Ángela Vivanco: Ministra de la Corte Suprema y las controversias con Luis Hermosilla

La ministra de la Corte Suprema desde 2018, Ángela Vivanco, se encuentra siendo investigada luego de que saliera a la luz que su pareja,  Gonzalo Migueles Oteíza, habría ofrecido un doctorado y el puesto del fiscal Xavier Armendáriz en la Fiscalía Centro Norte, al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, a cambio de que éste apoyara al candidato de La Moneda a fiscal nacional en el proceso del 2022.

La conversación salió a la luz durante la revisión de chats del celular del abogado Luis Hermosilla en el marco del Caso Audios, lo cual se filtró gracias un reportaje de CIPER.

¿Quién es Ángela Vivanco?

Ángela Vivanco Martínez es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y Magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Abogada desde 1989 y doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de La Coruña.

Fue profesora y directora de investigación en la Facultad de Derecho Público en la Pontificia Universidad Católica de Chile. También se desempeñó como Decana y Vicerrectora Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, entre 2011 y 2012, y como vicerrectora académica en dicho plantel hasta 2016.

Asimismo, fue académica de las universidades del Desarrollo, Los Andes y Adolfo Ibáñez.

Entre 2004 y 2010, trabajó como abogada asesora de Empresas UC, y de la Asociación Nacional de Televisión A.G., entre 2003 a 2014. Se desempeñó, también, como fiscal en la AFP Planvital S.A. y en la Compañía Renta Nacional de Seguros Generales y Seguros.

Fue directora de la Revista Chilena de Derecho, y miembro de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, del Consejo Científico de la Revista Prudentia luris y de la Comisión de Probidad y Transparencia Pública. Adicionalmente, ha publicado diversos libros, entre los que destacan: Libertad de Opinión e Información (1992); Manual de Legislación Electoral (1993) y Curso de Derecho Constitucional (con varias ediciones entre 2011 y 2017).

En la década de 1990 militó en el desaparecido Partido Unión de Centro Centro (UCC), que fundó el empresario Francisco Javier Errázuriz, y en 1997 fue candidata a diputada por Renovación Nacional por El Bosque, La Cisterna y San Ramón, obteniendo apenas el 4% de los sufragios.

En 2017, como abogada, alegó ante el Tribunal Constitucional en contra del proyecto de ley aborto tres causales

Llegada a la Corte Suprema

Su ingreso a la Corte Suprema en 2018 fue inusual ya que no es una jueza de carrera. Fue propuesta por el expresidente Sebastián Piñera (2018-2022) y luego fue ratificada por el Senado. 

En su presentación para ser ministra de la Corte Suprema, Vivanco manifestó al Senado que considera al Derecho «no solo como el más poderoso instrumento de la justicia, de la vida democrática y de la interdicción de toda arbitrariedad, sino también como el mecanismo que debe permitirles a todas las personas, y especialmente a las más vulnerables, encontrar una fuente de protección y de seguridad».

Señaló que el máximo tribunal está llamado a «acrecentar su preponderancia en los contenidos del Estado de Derecho chileno». Asimismo, indicó que «le corresponde un valioso papel como partícipe, con su opinión, en la tramitación de los proyectos de ley relacionados con las atribuciones del Poder Judicial y, asimismo, al hacer presente en sus fallos cómo las leyes ya vigentes deben ser leídas e interpretadas a la hora de administrar justicia».

Vivanco es una de las integrantes de la Tercera Sala que preside el juez Sergio Muñoz, quien fue uno de los mayores impulsores de constituir la Comisión de Ética para que aclarara las denuncias contra los jueces.

Durante un año y medio ejerció la vocería del máximo tribunal, hasta que el ex presidente de la Suprema Juan Eduardo Fuentes  le renunciar a esa responsabilidad el 6 de junio de 2023, tras una controversial entrevista concedida a La Tercera, donde Vivanco manifestó su interpretación personal del fallo de la Tercera Sala que obligaba a las Isapres a devolver fondos a los cotizantes.

En concreto, señaló “los excedentes que las isapres tienen que devolver son a quienes demandaron”, algo que no estaba acordado.

Controversias con Luis Hermosilla

Tras la revisión de los chats del celular de Luis Hermosilla, el famoso abogado que puso en jaque la institucionalidad judicial de nuestro país, luego de conocerse la gran influencia que tenía sobre varios aparatos del Poder Judicial, salió a la luz el «pantallazo», de una conversación que sostuvo la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles Oteíza con Carlos Palma, fiscal regional de Aysén, quien entonces postulaba a convertirse en el Jefe del Ministerio Público.

Migueles no es un funcionario público, ni mucho menos, sin embargo, sólo quienes recorren habitualmente los pasillos del mundo político y judicial están familiarizados con él.

El socio de empresas de asesoría comercial, jurídica y contable, está envuelto en una polémica que salpicó a Vivanco, dado el cargo que ostenta en el máximo tribunal del país. En el celular del abogado Luis Hermosilla, el cual se encuentra bajo estricta revisión, se encontraron las gestiones que realizó Migueles en la última nominación del fiscal nacional, que finalmente ganó Ángel Valencia.

