Atentado contra CFK: ¿Cómo avanza el caso ante la justicia argentina?

A dos meses del atentado que sufrió la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, ya han sido detenidas ocho personas involucradas en dos complejas causas judiciales que investigan la organización del intento de magnicidio, complicidades y amenazas.

Sin embargo, todavía hay múltiples cabos sueltos para determinar si hubo financistas ocultos y, sobre todo, vinculaciones políticas en la operación, explica la periodista Cecilia González para RT.

La primera causa investiga el atentado en sí y la encabezan el fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti, quien ya procesó a Fernando Sabag Montiel, como autor material; su novia, Brenda Uliarte, acusada de organizar e instigar el ataque; y Gabriel Carrizo, presunto partícipe secundario.

Agustina Díaz, una amiga de Uliarte, era la cuarta procesada, pero la víspera fue beneficiada con un fallo de la Cámara Federal y será liberada.

En otro expediente, que está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y que investiga delitos de incitación a la violencia, fueron detenidos Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, miembros de la organización ultraderechista Revolución Federal que en diferentes actos públicos, chats y transmisiones online amenazaron con matar a Fernández de Kirchner, a su hijo Máximo Kirchner e incluso al presidente Alberto Fernández.

La vicepresidenta, a través de sus abogados, solicitó que los integrantes de Revolución Federal quedaran acusados como posibles partícipes del atentado, pero la jueza Capuchetti no encontró elementos de prueba y decidió que se iniciara una investigación paralela.

A pesar de que su suerte corre por dos carriles, los siete detenidos y la joven que fue liberada tienen varios lazos de unión. El principal es que Uliarte, la novia del hombre que apretó el gatillo, participó en protestas de la organización ultraderechista.

Pero lo que en verdad une a los ocho, y que se evidenció al menos en sus chats telefónicos, es su odio hacia Fernández de Kirchner y sus deseos explícitos de que muriera. 

Polarización tras el atentado

Pese a su gravedad, el intento de magnicidio quedó envuelto en las fuertes peleas políticas que arrastra Argentina desde hace más de una década, y que están centradas en la figura de Fernández de Kirchner.

Esa noche, por ejemplo, hubo líderes que no se solidarizaron con la vicepresidenta, como Patricia Bullrich y Javier Milei, dos de los precandidatos presidenciales de la ultraderecha para los comicios generales del próximo año.

Además, la prensa antikirchnerista y otros políticos opositores de inmediato lanzaron diversas teorías en un afán de minimizar el atentado. Los mensajes de desconfianza se viralizaron en las redes sociales.

Primero dijeron que el ataque no había ocurrido y que era una «puesta en escena» del Gobierno para victimizar a la vicepresidenta, justo cuando estaba en marcha uno de los principales juicios en su contra. Luego afirmaron que Sabag Montiel era «un loquito suelto» que aspiraba a sus «15 minutos de fama» y que había usado «una pistola de agua». Cuando se comprobó que había más personas implicadas, aseguraron que solo se trataba de un grupo de «lúmpenes» sin mayor trascendencia política.

El diario conservador La Nación incluso llegó al extremo de sugerir un autoatentado.

«[No sabemos] si se trata de locos sueltos o de idiotas útiles, si estamos ante fanáticos desquiciados o frente a un grupo delictivo escasamente profesional al servicio de sectores interesados en generar un particular clima o determinadas consecuencias políticas favorables a una líder política a quien la Justicia ha puesto contra las cuerdas. Nos inclinamos por esta última hipótesis», señaló el rotativo en un editorial que generó un amplio repudio del oficialismo.

Hoy, aunque ya se sabe que la pistola era real, que Sabag Montiel no actuó solo y que el ataque fue organizado por diferentes personas, los antikirchneristas siguen sin darle importancia alguna al atentado o descreyendo que en verdad ocurrió.

Mientras tanto, la investigación ha avanzado hasta revelar información que complica cada vez más un caso que, a ratos, se vuelve inverosímil.

Rarezas

Una supuesta banda de vendedores de «copitos» (algodones de azúcar), una vecina mediática, abogados ligados a políticos de derecha, activistas de ultraderecha involucrados en un sospechoso y millonario contrato con una empresa ligada al macrismo, una pareja que tuvo una inesperada aventura amorosa y un diputado que anticipó el atentado, son algunos de los personajes que han complejizado las dos causas judiciales ligadas con el atentado.

