La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por el Centro de Padres y Apoderados del Internado Nacional Barros (INBA) en contra de la circular de la Municipalidad de Santiago que ordenó la devolución de las dependencias que utilizan al interior del establecimiento.
En un fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal estableció un actuar ilegal, arbitrario y carente de razonabilidad del municipio al solicitar la devolución de las dependencias ocupadas durante décadas, sin expresar fundamentos.
En ese sentido, el máximo tribunal sostiene que el jefe comunal pretendió justificar su requerimiento «indicando vagamente que lo adoptó ‘en el marco de la transparencia y la probidad en el uso de las dependencias municipales destinadas a fines educacionales’, lo anterior ‘con el objeto de revisar la pertinencia de conceder el uso de estas y en caso positivo, se deberá regularizar su tenencia'».
La Suprema apunta al respecto que Alessandri no expuso las razones que justificaban tal medida, añadiendo que el «impacto por lo demás no sólo alcanza a los recurrentes sino que a toda la comunidad escolar vinculada al Internado Nacional Barros Arana».
Junto con calificar la determinación del alcalde de Santiago como «antojadiza», la Corte sostiene que su accionar es «ilegal» y «arbitrario».
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