En el chat, Migueles le ofrece a Palma pagarle un doctorado y ponerlo a la cabeza de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en reemplazo del fiscal Xavier Armendáriz. ¿A cambio de qué? de que le entregara su apoyo al candidato ya designado por La Moneda y que requería la ratificación del Senado. Palma ya estaba fuera de competencia, detalló Ciper en el reportaje.

Palma catalogó este como impropio, y se lo envió a Luis Hermosilla, dando cuenta de los motivos que lo llevaron a hacerlo.

«Entiendo que el señor Migueles estaba efectuándome una suerte de oferta, una vez que yo no fui designado candidato para la Fiscalía Nacional, oferta que yo nunca pedí ni a él ni a nadie. Por esta razón, y ante la sorpresa e incomodidad que me generó este mensaje, es que decidí enviárselo a Luis Hermosilla para hacerle presente la molestia que me generaban ese tipo de actitudes por parte de personas que yo entendía que eran cercanas a él«.

A esto se suma que, durante el concurso para elegir al Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, Migueles le sugirió a uno de los postulantes retirarse de la carrera en beneficio de Luis Fischer, el actual conservador.

Ciper se contactó con Migueles para entrar al detalle sobre cómo se iba a financiar ese doctorado y por qué le ofreció un ascenso, entre otras. Al respecto, Migueles sólo respondió en términos genéricos.

«Dado que no soy funcionario público ni ostento ningún tipo de autoridad, cualquier opinión o consejo que haya dado a terceros sólo me representa a mí y se ha dado en un ambiente de confianza, siempre en el plano privado. No he tenido ninguna intervención ni operación en ninguno de los procesos de nombramiento señalados por usted, ni podría haberlo tenido. Cualquier comunicación que yo tenga con terceros es a título estrictamente personal y no la representa (a la ministra Vivanco) ni se ha hecho por encargo de ella o de cualquier otro funcionario o miembro del Poder Judicial», sentenció.

Al respecto, la ministra Vivanco, señaló que «no he participado ni puedo participar en ninguna negociación relacionada con el señor Palma ni con el proceso de elección de fiscal nacional. No tengo conocimiento de mensajes personales de él con terceras personas», expresó.

Sin embargo, en la misma investigación, el medio citado sostuvo que dentro de los chats del Caso Audios, hay conversaciones entre Ángela Vivanco y Hermosilla, en donde el abogado la habría ayudado supuestamente a llegar a su cargo en la Suprema en 2018, bajo la administración de Sebastián Piñera, cuando Hermosilla, a su vez, era asesor del Ministerio del Interior.

Corte Suprema convoca a Comisión de Ética

Desde su vereda, la jueza tildó las acusaciones como «prejuicios, intenciones e incluso errores que buscan afectar a un miembro del Poder Judicial» y cuestionó las filtraciones desde la Fiscalía a la prensa.

De todas formas, la Corte Suprema implementó una comisión de ética para investigar tanto este caso como el nombramiento de los ministros Jean Pierre Matus, María Teresa Letelier y Mario Carroza, también cuestionados por la influencia que ejercieron personajes del mundo político para concretar su llegada al máximo tribunal.

Sin embargo, Ángela Vivanco ingresó un recurso de nulidad mediante el cual aseguró que el procedimiento le fue informado con una «especie de minuta que no cumplía con los mínimos requisitos» y que no daba cuenta del «objeto de la investigación, ni sobre el ámbito temporal, especial y/o material de la misma».

Además, la ministra señaló que en dicho procedimiento se han realizado «actuaciones o diligencias investigativas» durante la última semana de junio y primera semana de julio, en circunstancias que la resolución de inicio del procedimiento recién se dictó el martes 9 de julio y «me fue notificada de un modo irregular –como se verá- el miércoles 10 de julio 2024″.

Vivanco busca anular la investigación por tráfico de influencias

LA situación no quedó allí , ya que a través de un segundo documento, Vivanco solicitó inhabilitar a dos de los ministros que integran la Comisión de Ética: Andrea Muñoz y Ricardo Blanco, este último presidente de la Corte Suprema. 

«Ambos han incurrido en causales de inhabilidad al haber emitido dictamen previo», señala el escrito. Además, se apunta directamente contra la ministra Muñoz, quien «ha solicitado expresamente, y de forma reciente, que se inicie un procedimiento disciplinario en mi contra, y, además, ha realizado múltiples declaraciones contra mi persona durante el último año. Así, les asiste una causal de inhabilidad para conocer de una causa en mi contra al integrar la Comisión de Ética».

«Si ya adelantaron esta opinión, según el artículo 196 N° 10 del Código Orgánico de Tribunales, no resulta jurídicamente admisible que ambos concurran a integrar la Comisión de Ética ni que participen en el informe final de la misma, cuyo objeto será, precisamente, resolver si recomiendan al Pleno o no, iniciar un procedimiento disciplinario en mi contra», finaliza el documento.

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