Cecilia Mellati
El pasado viernes, la jueza de Garantías de Neuquén, Ana Malvido, dio lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y a las defensas de los imputados con el sobreseimiento de Raúl Pascuarelli, ex secretario de Seguridad de Neuquén; Carlos Salazar, ex jefe de la policía; Moisés Soto, ex subjefe de esa fuerza; y otros 12 agentes policiales.
La magistrada argumentó su decisión alegando que, al ser jueza de garantías, debe “garantizar” los derechos de todos los actores del proceso y calificó el tiempo transcurrido como “excesivo”. Tras finalizar la lectura del fallo, miembros de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) -organización en la que militaba Funtealba- cuestionaron a gritos la decisión de la jueza y remarcaron que “garantizaron la impunidad”.
En declaraciones a los medios locales, la viuda del maestro, Sandra Rodríguez, aseguró que “la impunidad no va a durar por siempre”. “Tenemos lo dispuesto para apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para seguir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, señaló Rodríguez al tiempo que subrayó que “fueron absueltos por la vergüenza que significa esta justicia de Neuquén”.
En tanto, el titular de ATEN, Daniel Huth, anticipó a la prensa que se convocó a una reunión multisectorial el martes para coordinar una marcha masiva “contra la impunidad”.
Durante más de seis años, luego de haber logrado la condena a perpetua del policía José Poblete -quien le disparó al maestro con un gas lacrimógeno sobre la cabeza-, los abogados querellantes y el gremio docente intentaron demostrar sin éxito que detrás del asesinato hubo un plan y una orden en la que no sólo actuaron los efectivos presentes en la represión policial de la ruta 22 de Arroyito, sino también jefes policiales como Carlos Salazar, funcionarios de gobierno como Raúl Pasquarelli y el mismo ex gobernador, Jorge Sobisch.
La corporación judicial absolvió a Sobisch el pasado junio, en otra causa conocida como “zona liberada”, en la que se lo acusaba de haber impartido órdenes a la policía de no intervenir durante la agresión que sufrieron los docentes -en marzo de 2006 en la ciudad de Plaza Huincul-, cuando fueron brutalmente desalojados de un piquete por miembros del oficialista Movimiento Popular Neuquino (MPN).
Mientras tanto, los dirigentes del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, permanecen en prisión, luego de haber sido juzgados y condenados por un escrache contra el ex gobernador de Neuquén un día después del asesinato del docente.
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