Boric en la mira: Investigan uso de dinero fiscal en su defensa por compra de casa de Allende

El presidente de la República, Gabriel Boric, se encuentra en la mira de la justicia, luego de que la Fiscalía Regional de Coquimbo activara una investigación tras admitir una nueva querella interpuesta en su contra, relacionada con la fallida compra de la casa de Salvador Allende por parte del Estado, con el fin de convertirla en un museo.

La acción legal fue ingresada el pasado 22 de enero ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago por la Fundación Fuerza Ciudadana y acusa malversación de caudales públicos por parte del jefe de Estado debido a un contrato millonario firmado con el abogado Jonatan Valenzuela.

El acuerdo, que supera los $13 millones, fue establecido para que Valenzuela representara al mandatario en la investigación relacionada con la fallida operación de compraventa de la casa del expresidente Allende.

En concreto, el ente persecutor acogió diligencias solicitadas por el abogado Raimundo Palamara, quien representa a la Fundación Fuerza Ciudadana, quien entre otras cuestiones requirió se oficie al Gobierno a fin de que acompañe la resolución que sustentó la contratación vía trato del profesional por la millonaria suma, “y toda la documentación que sirvió de antecedente para dicho decreto, así como para que informe sobre el pago al defensor penal privado”, consignó La Tercera.

Desde el Ministerio Público también evalúan la posibilidad de citar a declarar al presidente Boric y a su abogado defensor. Además de examinar su teléfono celular y una seire de documentos.

Sin embargo, desde la Fiscalía señalaron que antes de tomar estas decisiones, previamente recabarán más antecedentes sobre el caso.

Además, descartaron que esta indagatoria se agrupara con la referente al presunto fraude al Fisco en la fallida compra de la casa de Allende.

¿Malversación de caudales públicos?

Ante este escenario, Raimundo Palamara, líder de la Fundación Fuerza Ciudadana y querellante en este caso, planteó que el hecho de que el Gobierno haya utilizado recursos públicos para financiar la defensa privada del presidente Boric constituye- a su juicio- un delito de malversación de caudales públicos.

“Lo que hizo Presidencia, particularmente el Presidente Gabriel Boric, de atreverse a recurrir al presupuesto general para costear su defensa penal privada configura el delito de malversación de caudales públicos, por lo que se encuentra penado por la Ley. Si el mismo Gobierno parte reconociendo que fue un error comprarle la casa a su ministra y su tía, quien a la sazón es senadora de la República, reconocen que no fue un acto que se encuentre legitimado por el derecho, de lo contrario hubieren insistido con la transferencia del inmueble, y no lo hicieron”, afirmó en declaraciones ofecidas a La Tercera.

“Por donde se mire aquí se incurrió en un delito que es necesario esclarecer lo antes posible, para lo cual es necesario que el fiscal cuente con todos los antecedentes, entre ellos la información de la Resolución Presidencial N° 75 junto a los documentos que le sirvieron de base para realizar el acto que mediante la querella se reprocha como delictual, quedando expectante sobre qué sucederá con la diligencia que se le tome declaración a los imputados, tanto al Presidente Gabriel Boric como a su abogado defensor penal privado, con recursos públicos para la defensa por un delito de fraude al Fisco contra el mismo Presidente”, acotó.