En medio de denuncias de un montaje de Carabineros y la fiscalía en contra de los 14 procesados por el “Caso Bombas” realizado en sitios web cercanos a los acusados, y cuando se cumplen 87 años de la ejecución de los anarquistas italianos Sacco y Vanzetti (en la foto), presentamos algunos casos emblemáticos en los que organizaciones o individuos anarquistas fueron falsamente acusados de cometer atentados o delitos. Si bien acusaciones como ésta hacia las instituciones encargadas de administrar la justicia pueden sonar increíbles, estos casos son ejemplos de que a veces las apariencias engañan.
SACCO Y VANZETTI: INMIGRANTE Y ANARQUISTA, EL PROTOTIPO DEL TERRORISTA
Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti eran dos obreros italianos y anarquistas miembros de la Industrial Workers of the World (IWW), zapatero y pescador respectivamente, que habían emigrado a los Estados Unidos buscando trabajo. El 23 de agosto de 1927 fueron ejecutados luego de dos juicios y una enorme campaña de solidaridad internacional que exigía su liberación por parte de organizaciones obreras en Europa y América Latina.
Ambos trabajadores fueron arrestados en el Estado de Nueva York el 5 de mayo de 1920, acusados de un asalto a una compañía de zapatos en diciembre del año anterior y de robar US$ 15.776,51 y asesinar a dos personas durante un asalto a una empresa en South Braintree, Massachusetts unos meses atrás. Dos días antes de su detención, otro anarquista de origen italiano, Andrea Salsedo, había muerto al ser lanzado desde una ventana en el piso 14 de un edificio en donde la policía secreta tenía sus oficinas.
Durante el primer juicio por el robo de la fábica de zapatos, Sacco demostró gracias a una tarjeta de “salida y entrada”, que estuvo todo el día en cuestión trabajando y fue declarado inocente, mientras Vanzetti resultó culpable aunque presentó 16 testigos, italianos como él, que aseguraron que ese día se encontraba en el puerto vendiendo pescados. En el segundo, donde eran procesados por asalto y homicidio en Massachusetts, varios testigos de la fiscalía reconocieron haber sido coaccionados para afirmar que habían visto a los anarquistas en la escena del crimen, y la bibliotecaria Mary Splaine, quien habría visto el auto en fuga a una cuadra de distancia, resultó ser corta de vista.
A pesar de todo, fueron declarados culpables, decisión que la defensa apeló denunciando una serie de irregularidades en torno a los testimonios de los testigos y a declaraciones de algunos jurados en contra de los acusados antes del inicio del juicio. Por si fuera poco, el mismo juez a cargo, Webster Thayer, hizo públicas desde el principio sus intenciones de castigar a los obreros italianos debido a sus posiciones políticas.
Luego de una serie de apelaciones que duraron hasta el año 1927, y que incluyeron crecientes pruebas que apuntaban a una banda de italianos que habían robado en fábricas de la zona, fueron condenados a muerte en la silla eléctrica.
Su muerte desató grandes huelgas en la ciudad de Buenos Aires, ataques a la embajada de Estados Unidos en París, disturbios en Londres y Berlín y protestas en cientos de ciudades incluyendo nuestro país. Solo en el año 1977 Sacco y Vanzetti fueron exonerados por el gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis, luego de una revisión del caso que habría demostrado una serie de irregularidades.
EL CASO SCALA: PARA DETENER A LA CNT
Corría el 15 de enero de 1978 y en la ciudad de Barcelona terminaba una multitudinaria protesta que logró reunir a 10 mil obreros. La convocatoria había sido realizada por la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), organización anarcosindicalista que contaba con 100 mil afiliados sólo en esa ciudad, en contra de los llamados “Pactos de la Moncloa”.
Estos acuerdos habían sido firmados el año anterior entre los partidos políticos, el gobierno de transición encabezado por la “Unión de Centro Democrático” y apoyados posteriormente por los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), ligados al Partido Comunista y Socialista respectivamente. Buscaban generar un pacto social que permitiera estabilizar el proceso de transición entre la dictadura encabezada por el general Franco, ya fallecido, y la democracia, siendo rechazados por la CNT pues “permitiría reconstruir la paz social y la disciplina en el mundo del trabajo español”, consolidando una economía de mercado.
En ese contexto, el sindicato anarquista se encontraba engrosando sus filas continuamente mientras el desempleo y el costo de la vida subía sin cesar. En ese momento, cuando CNT era el único gran sindicato que mantenía las protestas contra los pactos, se llega al 15 de enero de 1978.
Debido al incendio del local Scala fallecieron 4 trabajadores, de los que 3 pertenecían al sindicato anarquista. A pesar de esto, a los dos días fueron detenidos numerosos miembros de la CNT acusados de haber iniciado el incendio luego de lanzar 6 cocteles molotov poco después del término de la protesta, lo que no fue más que el principio. Según el sindicato, en los días posteriores 170 afiliados fueron detenidos, interrogados y liberados, con el objetivo de “amordazar y destruir la única fuerza con cierto peso social” que complicaba la transición pactada.
La defensa de los acusados, 6 hombres y 1 mujer, afirmó que había sido un informante de la policía, identificado como Joaquín Gambín, apodado «el grillo”, el culpable del atentado, lo que no impidió que cinco libertarios fueron condenados, tres a 17 años, uno a dos años y seis meses y otra a 5 meses. No sería hasta 1983 cuando Gambín reconocería su calidad de infiltrado pagado por los servicios de seguridad.
BOMBAZO A LOS CARMELITAS DESCALZOS: EL ORIGINAL «CASO BOMBAS»
En nuestro país se dio un caso similar el 21 diciembre de 1911, cuando casi a medianoche una bomba explotó en las cercanías del convento de los Padres Carmelitas Descalzos, causando algunos daños en la fachada del edificio y originando rápidas e intensas investigaciones.
A los pocos días los encargados de las indagaciones afirmaron que los responsables serían un grupo de anarquistas llegados desde la capital de Argentina, lo que significó que el último día de aquel año se allanara la sede de la “Sociedad de Resistencia de Oficios Varios” (SROV) y el domicilio de dos de los “líderes” del grupo, Teodoro Brown y Víctor Manuel Garrido, quienes eran sindicados como los autores del ataque. En el operativo se encontró correspondencia con grupos anarquistas de Argentina, Uruguay y otras ciudades de Chile, así como obras de autores libertarios y actas de las reuniones.
Mientras la búsqueda de esos dos y otros anarquistas continuaba, la prensa denunciaba el carácter terrorista de los inculpados basándose en la literatura requisada en los allanamientos, en la que se aceptaba el sabotaje y el boicot como herramientas de lucha, así como la acción directa en defensa de los intereses de los obreros.
Finalmente, el fiscal encargado de la causa, de apellido Aspillada, pidió condenas de 20 años a los directores de la SROV y otros grupos anarquistas, y solamente 5 para el principal inculpado en la bomba al convento, Teodoro Brown. Sin embargo, al tiempo todos los presos fueron liberados debido a falta de pruebas, mientras los allanamientos y persecuciones terminaron.
Por Felipe Ramírez
El Ciudadano
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