con El Ciudadano, su testimonio como procesado bajo Ley Antiterrorista.

En su caso, tras 16 meses de prisión preventiva, el Tribunal Oral en lo penal de Puente Alto le absolvió, reabrió su caso tras registrarse otro atentado (en el Metro, 2014), y fue absuelto definitivamente. Se le sindicaba como responsable de la colocación de un artefacto explosivo en un retén de Carabineros de las Vizcachas en febrero 2013, hecho que dejó a un carabinero con un trauma acústico y lesiones leves. El uniformado pedía cinco años de cárcel para el supuesto culpable.

Las pruebas presentadas por parte de la Fiscalía revisten severos cuestionamientos. Las resumía el capitán de inteligencia nacional, Gerardo Mediavilla, quien indicaba a la prensa que “el material incautado al imputado (…) tiene la animosidad de atacar a la figura del control social, Policía de Investigaciones, Investigaciones, el Ministerio público, los Juzgados». Y aseguró que “en esa mezcla de términos o de definiciones, sí tendría vinculaciones con estos grupos, -en cuanto a las técnicas de preparación en ejecución-.”. Entre los artículos personales se podían contar el libro “La moral anarquista”, folletos de tocatas, documentos alusivos al Caso Bombas y su computador, en donde –entre muchos documentales – reparan en uno sobre la organización vasca ETA y otros instructivos sobre cómo armar bombas y armas.

Luego de 16 meses -un año, cuatro meses- preso, Montoya fue absuelto. El falló unánime catalogó las pruebas de insuficientes y poco contundentes. Víctor señaló a la salida de la lectura del fallo que “este tiempo ha sido tremendo, el gasto emocional, nunca hemos podido estar tranquilos durante estos años, pero teníamos la fe y la esperanza. Hoy quiero dejar pensando a todos, les digo, soy una persona inocente y libre, aquí no están dejando libre a un terrorista, soy una persona que estuvo 16 meses preso”.

Víctor corrió. Literalmente corrió hacia su casa.

Montoya considera que hay una línea de continuidad entre diversos casos en que se ha invocado la Ley Antiterrorista y, por consiguiente, se ha utilizado la prisión preventiva. En específico, considera que la prisión preventiva sirve para intimidar a las bases movilizadas en el caso mapuche, dar un efecto mediático de eficacia para el supuesto terrorismo, y desgastar a los individuos involucrados en las causas:

“Si pescan a 3-4 mapuche y los tienen en cana un año, creo que la finalidad de eso es intimidar a los que están en las comunidades luchando. Es una forma de amedrentarlos. Por el lado mediático, es decir: estamos haciendo algo y hay un resultado. Por último, durante la prisión preventiva se intenta alargar el tiempo, porque va produciendo desgaste tanto en la persona privada de libertad como en su círculo cercano: familia, amigos, entre otros”, sostiene.

En contexto de prisión preventiva, relata, se comienzan a producir presiones anexas, a través de la Fiscalía, consistentes en que, mientras la investigación no avanza, ofrecen reducciones de pena a cambio de que se reconozca el ilícito: “a mi abogado le hacían ofertas, tipo ‘ya, asume esto y no le pedimos 15 años de presidio, le pedimos tres; ya lleva uno. Puede bajar a dos’”, declara.

Confiesa que le resultó difícil lidiar con el pesar de su familia: “no siento haber tenido un mal pasar. Sí me afectó mucho el tema de mi familia, de cómo les afectó a ellos el tema”.

“no siento haber tenido un mal pasar. Sí me afectó mucho el tema de mi familia, de cómo les afectó a ellos el tema”

El desgaste se aparecía en la rutina de cada día: 7:30 de la mañana, levantarse; 8:00, hacer la cuenta; desayuno; dos horas de patio; almuerzo; compartir; entrenar; a la pieza:

“Lo que me generaba un estrés, era el encierro. Veía pasar los meses, los meses, los meses, y no había respuesta. La investigación no avanzaba. Y pensaba: estos weones se están agarrando de algo que no está justificado, entonces el juicio oral que tuve luego de un año y medio, pude tenerlo a los dos meses. Ya estaban todas las diligencias hechas”, desafía.

Y la cárcel no es cualquier lugar, también forma parte del desgaste al que Víctor Montoya se vio sometido. Según relata, “vi desde crisis de pánico, hasta internos cortándose los brazos pa’ que los cambiaran de piso porque tenían problemas con otros internos. Mi piso era tranqui; pero dentro de todo, es cana la weá, entonces se ven cosas. Incluso, una vez vi a un gendarme pegarle una puñalada a un interno con un destornillador”.