Amnistía Internacional: Mandos de Carabineros deben ser investigados penalmente por violaciones de derechos humanos

Amnistía Internacional presentó este miércoles su informe final sobre la situación de protestas en Chile, en el que concluye que los altos mandos de Carabineros deberían ser investigados por violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el estallido social.

“Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social” es el nombre del reciente informe, donde se detalla la actuación de oficiales de Carabineros entre el 18 de octubre y 30 de noviembre de 2019.

Entre las conclusiones del citado documento, se estableció que se cometieron graves violaciones a los Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la integridad personal de las y los manifestantes de manera generalizada, debido a que los mandos estratégicos no tomaron todas las medidas necesarias para prevenirlas.

“Los mandos estratégicos de Carabineros permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes», denunció la directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara Rosas.

 “La cadena de omisiones que Amnistía Internacional identificó a lo largo de las rutas institucionales que podrían haber puesto fin a las violaciones de Derechos Humanos por parte de los mandos estratégicos de Carabineros, evidencia que lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social”, subrayó.

Asimismo, Amnistía afirma que, al margen del lapso de tiempo analizado, se siguieron registrando casos de uso excesivo de la fuerza policial hasta mediados de marzo pasado, cuando la pandemia por COVID-19 hizo cesar temporalmente las protestas.

Incluso, señaló que recientemente, y tras la activación de algunas manifestaciones en Santiago, se registraron nuevos episodios de violencia policial, como el del caso del joven de 16 años que cayó desde el puente Pío Nono tras ser empujado por un carabinero (Sebastián Zamora), el cual está formalizado por homicidio frustrado.

La organización planteó en su informe que «el uso excesivo de la fuerza y la impunidad al interior de la institución por violaciones de derechos humanos cometidas por Carabineros no son exclusivas de los hechos acontecidos desde octubre del 2019«, sino que son parte de un patrón histórico que pone en evidencia la necesidad de reformar estructural y profundamente la institución, incluyendo mecanismos eficaces e independientes para el control y la rendición de cuentas.  

Tras su análisis, llegó a la conclusión de que existen razones para considerar que al menos el general director, Mario Rozas; el general subdirector, Diego Olate; y el director de Orden y Seguridad de Carabineros, Ricardo Yáñez, «habrían sabido de las violaciones de derechos humanos a través de información pública y oficial».

«Por ejemplo, reportes internos informaron de las reiteradas y graves lesiones causadas a diario con la munición disparada con escopetas, o con bombas lacrimógenas, entre ellas trauma ocular, cuya cifra ascendió a 347 casos hasta el 30 de noviembre. A marzo de 2020, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, esta cifra ascendía a 460″, indicó Amnistía Internacional.

También condenó el hecho de que los mandos estratégicos analizados en el informe demoraron un mes en limitar el uso de la munición y nunca llegaron a prohibirla, a pesar de existir un informe interno que mostraba su peligrosidad y de que los casos de trauma ocular sobrepasaban los 250.

Destacó que aunque se creó una “Plana Mayor Nacional” para asesorar a Mario Rozas, la estrategia y planificación de la gestión de las operaciones se mantuvo prácticamente sin cambios pese al desastre. «No modificaron los protocolos y dictaron órdenes vagas y generales, casi idénticas a las anteriores, sin incorporar instrucciones específicas para minimizar el daño», señala el informe.

Sin sanciones

Según Amnistía Internacional, durante el período analizado prácticamente no hubo sanciones disciplinarias, a pesar de que había más de 4.000 denuncias ante la Fiscalía en contra de oficiales de Carabineros. De las 170 sanciones anunciadas por la institución policial en el mes de julio de 2020, únicamente 16 conllevaron el cese del puesto.

«En dos de los casos con sanciones administrativas de este tipo, los de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, la conducta castigada no tuvo relación con el uso de la fuerza. En otros casos, a pesar de que oficiales de Carabineros aceptaron su autoría en las lesiones graves, no fueron sancionados. Esto permitió que funcionarios involucrados en violaciones de derechos humanos permanecieran en sus puestos, operando a diario, y alentó la repetición de violaciones debido a la impunidad imperante en la institución», denunció la organización en el informe.

