Argentina: se espera una masiva marcha en contra del fallo judicial que beneficia a genocidas

Argentina es un país que fue y es visto mundialmente como un ejemplo en la búsqueda de la Memoria, Verdad y Justicia a la hora de condenar a represores, torturadores y responsables de la última dictadura cívico-militar que tuvo lugar entre 1976 y 1983. Sin embargo, una reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia, puso a la sociedad en alerta.

El máximo órgano judicial del país, dictó la semana pasada una sentencia respecto al caso de Luis Muiña, quien fue beneficiado con el 2×1 en su pena. Muiña es un genocida condenado por fallo firme por un delito de lesa humanidad que forma parte del juicio por la desaparición de trabajadores del Hospital Posadas el 28 de marzo de 1976, dos días después de consumado el golpe de Estado en el país.

¿Qué es el beneficio «2 x 1»?

La ley argentina 24.390, conocida como el beneficio 2×1, permite computar doblemente -a partir del segundo año de detención- los días que los acusados de delitos pasaron en prisión sin sentencia firme. Esta ley había sido derogada en el año 2001, y solo estuvo vigente desde 1994 a esa fecha, pero sienta un antecedente y un retroceso en la jurisprudencia argentina para volver a aplicarse a las condenas de lesa humanidad, gracias al fallo de los jueces que votaron a favor.

Corte Suprema Justicia de Argentina

Esta polémica decisión fue aprobada por tres de los cinco jueces que integran la Corte Suprema de Justicia en Argentina. El beneficio de este fallo podría alcanzar a centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión preventiva, dado que con este antecedente pueden obtener drásticas reducciones en sus penas, e incluso solicitar la libertad. 

Así entonces, no solo sienta un precedente para los abogados defensores de los asesinos, sino que es uno de los retrocesos más grandes en términos de juicio y castigo a los responsables del genocidio perpetrado en Argentina.

La respuesta de los organismos de Derechos Humanos en Argentina

Una vez conocida la noticia, el repudio de la sociedad, dirigentes políticos y las agrupaciones de Derechos Humanos no tardó en llegar. Miles de personas se movilizarán durante este miércoles y se prepara un documento conjunto contra los jueces del máximo tribunal que votaron a favor de la medida. Los principales oradores de la jornada serán la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la referente de Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora, Taty Almeyda, y la líder de Familiares, Lita Boitano.

Esta marcha en conjunto es una gran señal de unidad frente al panorama actual de la lucha por los DD.HH. en Argentina, donde el gobierno encabezado por Mauricio Macri muestra posturas tibias y peligrosas en relación a la condena a los genocidas. En ese sentido, distintos funcionarios y allegados han realizado polémicas declaraciones, poniendo en duda la cifra de 30.000 desaparecidos e insultando la honradez de los organismos de Derechos Humanos en Argentina.

Estela de Carlotto

Los organizadores de esta masiva marcha promueven que todos los presentes lleven un pañuelo blanco en los hombros para que, en un momento puntual del acto, lo alcen al aire y se lo coloquen en la cabeza como hacen las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo desde 1977, en señal de apoyo.

El Congreso argentino busca ponerle un límite a la impunidad

En el marco de una sesión especial que tuvo lugar este martes en la Cámara de Diputados de Argentina, fue aprobado con media sanción el proyecto que había sido consensuado durante la jornada por todos los bloques del oficialismo y la oposición para neutralizar el beneficio del 2×1 para represores. La medida se aprobó con 211 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.

El proyecto, que ahora pasará al Senado, dispone que el artículo 7 de la derogada ley 24.390, en la que se amparó el máximo tribunal judicial argentino para otorgar el cómputo del 2×1 al represor Luis Muiña, “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional”.

Sobre el final de la sesión, tal como consigna Infonews, se votó el pedido de juicio político para los tres jueces de la Corte Suprema que se pronunciaron por el beneficio para los represores, pero la iniciativa fue bloqueada por el oficialismo macrista y no obtuvo la mayoría especial que necesitaba para ser aprobada.

Por su parte, senadores del oficialismo y de la oposición acordaron celebrar este miércoles una sesión especial para debatir el proyecto de ley que limite la aplicación del 2×1 en delitos de lesa humanidad y lograr volverlo ley durante el día de hoy. Sin embargo, la ausencia de varios legisladores conspira contra la posibilidad de llevar a cabo ese plenario en el mismo momento que la marcha.

La floja respuesta del gobierno de Mauricio Macri

Luego de mostrarse a favor de la aplicación del fallo de la Corte Suprema, que benefició con el 2×1 al represor Luis Muiña, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, rechazó 6 días después esa decisión. Lo hizo a través de un comunicado de la Secretaría, en la que manifestó la oposición a un pedido del represor tucumano Carlos Trucco a ser beneficiado con la misma reducción de pena.

Cabe recordar que horas después del fallo de la Corte sobre el 2×1, Avruj fue el primer funcionario del Gobierno en referirse al tema. En ese momento, aseguró que iba a acatar la decisión del máximo tribunal. “Sostuve siempre que los Derechos Humanos son para todos. El estado de derecho y las normativas que tenemos es para ser cumplidos por todos por igual, y si los jueces consideraron que el marco legal permitía eso, tengo que respetarlo”, manifestó.

Ahora, con el repudio de la sociedad cada vez más notorio, la Secretaría de Derechos Humanos cambió su postura. Puede leerse en el comunicado: “La Secretaría considera inadmisible la solicitud por la desproporcionalidad en la aplicación de la pena violando garantías constitucionales, además de que no se puede pretender la aplicación de la Ley Penal mas Benigna (en este caso el 2×1), dado que era una Ley que no se encontraba vigente al momento que el imputado se encontraba privado de su libertad”, asegura el escrito, y remarca que según «la normativa internacional incorporada a nuestra Constitución, no pueden acogerse al beneficio que hubiera otorgado la Ley del 2×1 aquellas personas que se encuentren imputadas por delitos de Lesa Humanidad.”

Por Gustavo Yuste, desde Argentina
@gusyuste