Amplio consenso para terminar la guerra contra las drogas en América Latina

Políticas públicas integrales para los territorios afectados por la violencia, despenalización de la tenencia y estrategias de reducción de daños, priorizar los derechos humanos por sobre las operaciones militares, respetar los usos culturales de las sustancias y penas alternativas a la prisión para los eslabones más débiles del tráfico fueron las recomendaciones al concluir la III Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, que reunió ayer y hoy en la ciudad de México a más de trescientas personas, entre funcionarios de gobierno, expertos y activistas de 32 países.

Con un llamado a lograr “otra política de drogas” para la región, concluyó la III Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, que se realizó el 13 y 14 de septiembre en la ciudad de México DF, convocada por dos organizaciones no gubernamentales, Intercambios de Argentina y el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD) de México.

En el cierre, Pablo Cymmerman, integrante del Comité Organizador y de Intercambios, señaló: “América Latina tiene una enorme experiencia acumulada en luchas por los derechos humanos frente al terrorismo de Estado, organización de los pueblos originarios y por el derecho a la tierra”. Llamó a articularse con organizaciones comunitarias y movimientos de base “para revertir la estigmatización” y  a utilizar los instrumentos regionales como UNASUR, MERCOSUR y ALBA “para poner en la agenda política de América Latina los cambios necesarios en las políticas de drogas”.

A lo largo de dos días, en las ocho mesas de las cuales participaron más de treinta expertos y funcionarios de la región, se ratificó el apoyo a las estrategias de reducción de daños, que significan no obligar a las personas que no pueden o quieren dejar el consumo, sino ofrecerles formas de cuidado de su salud. Esta posición fue avalada por todos los organismos de Naciones Unidas: OPS, ONUSIDA, la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (ONUDOC/ONUDD) y también por la Organización de Estados Americanos (CICAD/OEA).

Sobre la violencia generada en México y otros países de la región por la injerencia militar en las acciones antidrogas,  se debatieron la despenalización y políticas integrales en los territorios afectados para poner límites al accionar represivo, que incrementó el número de muertos y desplazados. Así lo propusieron desde Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF hasta el Capitán Felipe Magalhães, integrante de la Unidad de la Policía Pacificadora de Río de Janeiro y el alcalde del estado colombiano de San José Guaviare, Pedro José Arenas García.

En el cierre, se presentaron las declaraciones de usuarios de drogas, jóvenes de América Latina y el movimiento canábico, que durante los dos días del encuentro tuvieron sus propias reuniones. “Las primeras víctimas de la guerra contra las drogas somos las personas usuarias de drogas”, señalaron en su documento de conclusiones integrantes del movimiento de usuarios de drogas de la región, quienes exigieron el respeto de las Convenciones y tratados de derechos humanos y “la elaboración e implementación de políticas de reducción de daños, con participación de las y los usuarios de drogas”.

Desde el Colectivo mundial por la normalización del cannabis, señalaron: “Naciones Unidas afirma que solo el 13% de los usuarios de drogas son problemáticos; sin embargo, insiste en hacer políticas pensando sólo en ese porcentaje”. Reclamaron “la despenalización de la simple tenencia y el consumo de toda sustancia psicoactiva en todos los países” y “dejar de ser tratados como delincuentes y/o  enfermos, y comenzar a ser tratados como lo que somos: ciudadanos y ciudadanas responsables, con plenitud de derechos y facultades”.

Por su parte, integrantes del movimiento mundial de jóvenes y de la organización mexicana Espolea, denunciaron: “Partimos del hecho que en sólo 4 años más de 40 mil personas perdieron la vida en México y que hasta 7 de cada 10 mujeres en países como Argentina y Ecuador están en la cárcel por infringir las leyes de drogas. En países como Chile, más de 30 mil personas son detenidas al año por consumir o portar drogas mientras que los grandes traficantes se enriquecen”. Luego de presentar este diagnóstico señalaron: “Basta de políticas fallidas, no necesitamos otro consenso de Washington. Necesitamos una nueva lógica internacional que respete la soberanía nacional, los derechos humanos y que sea sensible a la cultura local”.

En la Conferencia hubo participantes de treinta y dos países de Latinoamérica, Europa, Asia y África, entre estos últimos, funcionarios de salud y justicia de Cabo Verde, Mozambique, Guinea Bissau y Angola, que analizaron alternativas ante el nuevo papel de África en el mercado global de las drogas. La III Conferencia Latinoamericana y la I Conferencia Mexicana sobre Políticas de Drogas fueron auspiciadas por la OPS, entre otras organizaciones. Se espera que este espacio regional aporte a una perspectiva crítica y propositiva para superar las situaciones de violencia y estigmatización en la región.

El Ciudadano

+ INFO: Asociación Intercambios