Ayudamemoria: Breve cronología de los autoatentados en la Araucanía

Este miércoles 30 de agosto el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía de Castro, se juntó con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, para denunciar que los hechos de violencia ocurridos en el sur del país «son obra de terroristas especializados que han sido preparados en el extranjero para manifestar su oposición al sistema económico actual».

Tras el encuentro, el ex timonel de la Confederación de la Producción y Comercio -además de director del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) durante la administración de Sebastián Piñera- calificó de «dramáticos» y «angustiantes» los episodios de quema de camiones en la Región de Los Ríos. «Reconozco que no está (comprobado) y no lo va a estar nunca. Los sistemas de inteligencia lo saben pero no lo pueden decir», recalcó el dirigente, develando supuestos oscuros vínculos que también merecerían ser investigados.

Sin embargo, Ariztía de Castro olvida que desde 2014 también se vienen denunciando acciones de autoatentados a cargo de testigos protegidos del Ministerio Público y empresarios de la zona, ardides develados prontamente por  la Fiscalía de Alta Complejidad (FIAC) pero que, curiosamente, no son reseñados por los medios de comunicación que en su momento inculparon de inmediato a las comunidades mapuche, aludiendo que cerca del lugar de los hechos se hallaron panfletos, por ejemplo, en apoyo al machi Celestino Córdova.

Cronología de hechos

Por un caso que databa de 2009, y que fue denominado «Peaje Quino», en febrero de 2014 el Tribunal Oral en lo Penal de Angol absolvió por unanimidad a Luis Marileo y Patricio Queipul -hoy mártires mapuches- imputados por supuestos actos de violencia en la zona de la Araucanía y juzgados bajo la Ley Antiterrorista pese a ser menores de edad. En ese entonces Marileo y Queipul permanecieron en la cárcel de Angol durante más de un año.

Raúl Castro Antipán

En el marco de ese juicio, declaró en el mencionado tribunal Raúl Castro Antipán, testigo protegido de la Fiscalía y agente encubierto de Carabineros, quien confesó haber realizado cuatro atentados incendiarios y otros hechos calificados como terroristas, acciones realizadas con el objetivo de incriminar a varios dirigentes mapuches.

Cabe recordar que entre 2009 y 2011, con Michelle Bachelet como Presidenta, más de treinta mapuches estuvieron en prisión debido a los testimonios de Castro Antipán como «delator compensado» en el marco de la invocación de la Ley Antiterrorista.

Poco tiempo después, una investigación a cargo de Luis Arroyo, titular de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía (FIAC), dio cuenta de un delito de fraude contra seguros por un ataque incendiario ocurrido el 18 de junio de 2014 en la comuna de Vilcún. En dicha acción, un camión marca Mercedes Benz fue quemado.

Las sospechas de la comisión de un autoatentado se confirmaron tras la condena de dos primos, Hugo Esteban Castro Delgado y Oli Erly Martini Castro, luego de establecerse que ambos habían quemado un camión Mercedes Benz de su propiedad, el cual había sido trasladado hasta el sector rural de Caivico, en Padre las Casas. De acuerdo a declaraciones de los mismos condenados, Martini Castro habría acompañado en otro vehículo a Castro Delgado, procediendo luego a rociar con combustible al camión y luego prenderlo.

Oli Erly Martini Castro junto a personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI de Temuco (BIPE)

Al día siguiente, ambos realizaron una denuncia ante Carabineros, para luego comenzar los trámites para cobrar el seguro, lo que se hizo efectivo en agosto de 2014, donde la aseguradora pagó una suma que alcanzó los 15 millones 390 mil pesos. «En 15 años de Reforma Procesal Penal no había existido una investigación y una condena de esta naturaleza, es la primera vez”, afirmó el fiscal Arroyo luego que el Tribunal de Garantía confirmara una pena de tres años de privación de libertad para ambas personas.

Al parecer, el modus operandi había sido concertado por los empresarios de la zona, ya que poco tiempo después Carlos Fuentes Vásquez y Carlos Uribe Troncoso quemaron un automóvil Mercedes Benz del año 2014 para cobrar la póliza del seguro.

Alertado ya por el mañoso proceder, el fiscal de la FIAC lideró una rápida investigación que arrojó como saldo un procedimiento abreviado y la condena contra ambas personas. Las diligencias establecieron que la supuesta víctima, el mencionado Carlos Fuentes Vásquez, estudiante de derecho, se había concertado con el propietario del automóvil, el empresario chillanejo Carlos Uribe Troncoso, y que él mismo había prendido fuego a los asientos para incendiarlo y cobrar el seguro. La compañía afectada declaró la pérdida total del móvil y pagó una indemnización de $33.480.000.

Ambos fueron condenados por incendio y fraude de seguro. El Fiscal Regional de La Araucanía, Cristián Paredes, destacó que por el delito de incendio se estaba solicitando la pena de 541 días de presidio y una multa de 11 UTM, mientras que por el fraude de seguros se pedía otra pena de 61 días de presidio y pago de una multa de 21 UTM.

Impunidad empresarial

Otros casos se han difundido en los últimos años, sin condenas de por medio. El ex brigadista forestal Leonardo Espinoza reveló que en agosto de 1999, los propios brigadistas forestales incendiaron la casa patronal del Fundo Rucañanco de la Empresa Mininco para inculpar a los mapuche.

Otros testimonios, anónimos pero consignados por El Siglo Nº 972, relataban que en la empresa de seguridad Osepar, de propiedad de Pablo Iturriaga Rocangliolo, se obligaba a los guardias -que prestaban servicios en las empresas forestales- a realizar prácticas ilícitas para inculpar a los miembros de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco.

Las denuncias contra la forestal del grupo Matte volvieron a hacerse presentes en 2012. El lonko mapuche José Cariqueo, de la comunidad José Quiñon, denunció que la empresa forestal Mininco realizaba atentados incendiarios para luego responsabilizar a su pueblo. Las denuncias fueron investigadas pero nunca hubo condenas, a pesar que se comprobó que la Empresa Forestal Santa Ana Ltda. -a cargo de la vigilancia predial en Mininco, Celco, Bosques Arauco y BíoBio- era la  única responsable de la totalidad de los siniestros forestales en calidad de autor, infringiendo con ello los artículos 476, inciso 3, y 482 del Código Penal (delito de incendio)”, consignado en un informe suscrito por Roberto Muñoz Sandoval, Sargento 2º, César Muñoz Astudillo, Cabo 2º, de la sección Forestal y Ecológica del OS-5 de Carabineros de Concepción.