Aún con avances, lucha por derechos de las mujeres todavía va a recorrer largo camino

América Latina y el Caribe tienen hoy una población femenina estimada en más de 302 millones de personas, según datos de la Comisión Económica para América Latina y Caribe (Cepal), número superior a los 294.596 hombres. A pesar de ser mayoría numérica, las mujeres continúan siendo parte de la minoría política y social. ¿Por qué motivos? ¿Cómo los movimientos feministas de la región actúan para superar este cuadro de situación? ¿Qué desafíos enfrentan y cuáles son las conquistas que están alcanzando?

Femenicidio, violencia doméstica, negación de derechos sexuales y reproductivos y de participación en los espacios de poder constituyen el panorama de los principales desafíos que enfrentan las latinoamericanas. Por otro lado, con mucha creatividad y tenacidad, los movimientos feministas resisten desde hace muchas décadas, y recogen algunos laureles en esa lucha.

Para la coordinadora de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil, Nalu Faria, hay muchas conquistas para celebrar. «Consolidación de un marco que reconoce varios derechos de las mujeres, igualdad de género, efectivización de algunos derechos, fortalecimiento del protagonismo, de espacios de empoderamiento de las mujeres, compartidos por organizaciones civiles y por el Estado. Tenemos la consolidación de un sujeto político, las mujeres”, enumera.

Entre los desafíos, Nalu también incluye muchos puntos, como la dificultad de insertar las agendas feministas en el debate de la sociedad y de los gobiernos, así como los límites organizativos del propio movimiento. «Los movimientos de mujeres tienen una pauta amplia y enfrentan cierta dispersión. Tenemos el desafío de una articulación más amplia, aprovechando oportunidades para realizar una disputa no sólo por nuevas políticas, sino también por nuevos valores en la sociedad”, puntualiza.

Sin embargo, como principal obstáculo la activista cita la garantía amplia de los derechos, que, enfatiza: sólo llegará si hay cambios estructurales. «Hemos conseguido derechos, pero ellos no llegan a todas o el sistema modifica las características. Por ejemplo, derecho a trabajo e ingreso, inserción de las mujeres en el mercado de trabajo. Eso ocurre a costa de una sobrecarga de trabajo doméstico, en ningún momento son enviadas las cargas fiscales al Estado, es una victoria parcial”, afirma.

En Ecuador, la presidenta del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, Rosí Pérez Arévalo, evalúa que 2011 fue un año de visibilización del papel de las mujeres, principalmente en la defensa de los derechos humanos y, en el contexto del país, en la lucha contra los megraproyectos de minería, que afectan fuertemente a la provincia de Azuay, en el sur de la región Andina de Ecuador.

Para 2012, las mujeres pretenden fortalecer su papel en los movimientos sociales, así como la Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM). También está en la pauta hacer frente al gobierno, que, según Rosí, está «alineado con los intereses de las grandes corporaciones extranjeras, como las empresas mineras”, persiguiendo al Frente de Mujeres con una campaña de desprestigio.

VIOLENCIA

El Salvador, Guatemala, Colombia, Honduras, República Dominicana, Bolivia, Paraguay, Panamá y México están entre las 11 primeras posiciones en las tasas de femenicidios por cada millón de mujeres, según un estudio realizado en 43 países.

En Perú, el proyecto de ley que incorporaba el femenicidio en el Código Penal fue archivado. Entre 2009 y 2010, 283 mujeres fueron víctimas de femenicidio. Hasta julio de este año, el delito ya había interrumpido la vida de otras 48 mujeres en el país, considerado uno de los tres países de América Latina con mayor índice de femenicidio. En República Dominicana, lo mismo: entre 2005 y agosto de 2009, se registraron 867 femenicidios.

¿Y qué decir de México? El Observatorio Ciudadano Nacional del Femenicidio registró, entre 2009 y junio de 2010, 1.728 femenicidios en 18 de los 31 estados de México. En Ciudad Juárez, en la frontera norte, la situación es tan grave que llamó la atención internacional: de 117 femenicidios en 2009, los delitos pasaron a 306 en 2010, o sea, casi se triplicaron.

En Guatemala, 695 mujeres fueron asesinadas en forma violenta en 2010. Contabilizando las muertes desde 2004, el número se eleva a casi 4.400 víctimas de femenicidio. La militante de la Convergencia Cívico Política de Mujeres, Carmen López, afirma que el país tomó la delantera en la experiencia de leyes específicas contra el femenicidio y creó tres tribunales especializados. Sin embargo, ella no espera que la violencia se reduzca.

«Existen varios factores, muchos de ellos son históricos, que limitan el avance hasta el cambio (de la cultura patriarcal y machista) de paradigmas sociales, especialmente la violencia en general que no ha sido posible reducir y que ahora también es mantenida por el crimen organizado”, sostiene.