Al respecto, Guevara Rosas resaltó que “oficiales de Carabineros reprimieron las protestas disparando munición altamente lesiva, de amplia dispersión y contraria al estándar internacional sobre uso de la fuerza. Lejos de prohibir estos balines de goma y metal como munición antidisturbios, como se debería haber hecho, fueron disparados de manera descontrolada, en ocasiones con la intención de dañar a los manifestantes, o sabiendo que era probable que ocurriese”.

“Solo en el mes de octubre Carabineros disparó más de 104.000 cartuchos de dichos balines. El menosprecio por la integridad de las y los manifestantes ocasionó que diariamente nuevas personas resultaran lesionadas de gravedad, sin importar que muchas de estas conductas podían constituir delitos penales. Esta estrategia de impunidad se vio favorecida por la falta de trazabilidad de la munición empleada, debido a que no quedaban huellas en el arma desde la que se disparaba”, acotó.

Aunque no es objeto del informe, Amnistía Internacional también documentó casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, quienes fueron desplegadas del 18 al 28 de octubre por el presidente Sebastián Piñera en algunas regiones de Chile, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de emergencia, a pesar de no ser su rol el control del orden público en manifestaciones. Oficiales de las Fuerzas Armadas fueron acusados de numerosos actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de utilizar munición letal contra manifestantes en varias ocasiones, y de matar a tres personas en contextos de protesta.

«Las responsabilidades penales por estas muertes y lesiones deben ser esclarecidas de inmediato de manera imparcial y exhaustiva», dijo la organización.

Mandos operativos o tácticos

Por otra parte, la ONG también cuestionó la actuación de ciertos mandos operativos de la Región Metropolitana, como el jefe de Zona Metropolitana (STGO1) o el jefe de Zona de Orden, Control e Intervención (STGO4), quienes, según el informe, tampoco habrían ejercido un debido control sobre sus subordinados, “como era su obligación», lo que conllevó a que coordinaran operaciones en las que oficiales de las Fuerzas Especiales dispararon su armamento de forma indiscriminada y hacia zonas corporales de alta letalidad».

“El hecho de que estos mandos operativos de la Región Metropolitana dirigieran y coordinaran las operaciones y estuvieran directamente implicados en violaciones de derechos humanos, habría alentado al resto de sus subordinados a operar de la misma manera en contra de manifestantes”, indicó Guevara Rosas.

Responsabilidad del Ejecutivo

A juicio de Amnistía Internacional, los intentos del Ejecutivo fueron “insuficientes” y el discurso de apoyo a la labor de Carabineros favoreció la continuidad de dicha estrategia.

“Se deben deslindar todas las responsabilidades políticas, administrativas e incluso penales, hasta el máximo nivel, de todas aquellas personas que en su posición de garantes conocían o debieron conocer la magnitud de las violaciones de derechos humanos y no las evitaron, aunque tuvieron la capacidad y la obligación de hacerlo”, expresó Guevara Rosas.

Reforma de Carabineros

Para garantizar la no-repetición de hechos como los analizados en el informe, la ONG planteó que no sólo es necesario que se juzgue a todas las personas responsables hasta el máximo nivel posible, sino que además se reforme la institución de Carabineros.

“Si algo puso en evidencia esta crisis es que la institución de Carabineros está obsoleta y necesita adecuarse a las necesidades de la población, sometiéndose al poder civil de manera plena, y ejerciendo sus funciones desde el absoluto respeto a los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas”.

Por tal motivo, señaló la necesidad de atender las demandas de la población que detonaron el “estallido social” en Chile.

Asimismo, Amnistía Internacional se refirió al plebiscito del 25 de octubre, y señaló que el proceso para la adopción de una nueva Constitución “es una oportunidad histórica que debe permitir que los derechos económicos y sociales demandados por la población se garanticen para todos”.

“La Fiscalía Nacional y el Poder Judicial tienen una labor titánica por delante, pero crucial para el bienestar del país: terminar con la tradición de impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por Carabineros. La justicia, la verdad y la reparación a las víctimas es el mejor remedio para un país herido”, concluyó Erika Guevara Rosas.