El documento aprobado concluye que las autorizaciones de entidades públicas para llevar adelante el proyecto hidroeléctrico adolecieron de diversas irregularidades.
Por 41 votos a favor, 23 en contra y 12 abstenciones, la Cámara aprobó el informe de la Comisión de Derechos Humanos, mandatada por la Sala para investigar las “eventuales irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto de la central hidroeléctrica HidroAysén, debiendo recabar antecedentes sobre las actuaciones de la Dirección Regional de Evaluación Ambiental de Aysén, a partir de una serie de actos y omisiones susceptibles de fiscalización, como las presiones indebidas de ministros de Estado a funcionarios públicos, informaciones inexactas y omisiones sobre los requisitos ambientales del referido proyecto”.
En diez puntos, el informe entregado por el diputado Sergio Ojeda (DC), señala en sus resoluciones que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental vigente adolece de un conjunto de fallas o debilidades que permiten que megaproyectos como el de Hidroaysén no sean evaluados con la rigurosidad que las eventuales consecuencias de su aprobación o desarrollo implican.
Menciona entre dichas carencias que las instancias de decisión están compuestas solamente por funcionarios de gobierno, no existe un reglamento expreso de inhabilidades y tampoco procedimientos institucionales eficaces y oportunos que tomen en cuenta las opiniones y observaciones de las comunidades afectadas.
En ese marco, el informe sostiene que “el Gobierno anterior como el actual decidieron, a rajatabla, tramitar este proyecto, con intervención directa incluso de los Ministros del Interior, lo cual representa una intromisión indebida, por la presión que representa para todos los funcionarios del gobierno involucrados en la cadena de decisiones”.
Agrega que “Hidroaysén ha actuado de un modo inaceptable, desarrollando un conjunto de acciones manifiestamente repudiables (presión y entrega de prebendas a comunidades afectadas; traspaso de ingentes recursos a municipios cuyos Alcaldes debían opinar acerca del proyecto)”.
“Se requiere que este “lobby” esté expresamente prohibido, debiendo paralizarse toda tramitación que presente estas anomalías. Se requiere, con urgencia, dictar normas que prohíban estas prácticas, so pena de dejar de tramitar los proyectos donde se detecten estas prácticas y, de preservar en ellas, el rechazo del o los proyectos en trámite”, enfatiza el texto.
Más adelante, el informe resalta que “en un acto que sólo puede ser calificado de “fraude a la ley” o engañoso, el titular del proyecto decidió tramitar, de manera separada, el proyecto de generación y el proyecto de transmisión, en circunstancias que, evidentemente, se trata de un solo proyecto, ya que existe interdependencia funcional y física entre ellos, porque la línea de transmisión sólo transportará la electricidad de HidroAysén y la generación de ésta, sólo puede ser conducida por dicha línea”.
“El conjunto de funcionarios, especialmente aquellos que ostentan cargos de jefatura, a nivel local, regional o nacional, que participaron de actos que contravienen las normas, como ha quedado demostrado en el curso de esta investigación, deben ser reportados a la Contraloría General de la República, de modo que el organismo contralor determine las responsabilidades funcionarias, estableciendo, a futuro, una normativa que inhiba estas conductas. El citado órgano contralor ha tenido un rol pasivo sobre la materia hasta la fecha, lo que podría haber evitado muchas irregularidades que todavía están sin sanción alguna”, puntualiza el documento.
“La decisión de construcción de la central Hidroaysén entra en colisión con tratados internacionales suscritos por el país, los cuales priman sobre la ley común y que, en este caso no han sido respetados (Convención de Washington). Se requiere que, previamente a la tramitación de este tipo de proyectos, se proceda a un examen de legalidad, compatible con los compromisos suscritos por el país y el principio de buena fe en el cumplimiento de los tratados internacionales”.
A su vez, el informe sostiene que “no es posible continuar con mecanismos que se desentienden absolutamente de la opinión ciudadana. En este caso, resulta público y notorio que la inmensa mayoría de la población, no solo de la región mas afectada, sino de todo el país, ha hecho sentir su disconformidad, lo que deja a la institucionalidad del Estado en una situación precaria, toda vez que ella está, precisamente, destinada a representar el bien común”. Por ello, se recomienda legislar a favor de formas más eficientes de participación ciudadana y, a falta de ellas, que se legisle a favor de plebiscitos de alcance local, vinculantes.
“Como resulta evidente que el proyecto HidroAysén es una sola unidad indisoluble (generación y transmisión), esta Comisión recomienda que se paralicen la construcción y operación de todas las obras de las centrales aprobadas, mientras no se resuelva el proyecto de la línea de transmisión, atendido la irreversibilidad de los impactos que el proyecto podría causar en la Patagonia y Región de Aysén”, indica el informe.
Finalmente, la Comisión subraya en su informe que se está transgrediendo el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrado en el artículo 19, número 8 de la Constitución. “El Estado no está velando para que este derecho no sea afectado y no está tutelando la preservación de la naturaleza, como lo manda la carta fundamental”.
Fuente: Cámara
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