La mañana de este lunes la Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de Ley que castigará a quien públicamente o a través de cualquier medio apto para su difusión pública, incite directamente a la violencia física contra una persona o grupo de personas, ya sea por su raza, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género o creencias.
La iniciativa establece una pena por este delito de presidio menor en su grado mínimo -es decir, de 61 a 540 días- y una multa de 30 a 50 unidades tributarias mensuales, lo que se traduce en un pago que va de $1.400.790 a $2.334.650, aproximadamente. En caso de que el delito sea cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus labores o en razón de su cargo, la pena irá de 541 días a 3 años, y la multa será de 50 UTM.
Además, se modifica la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, para hacerlas responsables de este delito cuando sea cometido en interés de dichas personas jurídicas por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos, representantes o quienes tengan funciones de administración y supervisión.
Asimismo, se elimina la norma de la Ley de Prensa que solo castigaba con multa a quien hiciera publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad a través de cualquier medio de comunicación social.
«Una cultura de paz donde no puede haber lugar para la violencia ni el odio” es lo que busca promover la iniciativa que agrega un nuevo artículo al Código Penal, según lo expuesto por la mandataria al momento de firmar el proyecto.
En ese sentido, Bachelet calificó los «casos de agresiones, verbales, físicas o psicológicas, motivadas por el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la religión, las creencias, la cultura o la nacionalidad de la víctima” como «una afrenta para nuestras sociedades». Estas situaciones -añadió- «nos avergüenzan como grupo humano y nos convoca a trabajar para evitar que se repitan o, peor, escalen. Y esto incluye no solo impedir actos de odio y violencia, sino también el lenguaje que conduce a ellos o los naturaliza”.
La Mandataria subrayó también que en la etapa preparatoria de este proyecto, se dialogó con distintos actores relacionados, como por ejemplo representantes de las comunidades Judía y Palestina, del Colegio de Periodistas, la Asociación Nacional de la Prensa, abogados penalistas y organizaciones de la sociedad civil, para acoger sus inquietudes y planteamientos.
484 discursos de odio y 306 campañas homo/transfóbicas
El dirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, calificó la firma del proyecto como “un avance hacia la prevención de los abusos y discriminación contra los sectores históricamente postergados».
Junto con ello, Jiménez agregó que “tenemos la convicción de que los discursos racistas, homofóbicos, transfóbicos, clasistas, misóginos o xenofóbicos son el caldo de cultivo para conductas violentas que en casos extremos terminan en golpizas y asesinatos». Estos abusos -aseguró- «hoy quedan en la impunidad, pues la Ley Antidiscriminatoria sólo sanciona acciones, no discursos. De ahí la relevancia de la ley firmada hoy”.
Por último, el dirigente del Movilh detalló que sólo en el caso de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e interesexuales, desde el 2002 al 2016 han denunciado como organización 484 discursos de odio y 306 campañas homo/transfóbicas. En ese sentido, recordó lo ocurrido con el llamado Bus del Odio que recorrió la Región Metropolitana y que luego tuvo réplicas en el sur del país. «Fue un discurso de odio que llamó la atención a nivel internacional», dijo al respecto, concluyendo que «este hecho, como los anteriores, deberían con este nueva ley ser sancionados”.
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