Pueblos originarios de Jujuy solicitaron al presidente de Argentina, Alberto Fernández, que los ayude a resolver la grave crisis política que comenzó hace un mes y que ha incluido una serie de violentas represiones ordenadas por el gobernador Gerardo Morales.
Los representantes indígenas, que viajaron a Buenos Aires desde esa provincia ubicada en el norte del país, recordaron en un comunicado que han sufrido «más de 10 represiones en distintos puntos de protesta, producto del régimen dictatorial vigente».
La ruptura de las organizaciones docentes, sociales, universitarias, sindicales e indígenas con Morales es total, ya que el gobernador no ha querido dar marcha atrás con una controvertida reforma de la Constitución provincial que criminaliza la protesta y afecta los derechos de los pueblos originarios a la posesión y explotación de sus tierras.
Tampoco ha atendido los reclamos de los docentes de educación básica que exigen incrementos salariales.
Por el contrario, la respuesta ha sido el reforzamiento de las represiones, que ya tuvieron repercusión nacional debido a su gravedad y a los pronunciamientos de organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Naciones Unidas.
El conflicto, además, impacta en el clima electoral rumbo a las presidenciales del próximo 22 de octubre, ya que, en medio del escándalo por la violencia institucional protagonizada por las fuerzas de Seguridad, Morales fue elegido como candidato a vicepresidente de la fórmula que encabeza jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien aspira a ser el candidato presidencial de la derecha.
Posiciones en Jujuy
«Hemos vivido este suceso como un hecho histórico y político», explicaron los representantes de los pueblos originarios que se reunieron con Fernández en la residencia oficial.
«Alzando las voz pusimos en conocimiento (del presidente) toda la violencia institucional ejercida de diferentes maneras por las fuerzas de seguridad de la provincia durante las manifestaciones realizadas tanto en Purmamarca, Humahuaca, Abra Pampa, La Quiaca, San Salvador de Jujuy y Perico», señalaron.
Según denunciaron, después de recorrer 250 kilómetros de manera pacífica a lo largo de una carretera, sufrieron hostigamiento, persecución y represión física y psicológica con balas de gomas, gases lacrimógenos, cachiporras y piedras.
«Mencionamos que somos comunidades originarias independientes, autónomas y no respondemos a organizaciones sociales, políticas u otras; haciendo ejercicio pleno del derecho a la libre expresión», precisaron.
En respuesta, señalaron, el presidente les prometió que el Ministerio de Justicia evaluará junto con un equipo jurídico la reforma constitucional de Jujuy, ya que se contrapone a la esencia y espíritu de la Constitución Nacional.
Además, Fernández explicó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ya denunció penalmente a Morales «por la arbitraria violencia ejercida hacia el pueblo jujeño» y «manifestó enérgicamente el compromiso con la lucha de los pueblos originarios reconociendo la preexistencia al estado argentino».
Raúl Choquevilca, uno de los líderes que participó en la reunión, señaló que se fueron con la esperanza de que se pueda pelear en el plano legal para derogar la nueva Constitución.
«Hay muchos argumentos a favor, mayormente desde lo que compete a las comunidades indígenas. El gobierno provincial omitió flagrantemente la consulta previa, libre e informada, Fernández ordenó a sus ministerios afines, como el de Justicia, que estudien punto por punto la nueva Constitución e informen de las violaciones o cercenamiento de derechos, las falacias», dijo.
Mientras tanto, la tensión política en Jujuy continúa con protestas frente a la sede del Gobierno, cortes de rutas, paro total de docentes y reclamos para que se investiguen las denuncias de violaciones humanos cometidas durante las represiones policiales.
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