Para los pobres no hay justicia en Argentina. Los ricos tienen garantizada la impunidad. Los medios alientan el clasismo y la discriminación. Si los asesinos fueran pobres, se exigiría reinstaurar la pena de muerte.
Como no lo son, hay que tenerles compasión porque «la culpa es del patriarcado». No tenían intención de matar. También son víctimas. O no. Merecen, mínimo, cadena perpetua. Son «monstruos», explica la periodista Cecilia González para RT.
El juicio por el asesinato de un joven ha exacerbado en Argentina un debate social que monopoliza las conversaciones públicas y privadas que intentan desentrañar los motivos del crimen y anticipar las condenas.
La historia que hoy concentra la atención mediática comenzó la madrugada del 18 de enero de 2020, cuando ocho jóvenes mataron a puñetazos y patadas a Fernando Báez Sosa, de 18 años, a la salida de una discoteca en el balneario argentino de Villa Gesell, ubicado en la costa atlántica, a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.
El caso provocó una conmoción no solo por la saña de los homicidas y su posterior indiferencia ante los hechos, sino porque, además, el crimen quedó grabado en vivo a través de teléfonos celulares y cámaras de seguridad. Las imágenes circularon de inmediato en redes sociales.
Es, quizá, el asesinato del que existe un mayor registro audiovisual en el país.
Desde el principio, el crimen tuvo un componente de clase, ya que los ocho acusados, que en ese momento tenían entre 18 y 20 años, jugaban rugby, un deporte asociado a familias de alto poder adquisitivo y marcado por prácticas violentas que exceden el campo de juego.
La víctima, por el contrario, era un adolescente humilde, estudiante de Derecho, hijo de una pareja de inmigrantes paraguayos. El padre es portero de un edificio y la madre cuida a personas mayores. Fernando era su único hijo.
Las filmaciones y los chats que intercambiaron los victimarios demostraron que no tenían remordimiento alguno sobre la muerte de Báez Sosa. Planearon qué decir, cómo manipular pruebas. Se cambiaron de ropa y algunos de ellos incluso se fueron a comprar después una hamburguesa. Como si nada hubiera pasado.
Para peor, cuando los policías los interrogaron, afirmaron que el responsable del crimen era Pablo Ventura, un deportista de remo que vivía en Zárate, la misma localidad que ellos.
Era mentira. Ventura ni siquiera estaba en Villa Gesell. Pero tuvo que pasar varios días en prisión señalado como el principal culpable.
La causa judicial avanzó y, tres años más tarde, por fin inició un juicio que, en realidad, se ha transformado en una especie de ‘reality show’.
Mediatización argentina
Matías Franco Benicelli, Blas Cinalli, Enzo Tomás Comelli, Máximo Pablo Thomsen, Ayrton Michael Viollaz, los hermanos Ciro y Luciano Pertossi y su primo, Lucas Pertossi, están detenidos desde enero de 2020, imputados por los delitos de «homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas» y «lesiones leves».
El juicio en su contra comenzó el pasado 2 de enero en los tribunales de Dolores, ubicados en la provincia de Buenos Aires, y en medio de una fuerte expectativa por la incertidumbre sobre la sentencia que se dará a conocer a fin de mes.
Una de las tantas simplificaciones que rodean el caso es si «los chicos ricos» serán condenados por haber matado a «un chico pobre». Si habrá justicia o si el dinero, como suele suceder, garantizará la impunidad.
Mientas tanto, las audiencias son cubiertas en vivo, minuto a minuto. Los noticieros y las portadas de los medios de comunicación se colman de todo tipo de declaraciones y detalles sobre la víctima, los victimarios y sus familias. La información y las especulaciones en redes sociales abundan.
Todo se analiza: el orden en el que se sentaron los acusados, por qué se cubrieron o no el rostro con mascarillas, sus cortes de pelo, la ropa que usan en el tribunal, sus movimientos, sus expresiones faciales; las declaraciones de los testigos, las pericias.
La opinión pública está dividida.
Posiciones
Algunos exigen que los acusados sean condenados a cadena perpetua en cárceles comunes, sin reducción de pena y sin ningún tipo de privilegio. Junto con muchos otros insultos, los consideran «sicópatas» porque –es verdad- no han mostrado ningún tipo de arrepentimiento.
Otros piden empatía con ellos, aseguran que se trató de una pelea que «se les fue de las manos», que no tenían intención alguna de matar a Báez Sosa, que son víctimas de la cultura patriarcal que demanda que los varones sean «violentos». Que, de alguna manera, «representan» a la sociedad argentina.
Los mensajes de odio prevalecen. El fallo judicial no importa. La condena, el linchamiento virtual es un hecho. Basta que alguien los defienda o no se pliegue a los discursos punitivistas, para que estalle el repudio.
Le pasó, por ejemplo, a la abogada Claudia Cesaroni. «Un crimen, sobre todo cometido por varias personas contra una, es una acción brutal de parte de quienes lo cometen. Una vez sucedido, desatar una carnicería mediática y judicial sobre los autores, sobre todo si son jóvenes, es brutal y repugnante. Nadie merece una pena de 50 años», alertó cuando comenzó el juicio.
En respuesta, recibió insultos y amenazas de muerte para ella y su familia.
El tratamiento mediático también es objeto de debate. El consenso es que, si ocho jóvenes de barrios pobres hubieran matado a un joven rico, la prensa estaría promoviendo no la cadena perpetua, sino directamente la reducción de la edad penal y la pena de muerte. Ya ha ocurrido tantas veces.
La prueba de la benevolencia con la que algunos medios tratan a personas adineradas acusadas de algún crimen la dio una nota que resumió con características positivas el perfil de uno de los principales imputados que, afirmó, tenía «el sueño de ser kinesiólogo» y una «pasión por las novelas épicas».
Enseguida recibieron acusaciones masivas de querer «lavar» la imagen de «los asesinos», de haber sido sobornados por sus familias.
Otro periodista provocó una controversia al asegurar que matar y ser enjuiciado es algo que le podría pasar al hijo de cualquiera y por eso, en este caso, no se deben pedir las mismas penas que recibieron el fallecido dictador Jorge Rafael Videla o el narcotraficante Pablo Escobar.
Los comentaristas de las redes sociales fueron implacables con la desproporcionada comparación.
Las polémicas se repiten a diario, a la espera de que termine uno de los juicios más mediáticos de la historia argentina y del que ya se preparan libros, películas y series de televisión.
Te puede interesar…
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
