Amenazas ‘paras’ previas a la movilización del 6 de marzo en Colombia

La Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y el Movimiento Nacional de Víctimas de Estado (MOVICE) de Colombia denuncian ante la comunidad nacional e internacional amenazas en el marco de la movilización de marzo 6 de 2012, “El despojo de tierras: otro crimen de Estado”.

Según denuncian las dos prestigiosas organizaciones, “el lunes 27 de febrero, se recibió vía correo Servientrega en las instalaciones del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’, un sobre de manila, remitido por una persona de nombre José Alfredo Jiménez, dirección Calle 52 No 17ª-32 proveniente de la ciudad de Jamundí – valle del Cauca, que contenía una amenaza en nombre de quienes se autodenominan Comandos Urbanos Los Rastrojos [uno de los nuevos rostros de los paramilitares”. No son estas las primeras amenazas que reciben MOVICE o el Colectivo de Abogados.

Los Rastrojos declaraban en las amenazas que tiene como “objetivo militar” a diversas organizaciones y personas entre las cuales mencionan a: Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Corporación Ayuda Humanitaria (Antioquia), ASODOP (Antioquia), Fundación Colombian”s Human Righs (Tolima), Asociación de Grupos Juveniles Libertad (Valle del Cauca), dos integrantes de la CUT y del sindicato Anthoc, al senador Alexánder López Maya, al ex senador Wilsón Borja Díaz y al senador Jorge Enrique Robledo.

“El martes 28 de febrero, otro panfleto, firmado por las ‘Águilas Negras Bloque Capital’, fue enviado por Servientrega al Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo”. En esta comunicación se “sentencia a la pena de muerte a las perras guerrilleras de las farc (sic) las cuales se oponen a las políticas de nuestro gobierno y que hacen lavado de cerebro a los desplazados haciéndose pasar por lideres defensores de derechos humanos y dejen de joder con el tema de reparación de tierras porque todo el que haga esta gestión va a ser asesinado por nosotros”.

Según la denuncia de las organizaciones afectadas las Aguilas Negras señalan directamente a mujeres defensoras de derechos humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Casa Mujer, Ruta Pacífica, Fundhefem, Arco Iris, Sisma Mujer, Afromupaz, Codhes, MOVICE, PNUDH, Afrodes, Juntos por la Vida y la Marcha Indígena.

“Además, de unas 15 personas más, principalmente mujeres, entre ellos Piedad Córdoba, una integrante del CCAJAR, Iván Cepeda del MOVICE], una integrante de la Unidad Técnica Legislativa de Iván Cepeda, y Gustavo Petro [alcalde de Bogotá]”.

Las amenazas han llegado días antes de la realización de la movilización nacional que se realizará el próximo 6 de marzo en el marco del día nacional e internacional de las Víctimas de Crímenes de Estado que se conmemora desde el año 2008.

ANTECEDENTES DE AMENAZAS PREVIOS

Tanto el CCAJAR como el MOVICE han sufrido una sistemática revictimización a manos de instituciones del Estado y grupos paramilitares.

El 23 de febrero, se presentó un robo de información del domicilio de la secretaria técnica del MOVICE Capítulo Norte de Santander, Nubia Mendoza. Igualmente, en noviembre del año pasado, se hurtaron computadores del integrante activo del MOVICE Capítulo Nariño, Edgar Montilla. En los dos casos, los ladrones entraron de manera profesional, sin violentar las chapas, y se limitaron a robar listados e información digital.

El 21 de febrero, varios integrantes del MOVICE Capítulo Nariño recibieron un correo amenazante del “Grupo Anti Restitución”, en el cual se advierte que «No entregaremos ni un milímetro de tierra, territorio o bienes para sufragar restituciones ilegales e impuestas por la presión internacional.»

Lo anterior tiene como antecedentes las amenazas recibidas por campesinos en los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, firmadas por “Grupos Armados Anti Restitución” que tendrían la intención de evitar la restitución de tierras.

Estas agresiones, llevadas a cabo de manera similar en puntos muy alejados de la geografía nacional, confirman la existencia de una estrategia de persecución sistemática contra las víctimas de crímenes de Estado y los reclamantes de tierras a lo largo del territorio nacional.

De la misma manera, demuestra que el paramilitarismo sigue activo, como consecuencia lógica de la negativa del gobierno nacional de desmantelar de manera real las estructuras paramilitares, depurar las instituciones públicas, y desmontar las otras estrategias de represión, como los montajes judiciales, que igualmente pretenden silenciar las voces de las víctimas de crímenes de Estado.

La connivencia del Gobierno Nacional con las acciones de estos grupos se refleja en la amenaza firmada por las Águilas Negras, en que se sentencia a muerte a las personas que “se oponen a las políticas de nuestro gobierno”, y la impunidad con que dichos grupos continúan actuando.

Por Equipo Otramérica