«Brutalmente torturado»: Corte fija indemnización para víctima de Carabineros y la CNI en dictadura de Pinochet

La Corte de Apelaciones de Santiago fijó en $60.000.000 el monto de la indemnización que el fisco deberá pagar por concepto de daño moral, a Patricio Antonio Villablanca Pinto, quien fue «brutalmente torturado» durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En fallo unánime (causa rol 4.804-2024), la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra Sandra Araya, el ministro Matías de la Noi y la abogada (i) Renée Rivero– confirmó la sentencia impugnada, que había sido dictada por el Primer Juzgado Civil de Santiago en enero de 2024, «con declaración que se ajusta el monto indemnizatorio en proporción al daño acreditado».

Patricio Antonio Villablanca Pinto fue detenido y sometido a torturas por efectivos de Carabineros y agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), en noviembre de 1984; y vuelto a detener y torturado en julio y octubre de 1986.

«Brutalmente torturado»

En su dictamen, la Corte de Apelaciones determinó que el entonces joven de 27 años de edad, fue víctima de detenciones ilegales durante las cuales fue brutalmente torturado tanto física como psicológicamente por sus captores agentes del Estado de Chile, «figurando en el N° 26.372 de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura».

«De acuerdo a los hechos que el Fisco demandado no controvirtió y que tuvieron lugar desde el 27 de noviembre de 1984 y hasta aproximadamente dos meses después, luego durante unas horas del día 17 de julio de 1986 y, finalmente, por un período no determinado de días a partir del 7 de octubre del mismo año, con consecuencias consistentes principalmente en un grave daño a nivel psicológico, con trastornos del sueño, pesadillas, cambios de humor, angustia y labilidad emocional, que motivaron varias atenciones en las que presentó sintomatología que correspondería a un trastorno de estrés postraumático agravado por la tortura; todo lo cual permite presumir la afectación que ha padecido”, señaló la resolución.

Tras evaluar los antecedentes del caso, el tribunal de alzada, decidió que la indemnización fijada en primera instancia debía ser disminuida.

«En tales condiciones, se estima razonable regular esa indemnización en la suma de sesenta millones de pesos ($60.000.000)», ordenó.

 Ver fallo dela Corte de Apelaciones