Calle Serrano a cuatro años de la explosión: Justicia en fuga

El pasado 25 de mayo, las empresas Chilquinta y GasValpo se pusieron en el lugar del cliente.

Sentadas en la silla de los que han solicitado una disminución de su deuda, recibieron aquella respuesta que ellos acostumbran sólo a dar. Con un rotundo “No”, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) rechazó la petición de ambas empresas de que les fuera rebajada la multa de 700 millones de pesos que en 2008 les exigió la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), por su responsabilidad en la explosión de calle Serrano, de Valparaíso, ocurrida un año antes.

El 3 de febrero de 2007, en un subterráneo donde convivían silenciosamente irregulares conexiones de electricidad con cañerías de gas –pertenecientes a Chilquinta y GasValpo, respectivamente-, se produjo una fuga desde estas últimas que terminó en tragedia. El hecho dejó cuatro muertos, 17 personas heridas, 72 locales comerciales sin otro destino que cerrar y cuatro edificios destruidos.

Desde entonces, a los familiares de los muertos se les reparó sólo económicamente, pues no hubo juicio penal contra los responsables. En el edificio donde se produjo la fatídica explosión, han alojado indigentes, estacionado ilegalmente automóviles y no existe nada más que una pandereta como mezquino memorial.

Este año, cuando el actual alcalde se decidió por fin a demandarlas por los daños producidos a la ciudad, Valparaíso se enteró de algo que muy pocos sabían en el puerto.

VIVOS

En enero de 2008, el Ministerio Público logró un acuerdo reparatorio entre las empresas y las familias de los cuatro fallecidos, y fueron indemnizadas por un monto de 900 millones de pesos. Lo anterior, además de impedir realizarles un juicio oral a los dos trabajadores de Chilquinta y GasValpo, formalizados por cuasidelito de homicidio y lesiones, se tradujo en que un gran número de afectados sobrevivientes no fueron reconocidos como víctimas por la Fiscalía.

La noche de la explosión Zunilda Saavedra, afortunadamente, no durmió en el departamento que arrendaba en Serrano. Sin embargo, el fuego se llevó sus enseres y útiles de trabajo. “Todo el capital lo había adquirido con mi propio esfuerzo, jamás le pedí nada a nadie. Soy soltera, viví mi vida para tener algo en mi vejez, pero ahí se truncó todo”, relata esta mujer tejedora de 82 años, la afectada de mayor edad que hoy es parte en el juicio de indemnización de perjuicios en contra de Chilquinta y GasValpo.

En total, los demandantes son cerca de cien víctimas no fatales del siniestro, otrora residentes, propietarios o comerciantes del sector, quienes esa noche perdieron absolutamente todo. A Iván Durán (56) el siniestro lo dejó sin su ciber café y sin la totalidad de la maquinaria de la empresa con la que prestaba servicios a la Armada; tuvo que despedir a toda la gente que trabajaba con él. Además, Durán es uno de los accidentados más graves. Lleva un año operado de la columna, perdió sensibilidad en las piernas y cayó a una silla de ruedas. “Debí conseguirme dinero con otras personas para sobrevivir”, cuenta, y se queja contra Chilquinta y GasValpo: “Las empresas son indolentes e irresponsables. Pasaron cuatro años y jamás tuvimos una conversación”.

SIN FECHA DE CORTE

De hecho, esa primera instancia para llegar a un acuerdo se produjo recién el 28 de enero de este año en la Audiencia de Conciliación del Juicio de Indemnización, realizada en el 4º Juzgado Civil de Valparaíso. En ella, los 18 representados por el abogado Pablo Andueza exigían mil millones de pesos como indemnización, mientras que los 70 a cargo de su colega Winston Montes, pedían alrededor de seis mil millones de pesos. La cita, sin embargo, alcanzó a durar algo más de 10 minutos. Los abogados de ambas empresas simplemente dijeron que no tenían ningún ofrecimiento que hacer a las víctimas, por lo que se debió iniciar el juicio.

