En el Congreso de Puebla fueron presentadas distintas iniciativas para impedir que personas sentenciadas por violencia familiar, de género y deudores de pensión alimentarios puedan asumir un cargo público o puedan competir en elección a cargos popular.
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Son dos los proyectos de reforma que busca modificar la Constitución local para negar la participación de agresores en cargos públicos y suspender su derecho a ser votado, si fue condenado por dichos delitos.
Las iniciativas son impulsadas por diputados de Morena y el Partido del Trabajo (PT), ambas replican la propuesta conocida como «Ley 3 de 3», que se discute en el Congreso de la Unión. De esta manera, quienes sean condensados no podrán ser diputados, gobernador o magistrado.
Los derechos de la ciudadanía para ser votado serán suspendidos por sentencia firme por delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y el normal desarrollo psicosexual.
Lo anterior también aplicará en caso de que se acredite violencia familiar, violación a la intimidad sexual, violencia política de género y que la persona sea deudor alimentario.
La propuesta indica que se creará un padrón de deudores de pensión alimentaria, para inhabilitar a los morosos de cargos público, pues solo podrán salir de este registro tras cubrir sus obligaciones.
Ambas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio.
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Foto: Agencia Enfoque
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