Amnistía Internacional denuncia el desalojo forzoso de cientos de familias gitanas en Roma

Amnistía Internacional (AI) ha instado este jueves a las autoridades italianas a que revisen la puesta en práctica de un controvertido plan de vivienda que ya ha motivado el desalojo forzoso de cientos de familias de la etnia gitana en Roma «y allana el camino para que se produzcan miles de desalojos más en los próximos meses».

En un nuevo documento titulado ‘La respuesta equivocada: El Plan Nómadas de Italia viola el derecho a la vivienda de la comunidad romaní en Roma’, Amnistía Internacional ha alertado de que el plan, que fue presentado en julio de 2009, viola los Derechos Humanos de miles de gitanos.

Las medidas, según el informe, prevén la destrucción de más de cien asentamientos romaníes en la capital y se calcula que unas 6.000 personas serán reubicadas en tan sólo trece campamentos -nuevos o ampliados- situados a las afueras de la ciudad. «El plan puede dejar a más de 1.000 romaníes sin hogar», se lee en el documento.

«Hay que reconsiderar con urgencia estas medidas. Las familias romaníes que viven en la capital italiana ahora se enfrentan a la pérdida de bienes, contactos sociales, acceso al trabajo y a los servicios públicos», declaró Ignacio Jovtis, experto de Amnistía Internacional sobre Italia, citado en un comunicado de la organización.

«También existe el riego de que si el plan se pone en práctica, podría usarse como modelo para llevar a cabo desalojos forzosos en otras regiones italianas. Los desalojos realizados sin consulta previa y sin una oferta de alojamiento alternativo adecuado a todas las personas afectadas constituyen una violación de sus Derechos Humanos», añadió.

CENTENARES DE FAMILIAS

En los últimos meses, centenares de familias romaníes han sido desalojadas ya de al menos cinco campamentos diferentes, según AI. Con antelación a la clausura en febrero de 2010 de uno de los campamentos de romaníes más grandes de Europa, Casilino 900, se consultó extensamente a varios representantes de esa comunidad gitana. «Sin embargo, las normas internacionales de Derechos Humanos exigen que se consulte a todas las personas residentes en el área que se pretende desalojar», advirtió Amnistía.

Aparte, y sin ser oficialmente parte del ‘Plan Nómadas’, la clausura de Casilino 700 en noviembre de 2009 «se llevó a cabo sin un proceso de consulta previa y tuvo como resultado el que centenares de personas de etnia romaní quedaran sin hogar», prosiguió. «Otras que viven en campamentos no autorizados están en peligro de correr la misma suerte, lo que suscita la pregunta de hasta dónde abarca realmente ese plan», añadió.

«Muchas personas de etnia romaní viven en construcciones precarias y en caravanas que carecen de las condiciones higiénicas básicas», declaró Ignacio Jovtis. «La situación actual es el resultado de años de abandono, de políticas inadecuadas y de discriminación por parte de sucesivos gobiernos», lamentó. «El intento de abordar este legado es, en sí mismo, bienvenido y de hecho las condiciones de vida de muchos romaníes mejorarán, pero el plan es incompleto y se corre el peligro de empeorar aún más la situación de muchos romaníes más», alertó.

Al respecto, según AI, en lugar de ofrecer a los gitanos el acceso a una vivienda adecuada, las autoridades los están reuniendo en campamentos en lugares remotos, lo cual «exacerba aún más los obstáculos y la discriminación a los que hacen frente los romaníes cuando solicitan el empleo regular que les permitiría disponer de alojamiento privado».

ESTIGMATIZACIÓN

Se calcula que entre 12.000 y 15.000 personas de etnia romaní viven en Roma y en sus alrededores. Unos 3.000 son italianos sinti, arraigados en el país desde hace largo tiempo. A partir de la década de los sesenta, numerosos romaníes empezaron a llegar procedentes de los países que formaban la extinta Yugoslavia. Una gran parte de ellos ahora tienen permisos de residencia, y muchos de sus hijos son ciudadanos italianos.

A lo largo del último decenio, un número significativo de romaníes también llegaron procedentes de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea, en especial de Rumania. Aunque unos pocos miles de gitanos viven en alojamientos permanentes en Roma, la mayor parte vive en campamentos de distintas clases.

En los últimos años, según Amnistía, las autoridades italianas han adoptado una serie de medidas discriminatorias «que han contribuido a la estigmatización de los romaníes que viven en el país». «Los desalojos se han hecho más frecuentes después de la firma de unos acuerdos especiales de seguridad entre el Gobierno nacional y varias autoridades locales, en virtud de los cuales el Ministerio del Interior transfería una serie de poderes a las autoridades locales», denunció AI. «El objetivo era hacer frente a las amenazas contra la seguridad, incluidas las que supuestamente representaba la presencia de comunidades romaníes en estas ciudades», concluyó.

Fuente: www.adn.es