En este mismo sentido, Carmen no se muestra optimista en relación con las políticas públicas más eficaces y aplicables en la cuestión de la violencia. Esto porque, en su opinión, las prioridades del nuevo gobierno serán otras. Por otro lado, espera que haya continuidad de algunas acciones que vienen siendo realizadas, aumentando el acceso de las mujeres a la justicia.

En Brasil, cinco mujeres son gravemente maltratadas por hombres cada dos minutos. Según datos del Ministerio de Salud, 10 mueren diariamente en las manos de compañeros o ex-compañeros.

Contra la violencia doméstica, el país cuenta con la Ley María da Penha, considerado uno de los instrumentos más avanzados del mundo. Desgraciadamente, la perfección de la ley tropieza con la falta de políticas públicas que estén a la altura, y de todo un aparato necesario para su aplicación. De acuerdo con la consultora del Centro Feminista de Estudios y Asesoría (CFemea), Ana Claudia Pereira, la norma trajo muchos resultados positivos, principalmente por generar una discusión en la sociedad, contribuyendo en la educación de las nuevas y antiguas generaciones.

«Se logró que la afirmación ‘en pelea de marido y mujer nadie mete la cuchara’ se convirtiera en controversia. Sin embargo, falta que la atención se traduzca de hecho en una mejora de la calidad de vida de las mujeres, ya que no hay un asesoramiento adecuado, pues cuando las mujeres van al Poder Judicial, muchas veces encuentran funcionarios prejuiciosos, no capacitados, que culpabilizan a la víctima”, explica.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

En esta temática, los movimientos feministas parecen encontrar cada vez más resistencia. Para Nalu Faria, América Latina vive un movimiento de fortalecimiento de la derecha desde mediados de la década de 1990 que impide un debate amplio, en el marco de un estado laico, sobre estas cuestiones, en especial la legalización del aborto.

Integrante de la Universidad Libre Feminista, en Brasil, Guacira César de Oliveira es taxativa. «Hubo un recrudecimiento importante en esta área”. Ella explica que el Frente Nacional contra la Criminalización de las Mujeres por la Legalización del Aborto lleva adelante la defensa de ese derecho e informa que durante la III Conferencia Nacional de Política para las Mujeres fue aprobada la recomendación de que Brasil revise la legislación que castiga el aborto, avanzando para asegurar la legalización. «Reivindicamos del Estado que ninguna mujer sea castigada, humillada o maltratada por decidir hacer un aborto o sufrir aborto espontáneo”, esclarece.

Ana Claudia denuncia que hay una gran deficiencia en el respeto de las condiciones de aborto legalizadas en el país –embarazo como consecuencia de violencia sexual o que represente un riesgo para la vida de la madre. «Si el gobierno no respeta la ley, ese debate se vuelve muy complicado. Muchas mujeres están muriendo, y eso no está en la pauta del gobierno”, alerta.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Actualmente, América Latina y el Caribe cuentan con cinco presidentas –Dilma Rousseff (Brasil); Laura Chinchilla (Costa Rica), Kamla Persad-Bisesar (Trinidad y Tobago) y Cristina Kirchner (Argentina)– y entre 2006 y 2010 Michelle Bachelet comandó Chile. Pero, ¿esta coyuntura impactó de hecho sobre la condición social de las mujeres? ¿Hay mayor acceso femenino a los espacios de poder?

En la opinión de Nalu Faria, cuando era presidente, Bachelet adoptó varias políticas orientadas hacia las mujeres, así como estaría haciéndolo Dilma en Brasil. «Pero no es una intervención con discurso feminista y libertario. Hay contradicciones: son presidentas, pero enfrentan la reacción machista y misógina. Nosotros no tenemos un lugar donde no esté establecida la disputa, y esas disputas pasan por cuestiones de género y de clase”, argumenta.

A pesar de la actuación de las presidentas, la participación de las mujeres en la política todavía es considerada por debajo del ideal. La socióloga y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés, considera que Chile sufrió un retroceso en esta cuestión durante el gobierno del actual presidente, Sebastián Piñera.

«Si en el año 2006 se alcanzó la paridad numérica (50%) en el gabinete de ministros, paridad relativa que se mantuvo hasta 2010 (40-60%), el actual gobierno cuenta solamente con un 18% de mujeres en esos cargos. Lo mismo ocurre en todas las categorías nombradas por el presidente”, se informa. Además, el proyecto de ley que asegura la representación equilibrada de mujeres y hombres en el Parlamento, enviado por Bachelet en 2007, todavía no fue puesto en la pauta. El gobierno llegó a enviar un proyecto sobre cupos, pero sufrió el rechazo de un partido de la base aliada.

Para el año que viene, la socióloga espera una mayor participación de las mujeres, pero teme que esto quede en los marcos de políticas populistas –que incluyen centralmente a las mujeres, designando muchos recursos presupuestarios para ellas– sin una real participación, inclusive con el aumento del activismo social experimentado por Chile en 2011.

Daniela Quiroz

Adital