Los diputados y diputadas de la Bancada del Partido Comunista presentaron una querella criminal en contra del Sargento Segundo Juan González Iturriaga y el Cabo primero Cristián Moraga y de todos quienes resulten responsables en como autores o cómplices del homicidio calificado del joven malabarista Francisco Martínez Romero en la ciudad de Panguipulli, durante un control preventivo de identidad.
Los parlamentarios y parlamentarias solicitaron a través de esta querella oficiar a la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, a Amnistía Chile y al Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Por otro lado, en el documento de once páginas se solicita también tomar declaraciones al General Director de Carabineros Ricardo Yáñez, al Subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, al Intendente de la Región de Los Ríos, César Asenjo y el alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, todo esto, con la finalidad de recabar todos los antecedentes que permitan acreditar que esta negligencia criminal por parte de Carabineros contra Francisco Martínez es constitutiva del delito de homicidio calificado producto de una balacera sin ninguna justificación legal.
Cabe recordar que el pasado miércoles la Corte de Apelaciones de Valdivia, en una cuestionada decisión, acogió la solicitud de la defensa del sargento segundo de Carabineros, Juan Guillermo González Iturriaga, imputado por el homicidio de Martínez.
Durante la audiencia, y por dos votos contra uno, el tribunal de alzada resolvió modificar la medida de arresto domiciliario total, por la de arraigo nacional con firma quincenal y prohibición de salida del país para el funcionario, tras considerar que hubo “legítima defensa”.
Posteriormente se pudo conocer que la ministra María Elena Llanos, quien fue una de las que votó a favor de la la solicitud de la defens, es la madre de Alejandro Bruggink Llanos, Capitán de Carabineros y Jefe de la sección OS-7 de Punta Arenas.
Incumplimiento de tratados, leyes y protocolos
Para los y las querellantes del PC, los sucesivos disparos que terminaron con la muerte del joven malabarista de 27 años, quien se encontraba desarmado, incumplen todos los tratados, leyes, protocolos y circulares que debieron normar el actuar policial.
La diputada y abogada Carmen Hertz indicó que este delito sí se trataría de un homicidio calificado “puesto que la alevosía está claramente presente en la acción de manera que los agentes se aprovecharon y crearon un estado indudable de indefensión en la víctima y esto claramente concurre en este caso. Emplearon elementos tendientes a asegurar que no hubiera ningún riesgo para ellos, dispararon a las piernas de la víctima y después directamente al pecho, se retiraron del lugar y ni siquiera se preocuparon de conocer el estado de la víctima”.
“No tenemos confianza por así decirlo en lo que está ocurriendo a nivel de la Corte de Apelaciones en que como todo Chile sabe, se calificó este homicidio como legítima defensa y como medida cautelar se le dio al carabinero una firma quincenal, lo cual a nuestro juicio es totalmente improcedente, ya que de acuerdo a informaciones de prensa, la presidenta de la Sala es madre de un funcionario del GOPE de Punta Arenas por lo cual debió obviamente inhabilitarse, cuestión que no hizo”, agregó Carmen Hertz.
Por su parte, el diputado Boris Barrera agregó que “tenemos la convicción -y eso es lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo- de que este gobierno de Sebastián Piñera viola los derechos humanos. La policía mata a una persona no porque se quiera defender, sino porque él puede hacerlo, porque han vivido todo este tiempo bajo un manto de impunidad que hace que ellos puedan actuar de esa manera, por lo tanto, creemos que es urgente y necesario, actuar frente a estos hechos”.
El parlamentario se refirió a los distintos casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por las policías desde el estallido social, calificándolas como “una masacre”.
“Nosotros que defendemos la vida y los derechos humanos, creemos que tenemos la obligación de hacer todo lo que esté en nuestras manos para frenar esta masacre y todas estas violaciones a los derechos humanos que ha cometido el régimen de Sebastián Piñera durante todo este tiempo y que se ha acentuado desde el estallido social”, puntualizó.
Los y las firmantes en la querella, solicitaron la designación de un fiscal exclusivo para la investigación de estos graves hechos que han consternado a la opinión pública.
Suspensión del control preventivo de identidad a menores
La bancada de diputadas y diputados del PC solicitó el viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se otorgue una medida cautelar en beneficio de los y las menores entre los 14 y 18 años para que se ordene al Estado abstenerse de utilizar el control preventivo de identidad.
Los y las parlamentarias indicaron que no se están cumpliendo los estándares internacionales en la materia, así como tampoco las recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos, por lo que existe un riesgo que tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones en el contexto de la realización de estos controles de identidad, actúen con discrecionalidad y cometan excesos que puedan vulnerar las garantías fundamentales, entre ellas, la vida de menores de edad.
El documento presentado por la bancada comunista al organismo internacional plantea que existe una flagrante, evidente y completa violación a los Derechos Humanos en lo concerniente a la aplicación de los controles preventivos de identidad.
Camila Vallejo, jefa de la bancada PC se refirió a la necesidad de proteger a la población con esta medida cautelar mientras se avanza en paralelo en lograr la derogación de esta ley en el parlamento.
“Creemos que estos dos caminos se pueden trabajar de manera paralela porque es urgente resolver cómo proteger a la población ante este medida, esta herramienta que le permitió a carabineros de Chile actuar a discrecionalidad, basados en el prejuicio y que finalmente, les permite más que garantizar seguridad a las personas, traer inseguridad , es persecución, es prácticamente detención por sospecha sin ningún tipo de garantía en materia de seguridad personal y libertad de las personas, por eso consideramos que esto debe ser recogido por la Comisión Interamericana esperamos cuanto antes y también esperamos que en el Congreso el proyecto que busca derogar esta ley sea tramitado y votado cuanto antes”, afirmó.
Por su parte, la diputada Carmen Hertz sostuvo que esta medida se fundamenta en “la forma en que el control de identidad se implementa en los menores entre 14 y 18 años de facto, la forma en que carabineros lo hace y discrimina este instrumento está transgrediendo todas las normas del derecho internacional de los derechos humanos sobre libertad personal y seguridad de las personas”.
Hertz insistió en la responsabilidad de Carabineros en las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos principalmente, durante el estallido social, donde el control de identidad se realiza de forma arbitraria a menores de edad por su condición socio económica y política, sin perjuicio que la ley 20.931 debe derogarse y el Senado, rechazar la ampliación de edad propuesta por Sebastián Piñera.
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
