Mujer mixteca de Oaxaca, quien desde hace 14 años vive con daño cerebral permanente e inmovilidad total, tras una cesárea de emergencia mal practicada por el IMSS, además durante la intervención quirúrgica, a Irene se le colocó un dispositivo intrauterino (DIU) sin su consentimiento.
Más de 8600 personas que se han solidarizado con Irene y con la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México han firmado la petición, por lo que este 17 de noviembre, Amnistía Internacional y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, realizaron la entrega de dichas firmas al Director del IMSS, Dr. José Antonio González Anaya.
“El caso de Irene es emblemático de las múltiples violaciones a los derechos humanos que sufren las mujeres de las comunidades indígenas en México, como lo es la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad”- Señaló Itzel Silva, Abogada de Fundar y representante legal de Irene Cruz y su Familia.
“Es fundamental que las mujeres indígenas y las localidades rurales puedan acceder a la justicia sin dilación, particularmente se deben adoptar medidas efectivas para cesar prácticas discriminatorias de implementación de métodos anticonceptivos sin el consentimiento de las mujeres, ya que constituyen una forma de violencia, que afecta gravemente sus derechos sexuales y reproductivos”. Enfatizó Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional.
A la exigencia de justicia y reparación por parte de la sociedad, se suma la Recomendación 32/2015 emitida recientemente por la CNDH, y que ha sido ya aceptada tanto por el IMSS como por el Gobierno de Oaxaca; en ella se reconoce la violencia institucional y obstétrica cometida en contra de Irene, así como la dilación de justicia y la impunidad en el caso. La familia de Irene cuenta también con el Acuerdo Judicial de 11 de diciembre de 2013, dictado por el Primer Tribunal Unitario de Oaxaca, en el que el Magistrado titular señala la obligación del Estado Mexicano de resarcir los daños.
Es importante señalar que tanto la Recomendación como el Acuerdo Judicial piden a las autoridades la implementación de las medidas necesarias para evitar la repetición de hechos violatorios de derechos humanos como los cometidos en contra de Irene y su familia, tanto en el ámbito de salud, como en el de procuración de justicia. En este sentido el caso de Irene resulta trascendental para el resto de la sociedad mexicana, pues tanto el IMSS como el Gobierno del estado de Oaxaca, deberán realizar distintas acciones para garantizar el derecho a la salud y los derechos reproductivos de las mujeres y el acceso la justicia de las víctimas y sus familias.
Los familiares de Irene acompañados de Amnistía Internacional y Fundar señalaron que confían plenamente en que las autoridades darán cumplimiento inmediato a la recomendación emitida por la CNDH y se realizarán todas las acciones que garanticen la no repetición.