El Comité por la Justicia para Manuel Gutiérrez Reinoso, junto a la familia del menor asesinado en agosto pasado por el ex suboficial de Carabineros Miguel Millacura, exigen la aprobación del proyecto de ley que permitiría que la justicia ordinaria y no militar juzgue a efectivos policiales que cometieron delitos en actos de servicio.
El próximo domingo 25 de marzo, se cumplen siete meses desde que el entonces suboficial de Carabineros Miguel Millacura, disparó al menor de 16 años, Manuel Gutiérrez Reinoso, causándole la muerte.
La noche del 25 de agosto de 2011, hacia el final del paro de dos días convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en apoyo a las movilizaciones estudiantiles, el adolescente de 16 años de la villa Jaime Eyzaguirre, Manuel pidió permiso a sus padres para llevar a Gerson, su hermano minusválido, a presenciar los acontecimientos de protesta que a esa hora se desarrollaban bajo la pasarela que conecta las comunas de Macul y Peñalolén.
Jacqueline, hermana de Gerson y Manuel, cuenta que ambos salieron alrededor de las 23.00 horas para ir a mirar la protesta, ubicándose en la caletera poniente, a 70 metros de la pasarela. En eso, escuchan tres disparos, y Manuel grita “me dieron”, y cae al suelo.
Luego de la confusión inicial que establecía que los disparos vinieron desde un vehículo policial, la reconstrucción de los hechos, demostró que el entonces suboficial de Carabineros, Miguel Millacura, se ubicó en la caletera oriente, a 93 metros de donde estaba Manuel, a quien alcanzó con uno de los tres disparos realizados por ex funcionario policial.
Millacura en reconstitución de la escena.
Ahora, a cinco meses del asesinato, la familia y el Comité por la Justicia para Manuel Gutiérrez Reinoso, persisten en la exigencia de prisión –mientras se haga la investigación- para Miguel Millacura.
Además, exigen la aprobación de la iniciativa legislativa que permitiría que los juicios aplicados a carabineros en actos de servicio, pasen de la justicia militar a la justicia ordinaria, dado que la primera no ofrece garantías para alcanzar la justicia, como se ha comprobado en numerosos casos.
En consecuencia, el comité y la familia de Gutiérrez, argumentan que a propósito del caso de Manuel, “es necesario hacer cambios institucionales” a la justicia chilena.
“En la justicia militar son pares juzgando a pares y ahí se viola un principio de imparcialidad. Es por esto que tiene que haber un sólo sistema judicial que abarque a todos los ciudadanos, uniformados o no”, establece Miguel Fonseca, coordinador del Comité por la Justicia para Manuel Gutiérrez.
El comité, recuerda además, que Carabineros no depende del Ministerio de Defensa, sino del Ministerio del Interior, lo que se constituye como una contradicción para que sus acciones se evalúen bajo la justicia militar.
Esta propuesta de ley, fue presentada a la Corte Suprema el 19 de octubre del año pasado y se encuentra paralizado en el primer trámite constitucional desde el 28 de noviembre, lo que significa que la Corte estimó la viabilidad del mismo, pero se estancó en eso.
La autoría del proyecto corresponde a los parlamentarios Hugo Gutiérrez, Lautaro Carmona y Guillermo Tellier del Partido Comunista (PC); Osvaldo Andrade, Alfonso de Urresti, Denisse Pascal y Marcelo Díaz, del Partido Socialista (PS); Enrique Jaramillo, del Partido por la Democracia (PPD); Alberto Robles del Partido Radical Social Demócrata (PRSD); y René Alinco, Independiente.
“Creemos que hoy, esta jurisdicción militar es una fuente de impunidad, asegura que los policías pueden arremeter en contra de la población civil y se le va a garantizar penalidades bajas o inexistentes. El sentido de igualdad ante la ley se rompe y es preciso para el futuro democrático de este país, que este tribunal termine”, comenta Hugo Gutiérrez, parlamentario del PC y precursor del proyecto.
Felipe Ramírez, secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), institución que adhiere a la propuesta legislativa, establece que la misma trasciende al caso de Manuel Gutiérrez, puesto que la violencia se ejecuta en diversos sectores.
“Lo que pasó –asesinato de Manuel Gutiérrez- pudo ocurrirle a cualquiera de los miles de chilenos movilizados el año pasado. La muerte de Manuel es inseparable de la ocupación militar en Aysén, de la violencia que Carabineros ejerce en la zona de la Araucanía, y no permitiremos que el Estado enfrente a manifestantes desarmados, asesinándolos, golpeándolos, y torturándolos”, sentencia Ramírez.
José Mora, periodista del Departamento de Comunicaciones de Carabineros informó a El Ciudadano, que el personal policial no está autorizado para referirse a proyectos de ley o procesos judiciales que involucren a la institución, por lo que se desconoce la opinión sobre la iniciativa legislativa mencionada anteriormente. Mora confirmó además que Millacura fue dado de baja de la institución.
“No tenemos ninguna opinión sobre el proyecto de ley previo, Carabineros estará obligado a acatar la ley”, contó.
Finalmente, el coordinador del Comité por la Justicia para Manuel Gutiérrez Reinoso, hizo un llamado a toda la ciudadanía y movimientos sociales a exigir que esta iniciativa legislativa se tome en cuenta.
“Llamamos a que esta petición sea transversal, que todos los petitorios de los movimientos sociales agreguen esta exigencia, puesto que el Estado le da un cheque en blanco a Carabineros, porque sus actos no serán juzgados como delitos”, comenta.
Por Francisca Salinas Fernández
Foto: www.demotix.com
El Ciudadano
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