En medio de las fiestas de fin de año, pasó casi desapercibida la aprobación de la Ley del Donante Universal – a la que le resta sólo la firma de la presidenta Michelle Bachelet- la cual contempla que un individuo al fallecer se convierte automáticamente en donante de sus órganos, a menos que declare de manera escrita su voluntad de no hacerlo.
Como ya es clásico en muchos países, durante los períodos de fiestas de fin de año, se aprueban leyes draconianas, como lo fue en Estados Unidos la Ley del Acta de la Reserva Federal, organismo que al contrario de como debiera ser en un sistema democrático, funciona con total autonomía del gobierno de ese país, a pesar de que la institución financiera es responsable de regular la tasa de interés y la emisión de dinero.
En Chile, no estamos lejos de esa realidad en lo que a lesgislación se rerfiere. Sin una discusión pública y en un atentado directo contra toda noción de libertad, sólo estaría faltando la firma de la presidenta Michelle Bachelet para que comience a regir una ley que por lo bajo atenta contra la propia libertad, la libertad de culto y el derecho que cada individuo tiene sobre su propio cuerpo al fallecer.
Según el texto legal «todo individuo será considerado donante de sus órganos una vez fallecido, por el solo ministerio de la ley, a menos que en vida haya manifestado su intención o voluntad de no serlo mediante simple declaración escrita y firmada en cualquier instrumento susceptible de producir fe y por los medios establecidos en esta ley».
La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa en forma unánime, con 77 votos a favor y cuatro abstenciones. El proyecto señala además que «a falta de declaración expresa de la persona requirente de la cédula de identidad o de la licencia de conducir, se entenderá que presta su consentimiento para ser considerada donante para los fines señalados».
Ante esta nueva normativa se contempló crear un registro nacional de no donantes, lo que estaría garantizando la posibilidad de expresar un opción fente al tema. Sin embargo, aparece como algo poco probable. En el contexto en que no existe un registro de donantes, el presidente de la Corporación del Trasplante, Javier Domínguez , aseguró «dudo que vaya a existir el registro de no donantes».
«Esto significa crear una infraestructura que si durante 15 años -en que tuvimos la ley anterior- no funcionó, no veo por qué tendría que funcionar ahora. Porque la ley dice que tiene que existir, pero no da el financiamiento específico para eso», señaló Domínguez en entrevista con Radio Bío Bío de Santiago.
Por su parte los parlamentario PPD Guido Girardi y Enrique Accorsi que promocionaron esta ley aseguran que ante la nueva legislación existiría un problema de asignación de recursos, ya que sólo se asignaron US 600 mil, que serían insuficientes.
Sobre este aspecto Girardi -miembro de la Comisión de Salud del Senado y co-autor del proyecto de Ley del Donante Universal- dijo que es indispensable la inyección de recursos para su implementación. Por su parte el diputado Accorsi exigió que se invierta en educar a la población que no sólo puede donar órganos, sino también tejidos.
No se entiende por qué esta ley quiere prácticamente obligar a las donaciones de órganos, ya que según las estadísticas de la Corporación del Trasplante sólo el 30% a 35% de los familiares impide las donaciones, pero quienes en vida explicitaron su deseo de donar, en más del 90% de los casos se respeta esa voluntad.
Aún más, de acuerdo a José Luis Rojas, director médico de la Corporación del Trasplante, quien declaró a pricipios de este año , “la ley se funda en dos argumentos erróneos: querer aumentar los donantes porque esta ley funcionó en España, y disminuir el rechazo de los familiares de los potenciales donantes”.
Según Rojas, en España, si bien existe esta ley, no se ocupa, y es por medio de la Educación, que los españoles han logrado liderar a nivel mundial en materia de donación. Además, tienen un sistema nacional de salud sumamente estructurado, financiado y muy bien fiscalizado, lo que hace que la donación en los hospitales sea la prioridad.
“La solución es crear un modelo de diagnóstico hospitalario, no en todos los hospitales de Chile, sino que en una zona, que nos permita decir que, según esa realidad, se puede invertir en esto, aumentar esto otro o mejorar esta instancia. Eso nunca se ha hecho en los 20 años que llevamos con la donación de órganos”, enfatizó.
En conclusión, si bien la donación de órganos es un mecanismo que puede salvar vidas, sería bueno que los legisladores -y la propia presidenta Michelle Bachelet antes de firmar esta nueva ley-, expliquen al país por qué se pretende visar una legislación draconiana; esto es, sin discusión pública y que no garantizaría la implementación de un sistema que permita a los ciudadanos ejercer su legítima libertad a no donar.
Por Francisco Luna
El Ciudadano
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