Amnistía Internacional emplaza a Piñera y su gobierno

Amnistía Internacional ha enviado una carta abierta dirigida al Presidente Sebastián Piñera, en la que pide que Chile se haga parte de un instrumento internacional de derechos humanos, con motivo del segundo aniversario de su adopción por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Hernán Vergara, presidente de Amnistía Internacional-Chile ha manifestado: “Este instrumento ayudará a fortalecer el ejercicio de derechos humanos como la vivienda, el agua, la salud y la educación, derechos por los que el pueblo chileno lleva mucho tiempo exigiendo reconocimiento al gobierno”.

Países como Argentina, Paraguay, Bolivia, España e Italia, han firmado el protocolo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,  en el que Chile es parte desde el año 2009. Es importante mencionar que Ecuador, es el único país de la región que ha ratificado este instrumento. Este protocolo permitirá a las personas presentar un caso ante las Naciones Unidas si sus derechos consagrados en el Pacto son violados.

Hernán Vergara ha manifestado: “Creemos que los derechos humanos deben ser una parte esencial de las medidas encaminadas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre ellos la reducción de la pobreza. Al ratificar el Protocolo, el gobierno demostrará que está dispuesto a empoderar a quienes viven en la pobreza para que puedan hacer rendir cuentas al gobierno sobre los derechos que les amparan. Asimismo, transmitirá a otros países de la región el mensaje de que ya no podemos mirar para otro lado ante la marginación y el abandono que sufren quienes viven en la pobreza.”

Información complementaria:

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue ratificado por Chile en 1969, lo que lo convierte en legalmente vinculante para el país. En él se consagran derechos humanos como el derecho al agua, el alimento, el trabajo, la vivienda, la educación, la salud y un nivel de vida adecuado.

El Protocolo otorgará a la gente el derecho a que, si no puede acceder a la justicia en su país, las violaciones de estos derechos sean investigadas por un grupo de expertos independiente e internacional.

Ecuador, España y Mongolia han ratificado el Protocolo. Entre los Estados que lo han firmado, plasmando así su intención de ratificarlo, se encuentran: Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bélgica, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Chile, Congo, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Gabón, Ghana, Guatemala, Guinea-Bissau, Islas Salomón, Italia, Kazajistán, Luxemburgo, Madagascar, Malí, Montenegro, Países Bajos, Paraguay, Portugal, República Democrática del Congo, Senegal, Timor Oriental, Togo, Ucrania y Uruguay.