Cárceles en manos de privados

Para nadie es desconocido que los presidios del país presentan graves problemas de hacinamiento. Numerosos programas televisivos han mostrado las indignas condiciones en las que viven aquellos que son privados de su libertad, acusados de haber cometido algún delito

Ante esta situación, desde el comienzo del gobierno del ex presidente Ricardo Lagos se empezó un camino para subsanar el déficit de infraestructura existente en el país.
En enero de 2001, el Ministerio de Justicia acordó con el de Obras Públicas la ejecución de un proyecto que, por primera vez, permitía el ingreso de capitales privados a la construcción de recintos penales. Nacía así el Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, que hoy ya está en marcha y ha dado sus primeros frutos, buenos y malos.
Según la información obtenida de los sitios web del Ministerio de Justicia y de Gendarmería, dicha iniciativa contempla la construcción de 10 nuevas cárceles, 5 de Alta Seguridad (AS) y 5 de Mediana Seguridad (MS), cada cual con una capacidad que va desde los 1.300 a los 2.000 internos. Su ejecución se está realizando en cuatro grupos, que fueron licitados desde el 2001 a diversos consorcios nacionales e internacionales. El primero de ellos, culminado en enero de este año, es el conformado por los recintos de Alto Hospicio (AS), La Serena(MS) y Rancagua (AS), adjudicados al Consorcio BAS S.A.; el segundo, por los de Concepción (AS) y Antofagasta (MS), concesionados al Consorcio BAS DOS S.A.; el tercero, por los de Santiago (AS), Valdivia (MS) y Puerto Montt (MS), otorgado al Consorcio Vinci Construction Grand Projects. Finalmente, el cuarto grupo está constituido por un segundo recinto en Santiago (AS) y otro en la VII región (MS), que desde el 2005 se encuentra llamado a licitación.
Los privados tendrán a su cargo los recintos por un plazo de 273 meses (23 años, aproximadamente) y se encargarán de su diseño, edificación y equipamiento, así como mantener su infraestructura. También deberán suministrar la alimentación, el aseo, la salud y la ejecución de programas de reinserción social y laboral para los internos. Todo por una módica suma de dinero, que será cancelada por el Fisco. Por su parte, la labor del Estado, a través de Gendarmería de Chile, se reducirá a proveer vigilancia, seguridad y administración a los nuevos recintos. Para esto, se incorporarán más de tres mil nuevos gendarmes a las tareas de custodia.
Para el gobierno, este programa significa el mayor esfuerzo que se ha realizado en la historia penitenciaria de Chile, pues implica una inversión superior a los 280 millones de dólares, que duplicará la infraestructura carcelaria existente desde 1960, sumando 370 mil metros cuadrados al sistema penitenciario y aumentando en 16 mil las plazas disponibles.
Según se espera, el programa impactará positivamente en la seguridad ciudadana, la eficiencia del sistema carcelario y en la efectiva reinserción social de los reos.

SEGURIDAD Y MODERNIDAD
La construcción de los nuevos penales no será para nada mezquina. Como ya se dijo, se invertirá un buen montón de «palos yanquis» en esta faena, que espera estar acorde con todas las normas internacionales de reclusión y no quedarse en los potreros del atraso tecnológico. La idea es impedir la infiltración de elementos prohibidos y reaccionar rápidamente ante motines y fugas.
Entre las innovaciones estructurales que tendrán las nuevas cárceles, se encuentra la segmentación de los reos en grupos, dispuestos en módulos específicos -que no superarán las 80 personas- de acuerdo a su grado de peligrosidad. Allí los internos tendrán dormitorios individuales, talleres, comedores y patios exclusivos, lo que evitará el contagio criminal entre los distintos grupos. También se implementará un sistema de control de flujos, a través de pasillos unidireccionales altamente controlados, que regularán el tráfico de personas en los días de visita. Por otra parte, poseerán un sistema de anillos de seguridad alrededor de las zonas de reclusión.
En tanto, se ha dispuesto una serie de sistemas de última generación, aplicados a la revisión de encomiendas, a la detección de metales, drogas y explosivos, a la anulación de comunicaciones inalámbricas no autorizadas, al control centralizado de puertas y al circuito cerrado de televisión.

A VALDIVIA TAMBIÉN LE TOCA
Así es. Todos hemos visto en el sector Llancahue -salida sur de la ciudad- la mega construcción que se está llevando a cabo desde el 2005. Se trata de la Cárcel Concesionada de Valdivia, que espera estar terminada y funcionando en septiembre de este año. Serán más de 27 mil metros cuadrados los que conformarán este nuevo recinto penitenciario, que será de mediana seguridad y dispondrá de capacidad para mil doscientos cuarenta y ocho reclusos.

FALENCIAS A PRIMERA HORA
Sin embargo, no todo ha sido maravillas con este ambicioso plan privatizador, pues ya se están viendo las consecuencias típicas de la relación empleado-patrón. En el recientemente inaugurado recinto de Alto Hospicio, más de 220 gendarmes comenzaron una huelga de hambre, al finalizar el mes de marzo. Señalaron desventajas frente a los internos, que al parecer ya no estarían viviendo tan indignamente gracias a este programa.
Los uniformados alegaban, principalmente, que la empresa concesionaria, BAS S.A., no les proporcionaba una alimentación suficiente ni variada para los turnos de doce horas que deben cumplir.
Es de esperar que esto no se repita en los demás penales. Sería irónico y poco grato que ahora sean también los celadores carcelarios quienes deban soportar un trato indigno.