En primer lugar destaca Uliarte, la joven de 23 años que es uno de los personajes más intrigantes de esta historia. Sus chats telefónicos demuestran que instigó el crimen y que contó con el aval o complicidad de Agustina Díaz, una de sus amigas que forma parte del grupo de cuatro procesados por el intento de magnicidio.

Los otros dos procesados son el novio de Uliarte, Fernando Sabag Montiel, quien además ya enfrenta una investigación por pedofilia; y Nicolás Carrizo, supuesto líder del grupo de vendedores ambulantes de «copitos», del que formaba parte la joven. 

El mes pasado se descubrió que, apenas un mes antes del atentado, Uliarte sostuvo una aventura amorosa con Eduardo Prestofelippo, un youtuber conocido como ‘El Presto’ que se hizo famoso gracias a sus insultos y discursos de odio en contra de Fernández de Kirchner y del Gobierno.

De hecho, ‘El Presto’ está procesado por amenazas a la vicepresidenta y ya fue condenado a 30 días de prisión domiciliaria por haber hostigado en redes sociales a la primera dama, Fabiola Yáñez.

Por otra parte, en la investigación están Brenda Salva y Gastón Marano, los abogados de Carrizo que luego se descubrió que también eran asesores de la diputada Karina Bachey y el senador Ignacio Torres, militantes del partido del expresidente Mauricio Macri. El escándalo provocó que los echaran de sus cargos.

Otro personaje es Ximena de Tezanos Pinto, una ama de casa que vive justo en el piso de arriba al departamento de Fernández de Kirchner, que es defensora de la última dictadura militar y que comenzó a hacerse famosa por colgar banderas o mensajes en contra de la vicepresidenta, lo que atrajo el interés de la prensa antikirchnerista.

Luego del atentado, se descubrió que Tezanos Pinto alquilaba habitaciones en su casa y que una de sus inquilinas era Gladys Egui, abogada de Leonardo Sosa y Gastón Guerra, los líderes de la organización ultraderechista Revolución Federal que hoy están detenidos en la causa paralela por amenazas a la vicepresidenta.

Cuatro días antes del intento de magnicidio, incluso estuvieron en su casa y publicaron fotos en su balcón.

Lazos extraños

En la causa por amenazas destaca el líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, un joven que se hizo famoso cuando llevó una guillotina de madera a una marcha en Plaza de Mayo, en la que proponía ejecutar a Fernández de Kirchner.

Poco antes de ser detenido, se descubrió que Morel había recibido 13 millones de pesos (poco más de 800.000 dólares) por parte de la empresa Caputo Hermanos, supuestamente por el pago de unos trabajos de carpintería. La compañía es propiedad de Rosana y Flavio Caputo, quienes a su vez son hermanos de Luis Caputo, exministro de Finanzas de Macri.

Además, los tres son primos de Nicolás Caputo, a quien Macri considera como su «hermano del alma». Desde el oficialismo sospechan que la familia Caputo financió el atentado a Fernández de Kirchner, pero hasta ahora no hay pruebas de ello.

Dos semanas antes del atentado, el diputado macrista Gerardo Milman presentó un proyecto en el que le pedía al presidente información sobre las medidas que estaban tomando para prevenir la violencia en el país.

«No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla«, escribió en una iniciativa que resultó ser una premonición.

Esta semana, el diario Página 12 reveló que hay un testigo que, en la noche del atentado, le escribió al diputado oficialista Marcos Clerici: «Ayer cuando salí de tu oficina fui con mi cuñado a comer a Casablanca. Al lado mío estaba Milman con dos pibas y graciosamente decía: cuando la maten yo estoy camino a la costa y se mataban de risa».

Cuando intentaron asesinar a la vicepresidenta, Milman efectivamente se había ido a la playa. Ahora tendrá que declarar ante la justicia si sabía de antemano que ocurriría un atentado.

Te puede interesar…

Los asuntos que abordaron Petro y Maduro en su primer encuentro oficial en Caracas

Lula y los grandes desafíos que le esperan para su inédito tercer mandato en Brasil