Según Pablo Andueza, la principal consecuencia -además de la rabia que genera en los afectados el desinterés de las empresas por asumir su responsabilidad- es que en el tiempo se van diluyendo las posibilidades de reparación de muchos de ellos. “La mayor parte de las víctimas son personas de edad y lo que corresponde es que en vida puedan gozar de esta compensación que en alguna medida va a reparar el enorme daño causado por la explosión”, enfatizó el abogado. Las víctimas ni siquiera han obtenido una explicación informal a sus exigencias, pues consultados por las razones de su decisión, tanto las empresas como sus litigantes han optado por no referirse al caso mientras este se encuentre en manos de la justicia.

EL SALDO ANTERIOR

La conmemoración del cuarto aniversario de la explosión reactivó en febrero otro foco de polémica, relacionado con la pasividad de la municipalidad porteña que nunca se hizo parte en las demandas contra las empresas responsables. “Nunca entendimos por qué, luego que se hizo un daño tan grande al patrimonio y a la ciudad de Valparaíso, ni el municipio ni la Intendencia ni la Gobernación se habían hecho parte con querellas por este hecho”, ha expuesto Moisés Gutiérrez, representante de los comerciantes del sector.

Por entonces era alcalde de Valparaíso el actual diputado demócratacristiano (DC), Aldo Cornejo, quien hoy continúa defendiendo su posición. “No teníamos legitimación procesal para poder demandar a alguien porque la Municipalidad, como tal, no había resultado afectada. Los que tenían que demandar eran los que habían resultado con víctimas fatales, con daños en sus propiedades o que tenían pérdidas patrimoniales importantes, que habían dejado de ganar dinero porque sus negocios estaban cerrados, etc.”

Sin embargo, a fines de enero de este año ese escenario cambió. El actual alcalde, Jorge Castro (UDI), decidió demandar a Chilquinta y GasValpo por cerca de 1.329 millones de pesos, cantidad que según explica el fiscal del municipio porteño, Vladimir Mondaca, se desglosaría en gastos absorbidos por la municipalidad en maquinarias, vehículos, combustible y personas ($24.090.040); asistencia a los albergados ($25.600.000); reparación de la subida Castillo ($49.500.000); y demolición y recuperación del edificio Subercaseaux ($230.000.000), entre otros ítems.

El cuestionamiento de Cornejo a esta demanda no se hizo esperar y se centró básicamente en este último punto. “Se cometen errores graves. Por ejemplo, se pide que se devuelvan las platas que se gastaron en el apuntalamiento del edificio Subercaseaux y todos sabemos que eso lo pagó el Ministerio del Interior. Entonces la demanda es bastante discutible desde el punto de vista de su contenido”, dice. Por su parte, Vladimir Mondaca responde a ello explicando que al ser la Municipalidad quien solicitó los recursos a la Subdere (dependiente del Ministerio de Interior), tiene legitimidad para cobrar dicha deuda a los responsables de la explosión y así evitar que el fisco de Chile pierda esos recursos. Y agrega: “Cuando recaudemos esos recursos, deben ser restituidos”, señala.

Pero lo cierto es que el ítem en cuestión alcanza aproximadamente sólo a un sexto del total exigido por la actual administración municipal, pues la mayor parte tiene que ver con el “gran perjuicio en su imagen como Patrimonio de la Humanidad” que sufrió Valparaíso, según el fiscal Mondaca, estimado en $700 millones, y los llamados “daños punitivos o indemnización de sanción”, que alcanzarían una cifra de $300 millones.

SECRETOS DE DOS…

Pero cuando la municipalidad de Valparaíso presentó el 28 de enero la demanda, se encontró con una respuesta tan contundente como sorpresiva: Chilquinta emitió una declaración en la que se limitó a señalar que entre ellos y el municipio de Valparaíso “no hay cuestiones pendientes derivadas de los hechos de calle Serrano, ya que en el año 2008 se llegó a un acuerdo definitivo sobre el particular, donde el alcalde de la época, otorgó el correspondiente finiquito”.

La compañía se refería a un polémico documento, fechado el 1 de septiembre de ese año, firmado por el ahora diputado Aldo Cornejo en su calidad de alcalde, y que textualmente expone que “(…) este Municipio otorga a la empresa Chilquinta Energía S.A. total, amplio y completo finiquito respecto de todos los daños sufridos por la Municipalidad de Valparaíso, producto de los hechos acaecidos el día 3 de febrero de 2007”, agregando que ésta “se desiste y renuncia a toda acción o derechos que pudieran asistirle como consecuencia de los hechos antes referidos”, y finalizando, que Chilquinta “nada le adeuda por concepto alguno”. Todo ello, sentencia el documento, como cierre a una transacción que al Municipio le reportó la suma de $12.293.192.

