Afortunadamente el cardenal manifestó rechazo a la agresión sexual y reconoció que se vulneran los derechos de la niña:
«Es una cosa tremenda que en nuestra sociedad una niña de 13 años sufra de esta falta a sus derechos fundamentales. Siempre hay que discutir con altura los temas y buscar las verdades desde la racionalidad y desde la dignidad de las personas, lo que eso puede ser como desarrollo social y también como desarrollo político»
Es fascinante que Ezzati señale que hay que buscar verdades desde la racionalidad, ya que los argumentos de la iglesia, desde 1989, -fecha en que se elimina la ley de aborto terapéutico que existía en Chile desde 1933- se basan exclusivamente en supremacías morales y en argumentos dogmáticos que bien pueden ser acogidos y atendidos por fieles y creyentes, pero, en un país democrático no se pueden obviar ni vulnerar los derechos fundamentales de las personas que no pertenecen a la doctrina católica.
Lo mismo sucede con la iglesia evangélica que, cada día va adquiriendo más representación dentro de la población chilena y hasta el momento son los más férreos opositores a que exista una legislación sobre el aborto terapéutico.
Ya es tiempo de que el Estado, independientemente del gobierno de turno, sea capaz de garantizar que todos somos iguales ante la ley y de que se creen las herramientas para proteger a las mujeres que somos víctimas de discriminación, de agresiones sexuales y de femicidio.
La palabra “igualdad” en Chile, no es real. A pesar de los esfuerzos de la presidenta y de ciertos sectores políticos, por poner estas discusiones en el parlamento.
Claramente las piedras de tope, para que estas políticas avancen son las iglesias y los sectores más conservadores de la derecha, representados en el parlamento por la UDI. Sin embargo existimos una cantidad importante de mujeres en la población que luchamos por nuestros derechos, que tenemos discursos críticos, que somos vulneradas por situaciones angustiosas y vejatorias, como en este caso de la niña que ha generado la polémica y que estamos siendo constantemente vulneradas por instituciones que no ofrecen soluciones ni se hacen cargo de nuestros problemas.
Es urgente que estas demandas sean atendidas y que estos proyectos dejen de dormir en el parlamento, hasta que un nuevo caso de gravedad aparece.
Chile es un estado laico de facto.
Si las iglesias no están de acuerdo con el aborto, pueden apelar a la calidad moral de sus fieles para que no los practiquen y pueden aplicar las sanciones que estimen convenientes en los casos puntuales que vayan sucediendo. Sin embargo el Estado no puede seguir en estas políticas de desamparo y de criminalización hacia las mujeres que, por ser víctimas, quedamos doblemente condenadas.
Una mujer que aborta, según la ley, Art. 344 La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será castigada con presidio menor en su grado máximo. Esto quiere decir, 3 años y un día.
En Twitter: @angelabarraza