“Una locura”, dijo al enterarse de esto el locatario y residente afectado, Iván Durán. “Una cantidad irrisoria ante el daño patrimonial que ha tenido la ciudad”, acotó el concejal Eugenio Trincado, quien entonces ocupaba el mismo cargo en el municipio porteño. Cornejo, por su parte, defiende dicha cifra frente a los $1.300 millones aproximados de la actual demanda, argumentando que entonces le pidió “al área social y al área de operaciones de la Municipalidad que hicieran un cálculo estimativo de cuánto habíamos gastado -combustible, horas extraordinarias, alimentos, ayuda social, varios días de gente de la municipalidad trabajando, cumpliendo las tareas fuera de su horario de trabajo-, y se estimó que era esa suma”.

Sin embargo, además de la cuestionada cifra, tanto Trincado como el hoy alcalde Castro -entonces concejales ambos- suman otro elemento: Dicho finiquito no fue aprobado por el Concejo Municipal. La respuesta de Cornejo es tan extraña como el mismo documento: “No había juicio pendiente ni cosa por el estilo, no se podía estimar literalmente una transacción, que sí tiene que aprobarla el Concejo Municipal, de modo tal que no estimamos que legalmente era pertinente que lo aprobara, porque no le estábamos poniendo que era ningún litigio, ninguna controversia”.

Los dineros por el particular finiquito fueron destinados a programas de Fiestas Patrias y de Recuperación de Fachadas en Serrano, plaza Echaurren y plaza Sotomayor –solicitud hecha por la misma compañía, según Vladimir Mondaca- y sólo después de tres años salió a la luz pública. “No le asigné ninguna importancia a firmar un documento con una empresa que le devuelve una plata que había gastado a la municipalidad, no veo por qué tenía que hacerse público”, sentencia el diputado Cornejo.

No obstante, lo concreto es que, según el fiscal Mondaca, “este finiquito no tiene valor en el mundo del derecho público. La Ley Orgánica de Municipalidades dispone expresamente en su artículo 65, letra H, que cuando el alcalde quiera transigir judicial o extrajudicialmente requiere del acuerdo del Concejo. Lo anterior porque son decisiones de tanta importancia, de tanta trascendencia patrimonial para una Municipalidad, que es necesario que se ponga en conocimiento de su cuerpo colegiado. Y en este caso no se hizo así, por tanto no tiene valor legal este documento”.

EL “JUEGO” DEL FUEGO

Sin embargo, hay otra “demanda” que persiste casi silenciosamente pero que resulta tan urgente como aquellas que buscan una reparación económica: La exigencia de garantías de que no volverá a ocurrir un desastre como el de Serrano. De hecho, fue un compromiso de esa envergadura el que se les exigió a Omar Barrientos, jefe de distribución de GasValpo, y Pedro Aranda, jefe de mantención de redes subterráneas de Chilquinta, tras el acuerdo reparatorio que les permitió evadir un juicio oral tras ser formalizados por cuasidelito de homicidio y lesiones, en 2008.

“Lo que pretendemos es resarcir, en cierta parte, el interés de las víctimas y, por otra, asegurar a la ciudad de Valparaíso que se van a revisar todas las redes subterráneas, tanto de gas como de electricidad, para que un hecho de esta naturaleza no se vuelva a repetir”, aseguró entonces el fiscal Pablo Gómez.

Frente a la impunidad, entonces, lo mínimo era esperar que ambas empresas garantizaran la seguridad de los habitantes. Sin embargo, el 27 de enero de 2011, a cuatro años de la explosión, en el sector de Recreo en Viña del Mar se produjo nuevamente una fuga de gas por rompimiento de cañería. Esta pertenecía a GasValpo. Duró varias horas y generó, según testigos, grandes llamas de más de cinco metros. No hubo muertos, pero ni siquiera para los niños aquello fue un juego.

Por Daniel Labbé Yáñez